El caso Mediador comenzó por la denuncia de un delito de estafa informática. Las transferencias bancarias fraudulentas llevaron a los agentes de la Policía Nacional hasta Marco Antonio Navarro Tacoronte, un viejo conocido de los agentes ya que había estado condenado anteriormente por múltiples delitos como estafa, robo con violencia, falsedad documental, conducir sin carnet o abandono familiar. Este hombre confesó toda la trama, donde era el nexo de unión entre la rama empresarial y política.
Los orígenes de la red se remontan a cuando el denunciante (el exdirector general de Deportes Ángel Luis Peña) manifestó ante la Policía Nacional que le habían cargado gastos desconocidos en una de sus tarjetas, que venían a nombre de Tacoronte. Los agentes citaron a declarar al 'mediador', que dijo que los gastos eran consentidos. Los investigadores solicitaron acceder a su dispositivo móvil y recogieron la información que fue clave en el caso.
Miedo a represalias
Tacoronte realizó su primera declaración ante el juez el 28 de agosto de 2022. Entregó "de forma libre y voluntaria" las conversaciones, audios y fotografías de sus dos teléfonos móviles. Buscaba colaborar con la Justicia para esclarecer los hechos delictivos. La magnitud de sus revelaciones le hacía temer por represalias, como manifestó en sede judicial. Por eso siguió ayudando a los miembros de la trama para no levantar sospechas de la investigación que estaba en curso.
El historial del 'mediador' era de sobra conocido por los agentes cuando el Juzgado de Instrucción número 4 de Santa Cruz de Tenerife incoó diligencias. Su primer hecho delictivo data del 1 de agosto de 1998 cuando fue detenido por un delito de falsedad de documentos públicos. Fue condenado a un año y 10 meses de cárcel por el Juzgado de lo Penal número 1 de Las Palmas de Gran Canaria.
Poco tiempo después, se le imputó el 5 de octubre de 2003 un delito de robo con fuerza, robo con violencia y falsificación de documento público, oficial o mercantil. En total le impuso el Juzgado de lo Penal número 2 de Puerto del Rosario una pena de dos años y seis meses de prisión que tuvo que cumplir en un recinto penitenciario.
Denunciado por delito de abandono familiar
Tacoronte también fue denunciado el 31 de octubre del año 2000 por un delito de abandono de familia. Por este asunto le impusieron una pena de 12 meses de multa por razón de seis euros al día. No llegó a abonar esta cantidad ya que se declaró insolvente. Por ello se le conmutó por una condena de seis meses de prisión en un atestado que realizó la Guardia Civil. Su historial también tiene una condena por estafa del 5 de julio de 2007 por los que cumplió seis meses de prisión, pero tampoco pagó la pena impuesto por responsabilidad civil ya que se volvió a declarar insolvente.
Varios años después, el 31 de enero de 2018 fue denunciado por la Policía Local tras conducir sin permiso de circulación. El Juzgado de los Penal número 8 de Santa Cruz de Tenerife le condenó a pagar una cuota de tres euros al día durante ocho meses. En este caso sí que abonó la cantidad requerida por la Justicia. Fue su último delito antes de entrar en la operación que lleva su apodo.
Ganaderos "acribillados" por el Seprona
Dentro de la trama Tacoronte realizaba un papel fundamental conectando los políticos y los empresarios. También contaba para ello con la colaboración del general de Guardia Civil Francisco Espinosa Navas. En uno de sus múltiples encuentros, el 'mediador' pidió ayuda al general con el Seprona. Este servicio del Instituto Armado tenía a los ganaderos "acribillados".
El 'mediador' se llegó a quejar de las cantidades que tenía que repartir. "Mira necesito que me cuentes todo y que tengo que pagar a un zumbado para que me firme el expediente", confesó. "Hazme separación de tacos de mil... Joder quinientos a este ya al final son seis, quinientos a Taishet ya son siete, es una pasada un dineral", manifestó en una conversación telefónica en la que desveló "eso es para dárselo al de Sanidad".
Expedientes de ganaderos con problemas
Uno de los trabajos de Tacoronte en la trama era buscar a ganadores "con problemas". "Consígueme expedientes que tengan problemas tío", solicitó al director general de Ganadería del Gobierno Canario, Taishet Fuentes Gutiérrez. Éste lo rechazó ya que los empresarios a los que buscaban extorsionar eran escogidos por él mismo y no accedió a estos requerimientos.
El caso 'Mediador' que salpica al exdiputado canario del PSOE Juan Bernardo Fuentes Curbelo puso en peligro la "credibilidad democrática" de algunas instituciones del Estado, según la Policía. Los agentes sostienen que se está ante una presunta "red criminal" que ha creado una "grave alarma social en todos los niveles" y ello pese a que solo se conoce "la punta del iceberg".
El organigrama de 'Mediador'
Con el avance de las diligencias, la Policía determinó el rol de cada uno de los imputados diferenciando la rama política de la empresarial. La primera de ellas la lidera el exdiputado del PSOE. De él dice que es uno de los líderes de la organización criminal que se benefició de su condición de parlamentario para obtener dádivas de los empresarios. Al frente se encontraba también su sobrino, Taishet Fuentes, a la postre Director General de Ganadería de Canarias y Marco Antonio Navarro Tacoronte.
En un segundo escalafón de la red se encontraba el general de la Guardia Civil Francisco Espinosa Navas. La Policía sostiene que el alto mando llegó a llevar empresarios a la Dirección General de la Guardia Civil en Guzmán el Bueno para ofrecer imagen de seriedad y ganarse su confianza. En el tercero y último se encontraban los empresarios que pagaron el 'peaje' a los imputados para resolver sus problemas con la Administración y acceder a subvenciones.
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