Uno de los empresarios implicados en el pelotazo de las mascarillas ya tiene abogado defensor. Alberto Luceño, que está bajo el foco de la Justicia tras cobrar comisiones de cinco millones de dólares por el contrato al Ayuntamiento de Madrid, ha confiado su defensa al reconocido despacho Cuatrecasas. El empresario, citado a declarar el próximo 25 de abril junto con Luis Medina, ya ha comunicado al juzgado que su abogado defensor será Alfredo Domínguez Ruiz-Huerta, según confirman fuentes jurídicas a Vozpópuli.
El socio de Cuatrecasas lidera el área de Corporate Compliance del reconocido bufete y asesora a importantes empresas por los riesgos de comisión de delito desde la reforma del Código Penal en 2010 que permite la imputación de personas jurídicas. También es profesor de Derecho Penal en la Fundación Universitaria San Pablo CEU y en el Máster de Acceso a la Abogacía de la Unidad Autónoma de Madrid.
De esta forma Luceño recurre a uno de los despachos más importantes de España para preparar su comparecencia del 25 de abril. Ese día declarará como imputado junto con Luis Medina por el contrato de las mascarillas. La citación se acordó el pasado viernes, apenas 24 horas después de que el magistrado Adolfo Carretero admitiera a trámite la querella de la Fiscalía Anticorrupción contra los dos empresarios por su intermediación para suministrar material sanitario al Ayuntamiento de Madrid en lo peor de la pandemia.
Cuenta atrás para la cita judicial
El titular del Juzgado de Instrucción número 47 ha accedido a investigar la querella del Ministerio Público que se presentó en Plaza Castilla contra Luceño y Medina por los delitos de estafa, falsedad documental y blanqueo de capitales. Desde el estallido del caso la pasada semana, el hijo de Naty Abascal ha concedido declaraciones en prensa manifestando que no ha cometido irregularidad alguna por el cobro de un millón de dólares con esta gestión. Luceño, por su parte, guarda silencio.
Este empresario -cuyo nombre aparece en el caso Púnica como apoderado de una de las empresas implicadas en la trama- asumió en primera persona las negociaciones con el consistorio madrileño tras la mediación inicial de Luis Medina. El empresario se presentó como agente exclusivo de una empresa malaya a través de la cual se iban a importar mascarillas, guantes y test covid. El contrato se cerró por 11 millones de dólares, de los cuáles Luceño percibió cinco millones en comisiones y Luis Medina uno.
En su cita ante el juez Luceño tendrá que pronunciarse no solo por el cobro de estas cuantías, sino también por el estado de algunos de los productos suministrados (los guantes que recibió el Ayuntamiento eran de "ínfima calidad" y 60.000 de los 250.000 test estaban defectuosos). Del mismo modo, la Fiscalía incluye en su querella delito de falsedad documental en relación a los papeles que presentó Luceño cuando transfirió las comisiones a un banco de España para justificar la naturaleza de los fondos.
Las bazas de los imputados
Según el Ministerio Público, este empresario aportó una documental falsificada que vendría a cuestionar su papel como agente exclusivo de la empresa malaya que suministró las mascarillas, así como que actuase movido por ninguna intención altruista aquel marzo de 2020, en pleno auge del coronavirus. El magistrado al frente de las pesquisas también le interrogará en relación a las comisiones que percibió y a las sospechas de Anticorrupción de que desvió partidas para su beneficio a espaldas de Medina.
Frente a esto, los imputados declararán en sede judicial que cumplieron estrictamente lo estipulado en el contrato que se firmó para el suministro de un millón de mascarillas, 2,5 millones de guantes de nitrilo y 250.000 test rápidos. No obstante, la Fiscalía sostiene que la calidad era tan mala en lo que respecta a los guantes que incluso tuvieron que devolver al Consistorio cuatro millones de dólares. También argumenta que inflaron el precio de los productos en algunos casos hasta más del 400% de su valor real.
Del mismo modo saldrá a relucir las condiciones del contrato que se firmó desde la municipal Empresa de Servicios Funerarios y Cementerios de Madrid. En aquel momento, el Gobierno autorizó por ley que los contratos para el suministro de material sanitario de las administraciones se tramitasen por la vía de urgencia debido a la situación de crisis. En este caso, la licitación que ahora investiga la Justicia se aprobó con el conocimiento de todos los grupos del Ayuntamiento, los cuáles, por su parte, ya han pedido personarse en este procedimiento penal.
Takamaka, la empresa de Luceño
Además de la presunta estafa y la falsedad documental, el magistrado Carretero también pondrá el foco en un delito de blanqueo de capitales. Anticorrupción detalló en su querella el destino de los fondos que tanto Luceño como Medina se repartieron con este contrato de suministro de mascarillas. Medina invirtió parte del monto en la compra de un yate -que bautizó con el nombre de 'Feria'- y también destinó 400.000 euros en bonos. Luceño, por su parte, adquirió una vivienda en Pozuelo por un millón de euros, tres relojes de la marca Rolex por 42.450 euros y doce coches de lujo.
Entre los vehículos que compró en 2020 se encuentran un Lamborghini, un Ferrrari, un Aston Martin, un Range Rover, un McLaren y dos Mercedes. El Ministerio Fiscal desgranó la lista del total de coches adquirido las semanas posteriores al cobro de la comisión apuntando a un posible enriquecimiento ilícito. Sobre este asunto, y pese a que e juez ya ha acordado el embargo preventivo de todos estos bienes, Luceño apelará a Takamaka Experience, empresa dedicada al alquiler de vehículos de alta gama y para la cual podría haber adquirido esta docena de coches.
