El Gobierno regional de Ceuta eludió al menos tres avisos que alertaban de un posible incumplimiento en el procedimiento de devolución de menores a Marruecos, ejecutado tras la irrupción de miles de personas por vías irregular en la ciudad autónoma a través del paso del Tarajal. Dos de los advertencias llegaron desde el Área de Menores de Ceuta -una por escrito y otra a viva voz en una reunión con autoridades marroquíes-; la tercera, por parte de los trabajadores sociales que atendían a los menores, que manifestaron su preocupación por la situación de vulneración de los menores que iban a ser devueltos.
Las tres advertencias constan en un escrito de la Fiscalía de Ceuta donde se detallan las actuaciones de la delegada del Gobierno en la ciudad autónoma, Salvadora Mateos Estudillo, y la vicepresidenta primera del Ejecutivo ceutí, María Isabel Deu del Olmo, derivadas de la devolución de los menores marroquíes tras la crisis vivida en la frontera del Tarajal, en mayo de 2021. El análisis de la Fiscalía se centra en el fundamento jurídico que siguió el Gobierno de Ceuta para concretar la entrega de los menores al reino alauí.
Las devoluciones se llevaron a cabo basándose en un acuerdo de cooperación en materia de prevención de la emigración ilegal de menores no acompañados suscrito entre Madrid y Rabat en marzo de 2007. El Gobierno de Ceuta consideró que este pacto tenía la suficiente base jurídica para trasladar a los menores hasta la frontera Marruecos y entregarlos a las autoridades del reino alauí; una entrega que se llevó a cabo bajo supervisión y aprobación del Ministerio del Interior, como acreditan los correos electrónicos incorporados a la causa.
El primer aviso
Sin embargo, el Gobierno ceutí recibió al menos tres avisos que cuestionaban la legalidad de dicha decisión. El primero llegó el 10 de agosto de 2021. La jefa del Área de Menores de Ceuta, María Antonia Palomo Fernández, envió una reseña a la vicepresidenta primera del Gobierno ceutí, María Isabel Deu del Olmo, sobre la decisión de devolver a los menores en base al acuerdo bilateral entre Madrid y Rabat de 2007.
La jefa del Área de Menores indicó que dicho acuerdo debía llevarse a cabo “con el estricto respeto de la legislación nacional”, de las normas y principios del Derecho Internacional -con especial atención a la Convención de Derechos del Niño- y de los “Protocolos Facultativos de los que ambos Estados son partes”.
En este sentido, la jefa del Área de Menores recuerda al Gobierno ceutí que en esas fechas se están realizando los expedientes individuales de cada uno de los 1.079 menores que accedieron a Ceuta por vías irregulares; expedientes que, a su juicio, eran necesarios para devolver a los niños y adolescentes marroquíes al país vecino. Por eso pide información sobre cuándo se llevarán a cabo las devoluciones, instando a que se asuman todos los procedimientos intermedios para ejecutar el traslado.
Una reunión bilateral
Pero los plazos fueron mucho más repentinos. A la mañana siguiente de ese correo, se invitó a la jefa del Área de Menores a una reunión bilateral que se celebró en la frontera del Tarajal. La representación española estuvo formada por el Jefe de Gabinete de la Delegación del Gobierno en Ceuta, Juan Hernández Lozano, su secretario general, la Vicepresidenta primera del Gobierno de Ceuta, María Isabel Deu del Olmo, y la ya citada jefa del Área de Menores de Ceuta, María Antonia Palomo Fernández.
El equipo marroquí estaba compuesto por un representante de la prefectura y dos representantes de L’Entraide Nationale -un organismo público dependiente del Ministerio de Familia marroquí-.
Según la Fiscalía, en dicho encuentro se suscribió un acuerdo verbal mediante para practicar las repatriaciones de los menores en los días venideros. La responsable del Área de Menores, no obstante, manifestó su disconformidad con la forma de actuar “de viva voz”, al considerar que la decisión resultaba contraria al ordenamiento jurídico nacional e internacional.
La tercera advertencia
Pero la delegada del Gobierno en Ceuta, Salvadora Mateos Estudillo, y la vicepresidenta primera del Gobierno ceutí, María Isabel Deu del Olmo, mantuvieron firme el acuerdo y convinieron en repatriar de forma inmediata a 145 menores, con edades comprendidas entre los 13 y los 17 años. Y así, el 13 de agosto, se gestionaron las primeras devoluciones.
Eran cerca de las 13.30 horas cuando María Isabel Deu del Olmo, acompañada de otras autoridades regionales y de agentes de la Fuerza Pública se presentó en el centro UATE Santa Eulalia, gestionado por la Fundación SAMU, donde se encontraban los 145 menores. Pero surgieron los primeros contratiempos. Allí se le comunicó que Marruecos no aceptaría más de 15 menores por día, por lo que se decidió hacer un primer grupo en consecuencia a esa cifra y dividir el reparto total en días consecutivos.
Fue entonces cuando tuvo lugar el tercer aviso que desaconsejaba la entrega de los menores a Marruecos. Los responsables de la Fundación SAMU expresaron a la vicepresidenta primera del Gobierno de Ceuta “la posible situación de vulnerabilidad de los menores”, lo que transgredía “el superior interés” del bienestar de los mismos.
A pesar de todo, ese 13 de agosto se efectuó la primera entrega de los menores. Los días 14, 15 y 16 se efectuaron nuevas devoluciones, hasta que el Juzgado Contencioso Administrativo nº 1 de Ceuta ordenó pararlas para investigar las condiciones en las que se estaban llevando a cabo.
La delegada del Gobierno y la vicepresidenta primera del Gobierno regional están investigadas por un delito de prevaricación administrativa en una causa que se instruye en un juzgado de Ceuta, y las dos afirmaron en sus declaraciones que siguieron las directrices del Gobierno central. La Red Española de Inmigración y Ayuda al Refugiado, que actúa como acusación popular, incide en que es de presuponer la intervención, en mayor o menor medida, de los ministerios de Asuntos Exteriores, Presidencia, Justicia e Interior.
