La indemnización a Carlos Dívar por su condición de expresidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) volvió ayer a remover las ya convulsas aguas del órgano de gobierno de los jueces. En un pleno extraordinario en el que se aprobó, entre otras medidas, un recorte de su presupuestario del 12% para el 2013, la polémica volvió a surgir sin embargo bajo la sombra del que fuera máximo representante de los jueces hasta el pasado 1 de julio y, sobre todo, de su petición de reclamar más de 208.000 euros en concepto de pensión indemnizatoria tras su cese. La reunión, en la que no se llegó a votar explicitamente si Dívar tiene derecho a percibir ésta, sí acordó por amplia mayoría solicitar al Ministerio de Hacienda una ampliación extraordinaria del presupuesto de 2012 para acometer el pago de las cinco primeras mensualidades de dicha retribución por un total de 44.623,80 euros. Doce vocales votaron a favor, mientras que sólo ocho se opusieron y uno más decidió abstenerse en una votación a mano alzada que evidenció que la fractura en el seno del órgano de gobierno de los jueces está muy lejos de cerrarse.
Ocho vocales pidieron infructuosamente votar si Dívar tenía derecho a percibir la indemnización antes de reclamar el dinero a Hacienda
En concreto, ayer votaron a favor de solicitar a Hacienda el dinero para hacer frente a los primeros pagos de la pensión indemnizatoria a Dívar el nuevo presidente, Gonzalo Moliner, el vicepresidente Fernando de Rosa, la portavoz Gabriela Bravo y los vocales Margarita Uría, Ramon Camp, Concepción Espejel, Claro José Fernández-Carnicero, Antonio Dorado, Antonio Montserrat, Miguel Carmona, Almudena Lastra y Manuel Torres Vela. En contra, se pronunciaron Margarita Robles, Manuel Almenar, Miguel Collado, Pío Aguirre, Félix Azón, Inmaculada Montalbán, Carles Cruz y José Manuel Gómez Benitez. Una última vocal, Gema Gallego, se abstuvo. Una división de votos significativamente muy parecida a la que permitió hace dos semanas sacar adelante la candidatura de Moliner como nuevo presidente del Consejo y del Tribunal Supremo.
Según detallaron a Vozpópuli miembros del propio CGPJ, el polémico debate surgió cuando se abordó el quinto punto del orden del día, aquel en el que se señalaba la necesidad de pedir a Hacienda una transferencia de crédito de más de 44.000 euros para "dotar el concepto pensión indemnizatoria al presidente del Consejo General del Poder Judicial del ejercicio 2012". Margarita Robles, que ya se había opuesto al pago de ninguna indemnización a Dívar en la Comisión de Estudios que dos semanas antes había analizado un informe sobre la legalidad de dicha pensión, planteó que antes de pedir ninguna cantidad de dinero al departamento de Cristobal Montoro debería votarse si el expresidente tenía derecho a la misma. "Para qué pedir un dinero antes de saber si realmente se va a gastar", se preguntó la vocal delante de sus compañeros.
Dos grupos enfrentados
En ese momento, los vocales se dividieron en dos grupos claramente posicionados. Por un lado, el grupo abiertamente contrario a pagar a Dívar apoyó la propuesta de su compañera Robles. Para ellos, la salida del expresidente del CGPJ y del Tribunal Supremo se había producido por una dimisión tras el escándalo de sus viajes de fin de semana y, por tanto, su caso no estaba amparado por la Ley de 1980 que fija el pago de estas pensiones indemnizatorias para los altos cargos del Estado al cesar. Sin embargo, un número mayor de vocales manifestó que el debate sobre la conveniencia o no de pagar la misma al ex presidente no se podía abordar en ese pleno ya que no estaba incluido en el orden del día y que, por tanto, el único tema de discusión era si se pedía o no a Hacienda el crédito para pagarlo como era "preceptivo" antes de tomar esa decisión. Finalmente se voto a mano alzada y doce vocales apoyaron la petición del crédito en una actitud que la otra parte del Consejo interpretó como un apoyo claro al abono de la pensión indemnizatoria a Dívar.
De este modo, la decisión sobre el derecho a percibir los 208.000 euros por parte del ex presidente se retrasa a después del verano y, más concretamente, a que Hacienda comunique al CGPJ la ampliación de presupuesto en la cuantía solicitada. Gonzalo Moliner reconoció en la rueda de prensa posterior al pleno que, una vez le comunique el Ministerio de Montoro su decisión, se convocaría un pleno extraordinario para abordar el polémico pago. Para entonces, señaló ayer a este diario uno de los vocales que se oponen a pagar ninguna indemnización a Dívar, el grupo encabezado por Robles espera haber convencido a algunos compañeros que ayer apoyaron indirectamente el pago de los 208.000 euros cambie el sentido de su voto. De hecho, el propio Molíner, quien la semana pasada se mostró abiertamente partidario a abonar a su antecesor la pensión indemnizatoria, dejó ayer abierta la posibilidad de que modifique su posición. Una postura que, sin embargo, no se terminan de creer el grupo de los ocho. "Todos sabemos lo que ha dicho en el pleno y se mostró partidario de pagarle por mucho que haya dicho a los periodistas", señalaron a este diario.
Rebelión contra la pérdida de 15 'moscosos'
Más consenso, pero no unanimidad, mostró ayer el CGPJ a la hora de mostrar su rechazo a la decisión de Hacienda de equiparar las vacaciones y los días de libranza de los miembros de la carrera judicial con las del resto de los funcionarios públicos. Una medida que haría que jueces y fiscales pierdan 15 de los 'moscosos' a los que hasta ahora tenían derecho. En concreto, los planes del equipo de Montoro es que de los seis permisos anuales de tres días cada uno a los que hasta ahora tienen derecho queden reducido a sólo uno de tres días como el resto de los funcionarios. La portavoz y el presidente del órgano de gobierno de los jueces fueron muy críticos en este sentido con una medida que consideraron "una restricción de derechos sociales [de los jueces] no justificada". De hecho, de los 21 miembros del Consejo, 19 aprobaron el informe en el que se critica la medida de Hacienda como "una restricción de los derechos de la carreras judicial" que no tiene en cuenta las "peculiaridades" del trabajo de jueces y fiscales. El informe, al que sólo se opusieron los vocales José Antonbio Gòmez Benítez y Ramón Camp, destacaba además que el supuesto ahorro económico que se argumenta para justificar la eliminación de todos estos días no es tal y que, de hecho, el anteproyecto del Gobierno ni siquiera presenta una memoria económica que cifre el mismo. "La labor jurisdiccional no está sujeta al mismo régimen de horario y jornada que el del resto de los funcionarios, por ser mucho más amplio", recalcó ayer el CGPJ para avalar su defensa de estos días.
El Consejo también aprobó una reducción de su presupuesto para 2013 en un 12,02%, con lo que se éste se queda en menos de 63 millones de euros, nueve menos de los del actual ejercicio. Moliner destacó a la prensa que ésta había sido una "reducción consensuada" y que el mismo había aportado su granito de arena al quedarse con un único jefe de gabinete técnico --hasta ahora los presidente tenían dos-- y renunicar al nombramiento de nuevos asesores. "Lo que he hecho es recoger algunos de los que ya trabajaban en la casa, en lugar de traer a alguien más de fuera”, detalló.
