El expresidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) Carlos Dívar, que dimitió de su cargo el pasado 21 de junio tras conocerse que habría cargado a este órgano parte del coste de varios viajes de fin de semana, ha presentado este lunes un escrito renunciando a cobrar la indemnización por valor de 208.243 euros que le correspondía por su condición de exalto cargo del Estado.
Fuentes del Consejo han señalado a Europa Press que la petición será estudiada en la Comisión Permanente que está prevista mañana, donde se tomará conocimiento de este escrito y previsiblemente se pedirá a Hacienda que deje sin efecto la ampliación de crédito que se había solicitado para hacer frente a la indemnización.
Además, el CGPJ también pedirá al Erario Público que haga ya efectivo el cobro por Dívar de su pensión de jubilación, a la que había renunciado durante dos años para poder optar a la indemnización fijada por la ley para los altos cargos. Con esta decisión, Dívar cobrará algo más de 2.000 euros mensuales, según las mismas fuentes.
No cobraba desde junio
Hasta este momento el Ministerio de Hacienda tenía pendiente responder al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sobre la ampliación del crédito necesario para hacer frente a la indemnización de 208.243 euros que había solicitado Dívar. Esta respuesta de Hacienda era necesaria para que el Consejo pudiera abordar el asunto en el Pleno del próximo día 20, lo que presentaba relativa urgencia ya que Dívar no cobra desde junio.
Dívar recibía una cantidad de 130.152 euros brutos al año como presidente del Tribunal Supremo y del Consejo del Poder Judicial, de lo que habría cobrado su parte correspondiente hasta su dimisión, el pasado 21 de junio.
En su calidad de exalto cargo, tendría derecho a percibir una indemnización del 80 por ciento de sus retribuciones durante un plazo máximo de 24 mensualidades, a razón de 8.676 euros por mes, tras lo cual pasaría a recibir su pensión por jubilación. Dívar optó personalmente por esta opción al solicitar su indemnización, lo que suponía la no percepción de su pensión por jubilación hasta dentro de dos años.
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