El bloqueo en la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) está provocando una situación límite en la carrera judicial. El presidente del órgano de gobierno de los jueces, Carlos Lesmes, así lo avisa en un informe del que ha dado cuenta a la Comisión Permanente y en el que alerta que no han podido efectuar un total de 48 nombramientos discrecionales a tenor de la reforma legal que les impide nombrar estando en funciones.
La cifra ascenderá hasta los 57 a fecha de 31 de diciembre de este año si PP y PSOE no alcanzan el acuerdo para renovar un órgano que lleva caducado desde diciembre de 2018. De todos ellos 51 afectarán a la jurisdicción ordinaria y 6 a la militar, de acuerdo con el citado informe. A día de hoy el órgano más afectado es el Tribunal Supremo que suma ya 11 vacantes en el total de las Salas que lo integran. La más afectada es la de lo Contencioso (que revisa recursos contra disposiciones del Gobierno), con un total de 6 bajas (dos de ellas por fallecimiento).
La propia Sala de Gobierno del alto tribunal aprobó la semana pasada un informe en el que se señalaba que la situación, de prolongarse, será “insostenible” ya que va a implicar que se dicten aproximadamente 1.000 sentencias menos al año con alargamiento de los tiempos de respuesta en las cuestiones de fondo. El Supremo avisó de que las 11 plazas sin cubrir en la actualidad afecta a un total del 14% de su plantilla. El año que viene, cuando la cifra ascienda a 16, el porcentaje se elevará al 20%.
A este órgano le siguen los Tribunales Superiores de Justicia, donde tienen pendiente cubrir un total de 18 plazas vacantes que no han podido renovar desde la entrada en vigor de la Ley Orgánica 4/2021. En las Audiencias Provinciales la cifra asciende a 13 (en su mayoría por la finalización del mandato) y en la jurisdicción militar a seis. Al respecto, el propio CGPJ ha trasladado que asume "con carácter extraordinario" las competencias de la Sala de Gobierno del Tribunal Militar Central, ante el pase a la situación administrativa de reserva de su auditor presidente, Carlos Melón Muñoz.
Con todo, el Consejo sigue a la espera de un pacto entre los principales partidos que desbloquee la actuación situación y dé lugar a una renovación de los 20 vocales del órgano. Aunque en un primer momento el Pleno pudo seguir acordando nombramientos, sus actuaciones quedaron limitadas tras la entrada en vigor el pasado mes de marzo de la reforma legal que limitó sus funciones.
Sin margen de actuación
Hasta ese momento se llegaron aprobar los nombramientos de puestos clave en el Supremo como las presidencias de las Salas Social, Militar y Contencioso; tres plazas en la Sala de lo Penal, las presidencias de seis audiencias provinciales o de los Tribunales de Justicia del País Vasco y de Canarias. El acuerdo tácito alcanzado por los vocales fue que se daría luz verde a los nombramientos siempre y cuando el consenso fuera mayoritario. En algunas ocasiones, los aprobaron hasta con 19 votos a favor.
Modificada la ley y limitadas sus funciones, algunas Salas comenzaron a acusar la falta de renovación (como ocurre en lo Contencioso). Sin embargo, el CGPJ aguarda al pacto y no se plantea, al menos por el momento recurrir a magistrados jubilados ni nombrar en comisiones de servicio. Del mismo modo también descartan una posible dimisión del CGPJ en bloque, en respuesta a algunas voces que apuntaron que podría ser una salida al problema al forzar a los partidos políticos a sellar el pacto.
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