El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) confía en ser renovado de forma inminente, tras el controvertido pacto para elegir a cuatro nuevos magistrados del Tribunal Constitucional, aunque ni el PSOE ni el PP hablan de avances en unas negociaciones que se mantienen de forma discreta.
Fuentes socialistas y de los populares consultadas por Efe insisten en desvincular la renovación del Constitucional y del CGPJ y guardan mutismo sobre los nombres que barajan para un órgano que en diciembre cumple tres años en funciones y es el último pendiente de renovación.
El pálpito en el CGPJ es que el acuerdo puede cerrarse próximamente, incluso este mismo mes, aunque las fuentes consultadas señalan que no tienen información concreta sobre las conversaciones.
Tras la polémica que ha rodeado el nombramiento como magistrado del Constitucional de Enrique Arnaldo por su proximidad al PP y su aparición en dos sumarios de casos de corrupción, es previsible que cada candidato para el CGPJ sea analizado con lupa.
Fuentes socialistas consultadas por Efe insisten en que la Constitución obliga a renovar el órgano de gobierno de los jueces y confían en poder tener un acuerdo antes de fin de año.
Un plazo lógico, porque 2022 es, de nuevo, año electoral. Las urnas se abrirán en primer lugar en Andalucía y en la primavera de 2023 habrá elecciones locales y autonómicas. Y es habitual que en un contexto de competición electoral los partidos endurezcan sus posiciones y la posibilidad de un pacto se aleje.
Negociaciones en "punto muerto"
Desde el PP apuntan que no hay novedades ni avances en las conversaciones. Que la negociación está "en punto muerto". Y recalcan que sus condiciones para un acuerdo son "inamovibles".
La principal, que se reforma la Ley Orgánica del Poder Judicial para que en el próximo proceso de renovación del Consejo los jueces elijan directamente a doce de los veinte vocales, los de extracción judicial. Una posición que este viernes ha reiterado Pablo Casado desde La Palma.
Casado ha advertido de que "entre otras cuestiones" Bruselas ha dicho a Polonia "que su órgano de los jueces lo tienen que elegir de forma mayoritaria los jueces, y eso está poniendo en juego los fondos europeos".
Sobre Arnaldo, ha dicho no entender "la posición de algunos partidos minoritarios" y les ha acusado de querer "confundir a la opinión pública"; además, ha señalado que el problema de las instituciones no es el Constitucional, sino quienes pactan con Arnaldo Otegi, líder de EH Bildu.
Más allá del debate sobre los nombres, que hizo descabalgar un posible acuerdo el pasado mes de febrero, ante el rechazo del PP al juez José Ricardo de Prada, la reforma legislativa es ahora el principal escollo para el pacto.
Contradicciones
Aunque Bruselas ha recomendado de forma expresa que al menos la mitad de los vocales sean elegidos por los jueces, tanto el PSOE como Podemos defienden que sea el Parlamento, sede de la soberanía popular, quien elija a los miembros del órgano de gobierno de los jueces.
Destacan que el propio Tribunal Constitucional avaló el modelo y recuerdan que los doce vocales jueces son elegidos a partir de una lista de candidatos que envían al Parlamento los propios profesionales de la carrera judicial.
La ministra de Justicia, Pilar Llop, señaló esta semana que se está "en la buena senda", pero no desveló detalles de una negociación que se ha roto ya en numerosas ocasiones.
En declaraciones en Valladolid, la líder de Podemos y ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, ha defendido el acuerdo que se cerró para el Constitucional, al considerar que por primera vez se incluyeron "juristas de un enorme prestigio, personas que luchan contra la impunidad franquista", y ha considerado que ahora hay que poner el foco en el CGPJ. El "camino se inició ayer", ha dicho.
"Insostenible"
Desde el Gobierno hacen hincapié en la necesidad de cumplir la Constitución y ahora también en los perjuicios para los ciudadanos de la actual situación, después de que a finales de octubre el Supremo alertara de que, si no se cubren las vacantes en el tribunal por el bloqueo en la renovación del CGPJ, la situación será "insostenible" y se dictarán mil sentencias menos al año.
El CGPJ no puede cubrir esas vacantes mientras siga en funciones, tras la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que impulsaron el PSOE y Podemos y que recortó las competencias del órgano de gobierno de los jueces cuando supere su mandato de cinco años.
La ley, diseñada para presionar al PP a sentarse a negociar, entró en vigor en marzo y empiezan a verse sus consecuencias.
Según los datos facilitados por el propio CGPJ, a finales de octubre había 48 nombramientos discrecionales pendientes en distintos tribunales y a finales de año la cifra se elevará a 57 por jubilaciones, finalizaciones de mandato, excedencias o fallecimientos.
En el Supremo habrá doce vacantes, una situación que la sala de gobierno del alto tribunal llamó a corregir para evitar el "colapso".
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