El adelanto electoral propiciado por Pedro Sánchez ha provocado un terremoto en la esfera política pero también en la judicial. El CGPJ se ha convertido en un afectado directo de la convocatoria de los comicios del 23 de julio por dos motivos: primero porque prorrogará todavía más su mandato en funciones ya que no puede renovarse estando las Cortes disueltas y, segundo, porque su presidente interino, Rafael Mozo, abandonará el Consejo el 19 de julio coincidiendo con la campaña electoral.
Mozo asumió el cargo de presidente interino del CGPJ tras la turbulenta salida de Carlos Lesmes en octubre del año pasado. La situación anómala que se vive en el órgano -en funciones desde diciembre de 2018 ante la imposibilidad de que PP y PSOE lleguen a acuerdo- se vio agravada por el relevo en la presidencia. Tal y como marca la Ley, Mozo sustituyó a Lesmes por ser el vocal de mayor edad del Consejo.
Su mandato, no obstante, también toca a su fin puesto que el 19 de julio Mozo se jubila como juez. El fin de su carrera judicial conlleva la pérdida de condición de vocal del CGPJ, motivo por el cual abandonará su cargo. Según confirman fuentes del CGPJ a Vozpópuli, el presidente interino comunicó en el Pleno del pasado jueves su intención de dejar el cargo ese mismo día.
Tres presidentes en 10 meses
Esta salida agrava la crisis de un CGPJ que lleva casi cinco años caducado y provocará una nueva situación insólita en el órgano de gobierno de jueces. Ello es así porque se tendrá que nombrar a otro sucesor. Se tratará del tercer presidente del órgano en menos de un año. En cumplimiento del marco legal, se designará suplente al vocal de mayor edad que integre el órgano; esto es, al conservador Vicente Guilarte.
Las fuentes consultadas explican que este cambio no afectará al régimen de mayorías, establecido en una mayoría de tres quintos, pero hacen hincapié en lo insólito de la situación: "Hay veces que la realidad supera la ficción", comentan fuentes del órgano a este medio. Sobre todo porque esta nueva salida coincidirá involuntariamente con la campaña electoral de las generales después de que Sánchez anunciara este lunes por sorpresa el adelanto de unos comicios cuya celebración estaba prevista para diciembre.
Precisamente esta situación provoca que el CGPJ no pueda renovarse en los próximos meses. Aunque no había visos de que el partido del Gobierno y el PP pudieran llegar a un acuerdo en lo que queda de año para nombrar al nuevo Consejo, lo cierto es que con esta maniobra la puerta se cierra del todo ya que la convocatoria lleva aparejada la disolución de las Cortes; las mismas a las que la Ley otorga la potestad de nombrar a los 20 vocales.
Un CGPJ con 5 vocales menos
El primer perjudicado de esta parálisis que se alargará al menos hasta fin de año es el propio CGPJ y, tras él, la cúpula judicial. El actual Consejo se formó en diciembre de 2013 con la totalidad de sus miembros (20 más el presidente) y, tras la salida de Mozo, se va a quedar en 16. La primera vacante se produjo con la jubilación del magistrado conservador Rafael Valverde en febrero de 2022. Ese mismo año, en junio, tuvo lugar la segunda baja tras el fallecimiento de la vocal Victoria Cinto a los 63 años de edad.
La tercera salida y la de más relevancia fue la de Carlos Lesmes. El presidente del Consejo abandonó la presidencia en octubre del año pasado tras dar la última oportunidad al bipartidismo de renovar el órgano. El magistrado avisó durante muchos meses que habría consecuencias irreversibles en el CGPJ si PP y PSOE no desbloqueaban la crisis y el resultado fue su renuncia seguida de un nuevo acercamiento fallido entre los dos principales partidos.
La cuarta en abandonar fue Concepción Sáez. La vocal progresista dimitió de su cargo en marzo ante la "insostenible" situación que se vive en el Poder Judicial. Aunque hubo rumores de que el bloque progresista podría emularla y abandonar el Consejo, finalmente se quedó en un caso aislado. Así pues el CGPJ sigue hoy con 17 vocales aunque volverá a perder a uno, su presidente en funciones, el próximo 19 de julio.
Pendiente del TC
A todo ello hay que añadir que el CGPJ trabaja a medio gas ya que no puede efectuar nombramientos debido a la reforma del Gobierno que limitó sus funciones. La consecuencia directa de esta prohibición ha sido la imposibilidad de renovar las plazas en el Tribunal Supremo (donde las vacantes sin cubrir superan ya el 20% de la plantilla) así como de los tribunales superiores de Justicia y audiencias provinciales.
Se trata de una limitación que está recurrida ante el Tribunal Constitucional. El estudio del asunto, que es uno de los que Cándido Conde-Pumpido aparcó para después del 28-M por su carácter político, podría dilatarse en el tiempo precisamente también debido a la convocatoria de elecciones. No obstante, desde el Consejo (que mantiene otras funciones tales como emitir dictámenes de los anteproyectos de leyes del Gobierno) están muy pendientes de lo que resuelva el TC dado la trascendencia de la modificación legal que impulsaron PSOE y Podemos.
A todo ello hay que añadir las grietas que comienzan a sufrir los bloques progresista y conservador del CGPJ. Las injerencias políticas, la cascada de salidas, los intentos fallidos de renovación y el tiempo récord que llevan ejerciendo en funciones pasa factura a un órgano que comienza a estar debilitado y que en julio volverá a acusar otra nueva baja tras la marcha del actual presidente en funciones.
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