Tras varios años de quebraderos de cabeza, los hoteleros españoles han podido ver esta semana, por fin, la primera sentencia contra unos turistas británicos que se habían sumado a la corriente de las denuncias por falsas intoxicaciones. El 'héroe' de tal hazaña, la empresa de hoteles Thomas Cook, que rechazó una demanda interpuesta por un matrimonio por cerca de unos 11.200 euros al denunciar una supuesta intoxicación en 2013 en su hotel de Canarias. Los responsables tendrán que pagar una multa de 4.000 euros.
Los británicos son los turistas que más vienen a España de vacaciones. Sin embargo, como, ha dicho esta semana el responsable de Exteriores británico, el controvertido Boris Johnson, sus compatriotas son también los que tienen el sistema digestivo “más delicado del mundo”, a cuenta de la cantidad de denuncias que están acostumbrados a hacer.
Porque, a pesar de que el número de intoxicaciones hoteleras registradas en los últimos años se ha mantenido, según los servicios sanitarios, en cifras estables y sin grandes variaciones, las reclamaciones de los turistas británicos por intoxicaciones alimentarias se han multiplicado solamente en Canarias un 1.400% en tan sólo un año. También en Baleares, las denuncias han aumentado un 700% en el mismo periodo. Una tendencia que también se extiende a Levante y la Costa del Sol.
Así funciona el fraude
La popularidad de las demandas tiene su base en la facilidad con la que, hasta ahora, han podido realizarse, y en equipos de abogados que se sitúan a las mismas puertas de los hoteles a asesorar a los turistas para reclamar.
Basta con presentar el recibo de haber comprado un medicamento en una farmacia y denunciar en un plazo de tres años contra las pólizas de responsabilidad civil de los alojamientos. La garantía hasta este momento era que a los propios establecimientos les salía menos rentable recurrir esas demandas que abonar la indemnización solicitada.
Además, el cliente puede contar con el asesoramiento de los abogados que se apostan, sin decoro alguno, en las entradas principales de los hoteles. Algunos llevan incluso furgonetas pintadas con los anuncios de sus servicios. Son bufetes buitres que, según denuncia Hosbec, facturan el 90% del importe total de la reclamación, mientras que el resto se destina a compensar los supuestos daños al turista.
La Asociación Hotelera de Benidorm, Costa Blanca y Comunidad Valenciana (Hosbec), emitió un informe en octubre del año pasado informando de que las pérdidas en el sector en toda España alcanzaban ya los 60 millones de euros.
Cartas en el asunto
En conocimiento de estos datos, el Gobierno de España decidió a finales del mes pasado exigir a Reino Unido un cambio de legislación. El Ejecutivo británico admitió entonces que, desde 2013, las reclamaciones por intoxicaciones en los hoteles españoles ha aumentado, en general, un 500%, algo que no ocurre en otros países.
Sin más margen de actuación, fueron primero los propios responsables hoteleros los que avisaron de que la única solución sería incrementar las tarifas para compensar de antemano las pérdidas por estas actividades fraudulentas. También se plantearon incluso la posibilidad de vetar a los turistas en función a su procedencia, en concreto Reino Unido.
Finalmente, el Gobierno británico ha decidido tomar cartas en el asunto. El secretario de Justicia, David Lidington, ha anunciado esta semana que Reino Unido ha encargado al Civil Procedure Rule Committee (una cámara de arbitraje e interpretación del derecho civil), que analice estas falsas denuncias con el fin de endurecer, entre otras cuestiones, los requisitos necesarios para admitir a trámite una denuncia.
Cerrar el vacío legal para que los turoperadores puedan defenderse sin afrontar enormes gastos
También la primera ministra del país, Theresa May, ha criticado duramente a sus compatriotas estafadores, asegurando en una entrevista para The Mail que “los veraneantes que respetan las normas no deberían pagar más por su merecido descanso estival por las reclamaciones falsas que están haciendo subir los precios. Su forma de resolver el conflicto será “cerrar el vacío legal para que los turoperadores puedan defenderse sin afrontar enormes gastos”.
Finalmente, el Departamento de Justicia británico incluía en su página web una reforma para limitar el coste del proceso judicial de recurrir estas reclamaciones y hacer que sea reembolsable en caso de ganar, para que los hoteles y establecimientos no rechacen recurrir a estas demandas de antemano para evitar perder dinero.
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