El choque permanente entre Oriol Junqueras y Carles Puigdemont se ha convertido en un quebradero de cabeza para el Gobierno en el arranque de las negociaciones del PSOE para la investidura de Pedro Sánchez. La situación es tan surrealista que un solo movimiento de Junts per Catalunya en el Parlament ha provocado que ERC vote a favor de recurrir al Tribunal Constitucional la Ley de Vivienda, que este mismo partido impulsó y apoyó en el Congreso hace solo unos meses.
La guerra entre Puigdemont y Junqueras desde el golpe a la democracia del 2017 es una constante en el independentismo catalán. Sánchez necesita ahora a ambos para mantenerse en La Moncloa. La relación del PSOE con ERC es más fluida por el pacto de la pasada legislatura y los indultos. La confianza entre Ferraz y Waterloo todavía se está construyendo.
El ministro de la Presidencia en funciones, Félix Bolaños, está repartiendo medallas en esta fase inicial de la negociación para contentar a unos y a otros. A Puigdemont le corresponde apuntarse el tanto de la pelea del Gobierno español por la oficialidad del catalán, el gallego y el euskera en la Unión Europea. ERC, por su parte, ha vendido el uso de lenguas cooficiales en el Congreso de los Diputados. Si bien, Bolaños se ha visto obligado a precisar que la negociación para la reforma del reglamento de la Cámara se está viendo con otros grupos.
La batalla está en la amnistía
La amnistía de Puigdemont y los encausados del procés -condenados o no- es el nudo gordiano de los acuerdos para la investidura del líder del PSOE. El Gobierno no ha dado detalles de cómo piensa acometer esta medida de difícil encaje en la Constitución, según el consenso casi total de los juristas. La amnistía es una bandera tanto de Junts como de ERC, pero el principal beneficiado sería el ex presidente de la Generalitat, que sigue prófugo de la Justicia.
El PSOE, a través de Bolaños, cree que será capaz de conciliar ambas negociaciones cediendo una cosa a cada partido, como ya ocurrió para la elección de la Mesa del Congreso. Sánchez confía en sacar la investidura adelante tras el previsible fracaso del intento de Alberto Núñez Feijóo a finales de septiembre.
La cercanía de la Diada (11 de septiembre) ha provocado un aumento de la tensión en el universo independentista, que forman partidos y asociaciones. La presión de unos sobre otros favorece el rifirrafe entre ambos partidos.
No es solo el caso de la Ley de Vivienda. En el Ayuntamiento de Barcelona, por ejemplo, el líder de ERC, Ernest Maragall, ha acusado a Junts de mendigar su entrada al Gobierno del alcalde socialista Jaume Collboni. Al otro extremo, Josep Lluís Alay, uno de los colaboradores más estrechos de Puigdemont, se quejaba esta semana en la red X -antiguo Twitter- que la portavoz de la Generalitat -de ERC- responde en castellano en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno o que ERC Tarragona celebraba el paso de la Vuelta a España por Cataluña.
El PSOE y la Constitución
El Gobierno no ha entrado de momento en la letra pequeña de la negociación. Los portavoces del PSOE han respondido ante cualquier demanda de sus socios separatistas que el límite es la Constitución. Así lo ha dicho Bolaños o la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, entre otros.
El lehendakari vasco, Íñigo Urkullu, es el único que ha hecho una propuesta hasta el momento para cambiar el modelo territorial sin necesariamente tocar la Constitución. La ministra de Educación y portavoz del PSOE, Pilar Alegría, dejo entrever que la apuesta del PSOE es por cambiar el modelo de financiación. Tanto Alegría como Bolaños aseguraron que el Gobierno escuchará al PNV. Y el PSOE ya tiene acuñado el término España multinivel, tal y como ha informado este diario.
"Creo que este Gobierno ha demostrado durante esta legislatura una ampliación de las relaciones que tenemos con las comunidades autónomas ensanchando y mejorando esos cauces de cogobernanza", dijo Alegría.
Apoya TU periodismo independiente y crítico
Ayúdanos a contribuir a la Defensa del Estado de Derecho Haz tu aportación