El cierre de Megaupload, una de las mayores webs de intercambio y descarga de archivos ha puesto sobre el tapete la discusión sobre las libertades y derechos ciudadanos. Para algunos, esto es un Guantánamo policial perpetrado por el FBI, para otros, una muestra de que iniciativas como SOPA o leyes Sinde varias lo único que consiguen es más control del Estado en la Red.

Según el comunicado difundido por el Departamento de  Justicia norteamericano, los dueños de Megaupload están acusados de formar parte de "una organización criminal responsable de una enorme red de piratería informática mundial". En la operación se han cerrado también 18 dominios asociados a Megaupload, entre ellos la web de vídeos en streaming Megavideo.

Para el FBI, que niega una relación directa con la ley antidescargas sino con una investigación policial anterior, lo que hace ilegal Megaupload es justamente el hecho de que la mayoría de los contenidos alojados están protegidos por copyright.

Sin embargo,  al margen de albergar enlaces de descargas, Megaupload se había posicionado como un servicio de almacenamiento on-line en la que un usuario podía compartir cualquier tipo de documento, desde un texto literario hasta las fotos de su último viaje.  ¿Qué pasará ahora con ese material?

El derecho a mayor almacenaje incluía un servicio Premium de pago, lo que quiere decir que los usuarios han visto confiscados no sólo sus documentos sino también datos personales y bancarios.

Según la Asociación de Internautas (AI) de España, esto supone una vulneración que debe de ser combatida y denunciada, ya que supone un gravísimo precedente en tema de derechos y privacidad de datos.

En respuesta, el grupo ciberactivista Anonymous tumbó  temporalmente las página web del Departamento de Justicia, la de la productora Universal Music y la de la Asociación del Cine de EE.UU y llamó por medio de Twitter al ataque web de la Asociación de la Industria Discográfica de Estados Unido.

aún así, la situación sigue siendo la misma: 150 millones de usuarios afectados que han perdido su derecho a intercambiar archivos y ahora deben enfrentarse al hecho de que su información privada ha sido confiscada.