El independentismo catalán celebra este sábado la fecha más determinante de su historia reciente: el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017. Entonces, el secesionismo, unido en su desafío al Estado, creía que el 1-O significaría el punto de partida de una Cataluña independiente, pero cinco años después vive una profunda crisis de desunión, sin ningún rumbo claro y con el Govern de ERC y JxCat en plena crisis. La gestación y la celebración del referéndum acarreó nueve condenas a prisión por delito de sedición.
Pese al clima de división, sí que se ha convocado para este sábado un acto unitario convocado por el Consell de la República con la colaboración de Òmnium, ANC, AMI, la Intersindical y la Cambra de Comerç de Barcelona. Consistirá en una concentración a las 17 horas en el Arco del Triunfo de Barcelona bajo el lema 'Defendamos el 1-O. Ganemos la independencia'.
La gestación
La frustración por los recortes del Tribunal Constitucional (TC) al Estatut fue aprovechada por el Govern de Artur Mas para convocar, el 9 de noviembre de 2014, una consulta soberanista no vinculante y sin el aval del Estado, preludio de unas elecciones catalanas al año siguiente, planteadas como un plebiscito sobre la independencia, recuerda Efe. Las fuerzas independentistas lograron la mayoría absoluta de escaños, pero no de votos, por lo que Carles Puigdemont, investido president en sustitución de Mas, decidió incluir en su hoja de ruta una pantalla previa a una declaración unilateral de independencia: "Referéndum o referéndum", sentenció desde el Parlament el 28 de septiembre de 2016.
En los meses siguientes, Puigdemont trató de emular la vía escocesa, ofreciendo al Gobierno de Mariano Rajoy pactar las condiciones de un referéndum de autodeterminación, pero las gestiones -que coincidieron con la "Operación Diálogo" impulsada por la vicepesidenta Soraya Sáenz de Santamaría y el delegado del Gobierno en Cataluña, Enric Millo- no fructificaron, por lo que en la Generalitat se prepararon para un choque de trenes.
Los preparativos
La vigilancia judicial y los codazos entre ERC y PDeCAT, que se acusaban de no atreverse a dar ningún paso que pudiera comportar su inhabilitación, llevaron a Puigdemont a crear un núcleo de decisión paralelo al Govern, para preparar en la sombra un referéndum.
Aquel "Estado Mayor" del procés, liderado por Carles Puigdemont y Oriol Junqueras e integrado por la plana mayor de ERC y JxCat, los líderes de la ANC y Òmnium Cultural y algunos perfiles externos, empezó a reunirse en secreto en abril de 2017, con la misión de organizar sigilosamente el referéndum, fijado para el 1 de octubre.
Para intentar dotarse de un paraguas alternativo a la legalidad española, el Parlament aprobó la Ley del Referéndum en el tenso pleno del 6 y 7 de septiembre, entre protestas de la oposición por vulneración del marco legal y conculcación de sus derechos. No tardó ni 24 horas el TC en admitir el recurso del Gobierno y suspender la Ley del Referéndum, aunque el Govern desoyó las resoluciones judiciales y alentó la desobediencia.
Como respuesta, el Estado desplegó a miles de agentes de Policía y Guardia Civil -en parte alojados en tres barcos, uno de los cuales muy recordado por la imagen de 'Piolín' en su costado-, que, bajo la batuta de Diego Pérez de los Cobos, debían coordinarse con los Mossos d'Esquadra para impedir la votación por orden judicial.
El día del referéndum y el polémico papel de los Mossos
El Govern convocó a 5.343.358 catalanes a votar y habilitó 2.315 locales de votación, muchos de ellos colegios que fueron ocupados la noche anterior por activistas, para evitar que pudieran ser cerrados preventivamente por los Mossos, que tenían un papel embarazoso.
Los mandos de los distintos cuerpos policiales habían acordado que los Mossos irían a los colegios para impedir las votaciones, pero al personarse allí, la mayoría de los agentes, al ver a una multitud de personas cerrándoles el paso, se limitaron a levantar acta.
Al constatar que los Mossos -con Josep Lluís Trapero al mando- apenas requisaban urnas y cerraban colegios, se activaron los agentes de la Policía y la Guardia Civil, que se toparon con la resistencia de numerosos ciudadanos que les bloqueaban el paso. Se sucedieron cargas policiales se sucedieron en varios puntos, unas escenas que el independentismo creía que servirían para derrotar al Estado. Desde la sede de la Delegación del Gobierno en Barcelona, Diego Pérez de los Cobos dirigía el dispositivo policial, indignado con Trapero por la pasividad de los Mossos, que había obligado a la Policía y la Guardia Civil a actuar en su lugar.
Civiles y agentes heridos
Por la noche, el conseller de la Presidencia, Jordi Turull, anunció que se habían contabilizado 2.262.424 votos, con un 90% de 'síes' a la independencia, y al día siguiente la Generalitat cifró en 893 las personas heridas o contusionadas, mientras el Ministerio del Interior denunciaba que 431 agentes habían resultado heridos.
Puigdemont confiaba en que aquella demostración de fuerza del independentismo obligaría a Rajoy a sentarse a negociar, empujado por la presión internacional, pero no fue el caso. Aunque la Ley del Referéndum tumbada por el TC preveía que al cabo de dos días de la proclamación oficial de resultados el Parlament declarase la independencia, el Govern dudó y ralentizó el proceso.
La DUI y el 155
El 3 de octubre, cientos de miles de personas se movilizaron en Barcelona para protestar por la "violencia" policial del 1-O y para reivindicar el 'sí' a la independencia; por la noche, el rey Felipe VI emitió un mensaje televisado en el que llamó a asegurar el "orden constitucional".
Todos los intentos de mediación durante las semanas siguientes fracasaron y el mes terminó con una simbólica declaración unilateral de independencia, el 27 de octubre, seguida de la aplicación, por primera vez, del artículo 155 de la Constitución en Cataluña.
El 1-O, que el independentismo concibió como momento fundacional de la "república catalana", condujo a la convocatoria de elecciones anticipadas en Cataluña, con la autonomía intervenida por el Estado hasta mayo de 2018 y la apertura de múltiples causas judiciales por vulneración de la legalidad española.
Cinco años de división
El independentismo siempre ha reivindicado que el 1-O fue posible gracias a la unidad entre Govern, Parlament, partidos y entidades, junto a la movilización de la ciudadanía, una unión que en estos cinco años se ha ido desintegrando hasta llegar a la situación actual.
Un lustro después, el movimiento independentista afronta el aniversario del 1-O completamente dividido: el Govern está cerca de la fractura, los partidos -ERC, Junts y la CUP- tienen estrategias diferentes para avanzar en el proceso soberanista, e incluso la ANC y Òmnium han tomado rumbos distintos.
De hecho, uno de los principales motivos de esta desunión es la falta de una lectura y un análisis compartido de lo que significó el 1-O y sobre cómo avanzar hacia la independencia a partir de entonces, que ha impedido que haya una estrategia conjunta como sí hubo en 2017.
La desunión actual ya se exhibió en la Diada del 11 de septiembre, en la que el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, y ERC no participaron en la manifestación convocada por la ANC, y el único acto en el que estuvieron todos los actores independentistas de manera conjunta fue el que celebró Òmnium.
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