El juez que archivó la investigación sobre el 'Delcygate', caso desvelado por 'Vozpópuli', ha autorizado la destrucción de las cintas de vídeo grabadas por las cámaras de vigilancia del aeropuerto cuando ocurriendo los hechos. Unas cintas que nunca han visto la luz.
En concreto, el juzgado ha decretado el cese de la conservación de las grabaciones que se realizaron la noche del 19 al 20 de enero de 2020, cuando se produjo el encuentro entre el entonces ministro de Transportes, José Luis Ábalos, y la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez.
Así, dos años y tres meses después de que este medio desvelase el escándalo, se ordena a la Policía a que informe a Aena y al encargado de la conservación de las imágenes de que ya no es necesario que se conserven, informa 'El Confidencial'.
Esta decisión se toma en base a la Ley de Protección de Datos, que establece que las imágenes que se captan por videovigilandoa deben ser destruidas pasado un tiempo. Algo que la Justicia prohibió mientras investigaba los hechos.
El encuentro se produjo entre el entonces titular de Transportes y Agenda Urbana y hombre fuerte del PSOE y la 'número dos' de Nicolás Maduro en la terminal de vuelos privados del aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid Barajas.
Entonces, Rodríguez tenía prohibido pisar suelo de la Unión Europea por inclumplir los derechos humanos en su país de procedencia, cita que fue ocultada hasta el último momento por el propio Gobierno de Pedro Sánchez.
El caso fue llevado a los tribunales por parte de PP, Ciudadanos, Voz y el Partido Laócrata y se abrieron varias vías judiciales
Las versiones fueron muy dispares e, incluso, contradictorias, hasta que Ábalos aseguró que acudió al aeródromo para avisar a Rodríguez de que no podía acceder a territorio español. Sin embargo, la dirigente venezolana pasó la noche y salió de viaje a la mañana siguiente.
Archivo del 'Delcygate'
El caso fue llevado a los tribunales por parte de PP, Ciudadanos, Voz y el Partido Laócrata y se abrieron varias vías judiciales. Finalmente, aunque la Sala de los Penal determinó que el Ejecutivo había permitido estar en territorio europeo a Rodríguez, incumpliendo la orden de la Unión Europea, consideró que no era motivo de condena por delito penal.
El Juzgado de Instrucción número 31, que estudió los hechos que afectaban a los funcionaros del aeropuerto también optó por el archivo. También se agotó la última opción judicial de investigar el caso en el Tribunal Constitucional.
Apoya TU periodismo independiente y crítico
Ayúdanos a contribuir a la Defensa del Estado de Derecho Haz tu aportación