Nadie en CIU quiere hablar oficialmente de negociación en torno al planteamiento independentista en Cataluña. Pero las dos partes están comenzando a lanzarse señales cruzadas que apuntan al diálogo y las dos empiezan a marcar condiciones para celebrarlo. Lo ha hecho personalmente el Presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que en la última sesión de control al Ejecutivo planteó la necesidad de “no romper la baraja” y lo está haciendo desde Cataluña la vicepresidenta de la Generalitat, Joana Ortega. Ortega, perteneciente a Unió, el ala más moderada de la coalición catalanista, ha trasladado a Madrid que la futura interlocución deberá contar con un canal directo entre los dos presidentes Rajoy y Mas y no podrá pasar por una comisión de negociación en la que el Ejecutivo quería colocar al ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón.
La posición que Ortega ha expresado tanto en público como en privado a algunos diputados populares en la cámara catalana es interpretada por los responsables del PP como un primer gesto en el discurso de CiU que se acentuará más a partir del día 26 de noviembre, después de las elecciones autonómicas.
"La interlocución la mantendrán los presidentes o las vicepresidentas", aventuran fuentes del Ejecutivo
En una fase de planteamientos previos, ninguna de las dos partes quiere definir tampoco el contenido de una agenda de diálogo, pero fuentes de la Generalitat aseguran que detrás de términos ambiguos como el “nuevo modelo de relación con España”, se tendrá que hablar de dinero. “Hay que definir un nuevo sistema de financiación para Cataluña”, aseguran esas fuentes, con o sin concierto económico.
El Ejecutivo de Rajoy se niega a otorgar a Cataluña un estatus fiscal como el que tienen Euskadi o Navarra (un concierto por el que recaudan todos sus impuestos y transfieren a Madrid una cantidad fijada en un cupo). La diferencia de tamaño de las economías regionales (Cataluña representa aproximadamente el 25% del PIB nacional) hacen esa opción inviable, aseguran fuentes del Gobierno.
El acuerdo a corto plazo: la solidaridad “limitada”
La Generalitat catalana ha planteado ya lo que puede terminar siendo un punto de partida para el corto plazo: el de limitar la solidaridad de Cataluña con el resto del Estado a niveles del 4% de su PIB, frente a las transferencias actuales que rondan el 8%.
Ese planteamiento que fue originalmente dibujado por CiU rebajaría la tensión aunque fuentes del Partido Popular desconfían de que sirva para una solución sostenida a largo plazo. “El objetivo de la independencia en cuatro años hace prácticamente imposible el acuerdo” afirma uno de los dirigentes de la ejecutiva popular.
Justicia mantiene una interlocución “limitada” a los temas del ministerio
Justicia niega el veto a una mediación que –según fuentes del ministerio—nunca se ha planteado. “La única interlocución que ha habido con la Generalitat se mantiene con la consejera para despachar los temas de las carteras mutuas”.
Sin embargo, Gallardón sí queda señalado como parte de la ofensiva por cuanto es el responsable de vigilar el cumplimiento de la legalidad entre las instituciones. De hecho, Gallardón es quien dio orden a la abogacía del Estado de analizar la viabilidad legal del proyecto de referéndum y, en caso de detectar una vulneración legal, de comunicarlo a la fiscalía para que ésta lo eleve a un juez.
”No hay ningún diálogo con la Generalitat desde Justicia”, aseguran fuentes del ministerio que afirman que cuando comience el diálogo “se hará a nivel de presidentes o vicepresidentas”.
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