Isabel Díaz Ayuso y Enrique López quieren hacer bueno el dicho de "a la tercera va la vencida" con la Ciudad de la Justicia de Madrid. Tras los proyectos fallidos de 2004 y 2015, la Comunidad pondrá en marcha el proceso de adjudicación de las obras tras el Consejo de Gobierno de este miércoles.
Así, el consejero de Presidencia, Justicia e Interior informará de las características de la que podría convertirse en la mayor operación judicial del primer cuarto de siglo en España. El objetivo es concentrar las actuales 28 sedes judiciales de la Comunidad en 18 edificios levantados en una superficie de 375.000 metros cuadrados.
Tal y como destaca el propio Enrique López, "el partido judicial de Madrid es el centro judicial de España". De hecho, según las últimas estadísticas del CGPJ, solo en 2020 el partido judicial de Madrid ingresó 328.133 asuntos, casi los mismos que recibieron Barcelona (151.122), Sevilla (144.119) y Valencia (95.452) juntos. Unas cifras que, destaca el consejero, justifican este proyecto.
507 millones para el nuevo proyecto
Desde la Comunidad de Madrid destacan que el nuevo plan para la Ciudad de la Justicia ha sido posible después de la sentencia del Tribunal Supremo de 2020, que dio via libre a Isabel Díaz Ayuso a acometer su propio proyecto y dejar atrás los de Esperanza Aguirre en 2004 e Ignacio González en 2015.
Con la sentencia favorable, el ejecutivo regional se puso manos a la obra y encargó mediante concurso público un estudio de viabilidad económica para la construcción conservación y explotación del proyecto. Finalmente, la Comunidad contrató por 228.000 euros a la consultora canaria Eguesan para hacer el informe.
Este miércoles, Enrique López avanzará al Consejo de Gobierno las conclusiones fundamentales de ese estudio. En concreto, la nueva Ciudad de la Justicia optará por un modelo de concesión, que ya empleó la Generalitat de Cataluña, bajo la presidencia de José Montilla, para la construcción de la Ciudad de la Justicia de Barcelona.
La cantidad recae en el capital privado, que asume todos los riesgos derivados de la operación
Con esta fórmula, la inversión inicial calculada por la consultora Eguesan es de 507 millones de euros. La cantidad, destaca Enrique López, "recae en el capital privado, que asume todos los riesgos derivados de la operación". De este modo, la concesión no supondrá un mayor endeudamiento para la Hacienda Pública madrileña.
Canon anual de 50 millones
El estudio de Eguesan plantea una concesión de hasta 40 años con un canon anual de 50 millones cada año. La inversión es inferior al gasto de de 72 millones anuales que el gobierno regional dedica a la administración de Justicia, incluyendo arrendamientos, vigilancia, limpieza, suministro eléctrico, correo, archivo, etc. Todos esos gastos de mantenimiento, destacan desde la Comunidad, correrán a cargo de la empresa o las empresas adjudicatarias del proyecto.
La Comunidad de Madrid empezará a pagar la tarifa una vez concluida y recepcionada la obra, aproximadamente tres años después de que a principios de 2023 se ponga la primera piedra tras concluir el proceso de adjudicación del proyecto.
La adjudicataria o adjudicatarias del contrato de construcción obtendrán, además del canon anual, ingresos por la explotación comercial en los bajos y el entorno de los edificios, donde podrán instalarse restaurantes, oficinas, sucursales bancarias, guarderías, farmacias, y otros servicios para los empleados.
Así será la nueva Ciudad de la Justicia
Una vez abonado la totalidad del canon, la administración regional verá aumentado su patrimonio público, ya que la titularidad de la Ciudad de la Justicia pasaría a la Comunidad. De esta forma, el ejecutivo regional sería dueño de una parcela y unos edificios que con un buen mantenimiento podrían alcanzar vidas útiles de entre 75 a 100 años.
Cabe destacar, en ese sentido, que en la actualidad la Comunidad de Madrid solo es titular de 4 de las 28 sedes judiciales que utiliza. De hecho, el objetivo del Ejecutivo autonómico es ajustar los contratos de arrendamiento de los edificios en alquiler para abandonarlos a finales de 2025 o principios de 2026, cuando se calcula que se pueda hacer el traslado a la nueva ciudad judicial.
La Ciudad de la Justicia contará con un total de 18 edificios de 3 a 10 plantas
La Ciudad de la Justicia contará con un total de 18 edificios de 3 a 10 plantas, y la distancia máxima entre los más alejados será de apenas 500 metros. Además, se construirá un parking con capacidad para 4.000 plazas.
La construcción de la ciudad judicial se suma a otros proyectos clave del entorno de Valdebebas, como el Hospital Isabel Zendal, el Instituto de Medicina Legal, y la ampliación de la Línea 11 de Metro dentro de un nuevo plan de movilidad que permitirá conectar la zona con IFEMA y el Aeropuerto.
Además, el pasado 13 de octubre la Comunidad inició la tramitación para la licitación de las obras del futuro intercambiador que unirá la nueva Ciudad de la Justicia con el resto de la capital. Para ello, el Ejecutivo regional contará con una inversión de 32,8 millones de euros y un plazo de 15 meses de unas obras que podrían finalizar a principios de 2023.
El intercambiador tendrá una superficie de 25.000 metros cuadrados y, además de la Línea 11 de Metro, interconectara la red de autobuses urbanos y la Línea 1 de Cercanías. Además, la Comunidad prepara un Plan de Movilidad para facilitar los accesos por carretera.
Se calcula que unas 31.000 personas podrán hacer uso de la nueva infraestructura judicial, convirtiéndose en el centro de trabajo de los 5.000 funcionarios, 184 fiscales, 709 magistrados, 558 letrados de la administración de Justicia y casi 100 forenses que cada jornada hacen funcionar la Justicia madrileña.
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