España

Ciudadanos ‘exprime’ a sus grupos al elevar las aportaciones parlamentarias a 6,7 millones

Ciudadanos ha modificado sus cuentas internas de 2020 al incluir un millón de euros adicionales en la partida de las aportaciones institucionales, el llamado 'impuesto revolucionario' que el partido de

  • Reunión del Comité Ejecutivo de Ciudadanos.

Ciudadanos ha modificado sus cuentas internas de 2020 al incluir un millón de euros adicionales en la partida de las aportaciones institucionales, el llamado 'impuesto revolucionario' que el partido de Inés Arrimadas pide a todos sus grupos parlamentarios -desde el ámbito local al provincial, autonómico y nacional- y que supone ceder a la dirección nacional una parte de las ayudas públicas que obtienen por su actividad.

Vozpópuli ha tenido acceso a las cuentas del año pasado (ver abajo) que la formación naranja entregó la pasada semana a los miembros del Consejo General. En la memoria económica de Ciudadanos se indica que las aportaciones de los grupos institucionales sumaron un total de 6.724.322 euros a lo largo de 2020.

Esa cifra supone un millón más que la indicada al mismo Consejo General -5.784.213 euros- hace apenas seis meses, en diciembre, cuando la Secretaría de Finanzas dirigida por Carlos Cuadrado elaboró un documento -desvelado por El Independiente- sobre la situación financiera del partido y las previsiones de ingresos y gastos para 2021.

No son los únicos balances cambiados a la baja. Las cuotas de afiliados en 2020 que aparecían en diciembre eran 2.540.984 euros, cuando ahora quedan fijadas en 2.107.651 euros, lo que sugiere una importante merma de militantes. Y las donaciones recibidas el año pasado, que inicialmente se detallaron en 25.000 euros, ahora se han quedado únicamente en 13.961 euros.

La notable diferencia en el apartado de 'Aportaciones de grupos institucionales' es un indicio de que la dirección nacional que preside Arrimadas está 'exprimiendo' a estos grupos, tal y como se han quejado varios responsables a nivel autonómico. Por ejemplo, Francisco Álvarez, uno de los diputados 'díscolos' en el Parlamento de Murcia lanzó graves acusaciones en abril contra la Ejecutiva nacional, al asegurar que su partido "desvió" 280.000 euros del grupo parlamentario a Madrid sin que nadie supiese qué había pasado con ese dinero.

Álvarez subrayó que el partido a nivel nacional había estado "recibiendo algunas transferencias" de dinero que no creía que fuesen "las convenientes y las oportunas" para la formación naranja. "Y a cambio de esto, el partido debería haber llevado acciones en favor de ese grupo parlamentario y no se ha hecho absolutamente nada", advirtió este diputado naranja -uno de los tres que no apoyó la moción de censura- tras señalar que desde Ciudadanos Murcia "se ha llevado dinero a Madrid". En concreto, "280.000 euros en lo que va de legislatura", precisó.

Unas afirmaciones que la formación de Arrimadas negó en su momento de forma categórica, tras subrayar que todas las cuentas del partido se entregan al Tribunal de Cuentas sin que desde este órgano fiscalizador se haya puesto pegas.

Críticas en las Cortes valencianas

Más recientemente, el pasado 17 de junio, un quinto diputado de las Cortes valencianas, Vicente Fernández, se pasó al grupo de los no adscritos al no compartir "la deriva y las decisiones económicas adoptadas unilateralmente" por Ruth Merino, la nueva portavoz del menguado grupo parlamentario de Ciudadanos tras la marcha de Toni Cantó.

Fernández reprochó las transferencias al partido en concepto de subvenciones de "buena parte" de los fondos que el grupo parlamentario de las Corts percibe como tal. Todo ello sin someterlo a votación y "con la aquiescencia y consentimiento de los órganos de dirección" del partido cuando, a su juicio, ese dinero se debería destinar a la acción política de la formación naranja en el Parlamento valenciano.

En todo caso, los 6,7 millones de euros de las aportaciones de los grupos institucionales no es la cifra más alta en la historia de Ciudadanos, sino la segunda. En 2019, esa partida ascendió a 8.771.066 euros mientras que en 2018 se quedó en 5.828.204 euros. Son los dos únicos años que sirven de referencia pues en 2017, recién iniciada la expansión territorial por toda España, la formación naranja solo recaudó 27.416 euros por este concepto.

Ciudadanos goza de buena salud financiera. En 2020 logró un superávit de casi el 20% y aumentar el patrimonio neto hasta los 13,4 millones

En las previsiones de diciembre que Finanzas entregó a los consejeros de Ciudadanos se apuntó una caída del 32% en este apartado para 2021 y que el 'impuesto revolucionario' se redujese a los 4.378.735 euros. En aquel momento no se sabía qué iba a ocurrir en las elecciones catalanas del 14-F (el partido pasó de 36 a 6 diputados), si bien Cuadrado explicó tras los comicios a la dirección nacional que ese documento ya preveía un notable descenso de escaños.

Pero lo que nadie contempló -ni el propio Cuadrado- fue el escenario del 4-M en la Comunidad de Madrid, en el que Ciudadanos perdió los 26 diputados que tenía en la Asamblea regional por culpa de las elecciones anticipadas de Isabel Díaz Ayuso. Así que esos casi 4,4 millones de euros pueden estar desfasados a estas alturas de año.

La salud financiera de Ciudadanos

En todo caso, la formación centrista goza de buena salud financiera. En las cifras entregadas al Consejo General en diciembre se consignaron unos gastos ordinarios de 12.152.997 euros en 2020. Sin embargo, ahora en junio ese balance se ha quedado en 10.618.016 euros. Es decir, 1,5 millones menos. Otra sorprendente variación. En este caso para tranquilidad del partido. Curiosamente, esa cifra definitiva de gastos es casi idéntica a la previsión para este 2021 -10.678.468 euros-.

La diferencia entre ingresos y gastos permitió el año pasado a Ciudadanos lograr un superávit de 2.120.581 euros -el 19,9%- (leer abajo). Todo ello habiendo devuelto todos los créditos bancarios del maratón electoral de 2019 y que llegaron a sumar 13,7 millones de euros. Este hecho le ha permitido aumentar su patrimonio neto hasta los 13.477.988 euros. Un colchón con el que poder tirar sin agobios hasta la convocatoria de nuevos comicios locales, autonómicos y nacionales en 2023.

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