Ciudadanos exige por carta a la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, que suspenda de empleo y sueldo como eurodiputado al líder de Junts, Carles Puigdemont, por incumplimiento de la Ley Electoral española al no haber jurado la Constitución, requisito previo indispensable para aprobar su acta como europarlamentario. El secretario general de CS, Adrián Vázquez, que además ejerce como presidente de la Comisión de Asuntos Jurídicos en la Eurocámara, envió la misiva el pasado martes, y en ella pidió también la suspensión de privilegios a Antoni Comín, Clara Ponsatí Obiols y Jordi Solé.
La Comisión de Asuntos Jurídicos se puso en contacto con la Junta Electoral Central (JEC) para preguntar sobre los motivos por los que dicha autoridad nacional no había enviado la comunicación oficial de la adquisición de la condición de eurodiputado de Puigdemont, Comín, Ponsatí y Solé. La Comisión que preside Vázquez también interrogó a la JEC por las consecuencias legales de esta falta de notificación.
El 3 de noviembre de 2022, tal y como se relata en la carta a la que ha accedido Vozpópuli, la JEC respondió al citado escrito proporcionando una explicación individualizada de la situación jurídica de cada una de estas personas según la normativa española. "La conclusión a la que se llegó fue que ninguno de ellos había acatado la Constitución española, requisito de obligado cumplimiento recogido en el artículo 224.2 de la Ley Electoral".
En consecuencia, la JEC se encontraba incapaz de expedir sus credenciales. La JEC explicó que la falta de adhesión implica que "sus respectivos escaños deben permanecer temporalmente vacantes hasta que se cumpla el requisito mencionado, suspendiendo en consecuencia sus derechos y privilegios como miembros del Parlamento Europeo".
Vázquez señala en su comunicado a Metsola que "transcurridos casi diez meses desde la recepción de la respuesta de la JEC" confía en que coincidan "en la importancia de que el Parlamento Europeo resuelva la situación de estas cuatro personas, cuyas credenciales no pueden ser expedidas ni verificadas por incumplimiento de los requisitos previos establecidos en la ley aplicable".
"Para ello, tenemos a nuestra disposición un informe completo de la autoridad nacional competente en el que se afirma de forma inequívoca que todos los privilegios y prerrogativas que corresponden a don Carles Puigdemont i Casamajó, don Antoni Comín Oliveres, doña Clara Ponsatí Obiols y don Jordi Solé Ferrando como diputados Parlamento Europeo deberían ser suspendidos inmediatamente hasta que regularice su situación jurídica en España".
"Por lo tanto, solicito respetuosamente que este Parlamento adopte las medidas adecuadas a la luz de este asunto", concluye el comunicado a la presidenta del Parlamento Europeo. Recientemente, el Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) denegó el recurso del expresidente catalán y dos de sus consejeros contra la retirada de su inmunidad como europarlamentario, decisión tomada por el Parlamento Europeo a instancias de Vázquez. La ministra de Justicia, Pilar Llop, ministra de Justicia, se congratulaba de la decisión, pese a que su Gobierno desoyó durante tres años las solicitudes de ayuda del eurodiputado de Ciudadanos y que ahora está negociando con la investidura de Pedro Sánchez.
"Ha sido un trabajo solitario de 4 años. El Gobierno no ha ayudado en nada. Estaba clarísimo que había un pacto entre el PSOE y los fugados. Hemos estado tres años pidiendo ayuda al Ministerio de Justicia y no nos ha hecho ni caso", afirmaba Vázquez en declaraciones a Vozpópuli.
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