Carlos Carrizosa, líder de Ciudadanos en Cataluña, ha instado a la delegada del Gobierno en Cataluña, Teresa Cunillera, a que haga "cumplir los protocolos de vacunación" a la Generalitat y que se vacune también a los agentes de la Guardia Civil y la Policía Nacional residentes en la región y que el Ejecutivo catalán está relegando.
El líder naranja se ha reunido este lunes con los sindicatos Jusapol y Jucil, que denunciaron esta situación tanto en Cataluña como en el País Vasco, cuyos gobiernos han priorizado a sus respectivos cuerpos autonómicos, los Mossos d'Esquadra y la Erztaintza, en detrimento de estas otras fuerzas. En Cataluña solo se ha suministrado la vacuna de AstraZeneca a un 4% de estos cuerpos frente al 80% de los 'mossos', según denuncian los sindicatos.
Ante esta situación, Cs cree que si la Generalitat no lo hace voluntariamente, el Gobierno de España "debe tomar cartas en el asunto". En este sentido, también han solicitado una reunión con Cunillera después de que los principales sindicatos policiales les transmitieran sus preocupaciones.
"Motivaciones ideológicas"
En la carta enviada por la formación naranja explican que la Administración autonómica ha suspendido la vacunación de estos efectivos de los cuerpos de Guardia Civil y Policía Nacional pasando a inocular exclusivamente a quienes tienen entre 60 y 65 años, en lo que supone una evidente e injustificada "quiebra del principio y del derecho a la igualdad".
"No es descartable que la motivación de esta injustificada decisión responda a motivaciones políticas o ideológicas por la manifiesta y notoria animadversión del Govern" hacia "los cuerpos de Guardia Civil y Policía Nacional y sus efectivos puesto que desde el 24 de marzo de 2021 la administración autonómica ha reiniciado la vacunación de personas", abundan en su escrito.
Protocolo de Sanidad
El 24 de noviembre de 2020, el entonces ministro de Sanidad, Salvador Illa, presentó en el Consejo de Ministros el documento 'Estrategia de Vacunación COVID-19 en España' en la que se establecía que uno de los objetivos de la misma era establecer un orden de prioridad de grupos a vacunar, teniendo en cuenta criterios científicos, éticos, legales y económicos.
En esta estrategia, el Grupo de trabajo técnico de vacunación COVID-19, de la Ponencia de Programa y Registro de Vacunaciones del Consejo Interterritorial de Salud estableció que "los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado debían considerarse servicios especialmente críticos por su función esencial para la sociedad, efectivos limitados y difícilmente reemplazables".
En base a ello, se fijó la preferencia en la vacunación de las personas que prestan estos servicios especialmente críticos, como las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, Emergencias y Fuerzas (son grupo prioritario categoría 6A), ya que se consideran necesarios para el mantenimiento de las funciones sociales básicas, la salud, la seguridad, el bienestar social y económico de los ciudadanos, o el eficaz funcionamiento de las Instituciones del Estado y las Administraciones Públicas.
Depurar responsabilidades
En este sentido, Cs ha instado al Gobierno a que ejerza la "autoridad competente" que le otorga el estado de alarma para "requerir inmediata y urgentemente" al Govern que "reanude de inmediato la vacunación de todos los efectivos de los cuerpos de Guardia Civil y Policía Nacional que prestan sus esenciales servicios en Cataluña" y que "colabore en la investigación de las circunstancias en las que se ha adoptado la mencionada suspensión".
En la misma línea, insta a "esclarecer las circunstancias que han motivado dicha suspensión, comprobar su verosimilitud y, en su caso, proceder a depurar las posibles responsabilidades" en caso de que la misma responda a motivos o circunstancias proscritas por nuestro ordenamiento o la normativa aplicable a la campaña de vacunación derivada de la Estrategia aprobada por el Gobierno de España.
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