El decreto anticrisis, aprobado 'in extremis' este jueves gracias al apoyo de Bildu, trae consigo varias medidas que pretenden aliviar la presión fiscal que acecha el bolsillo de los consumidores. El plan de choque está valorado en 16.000 millones de euros e incluye medidas compensatorias para sectores de todo tipo: desde la ganadería, hasta vivienda, transportes y ciberseguridad. Algunas de ellas ya han hecho efectivas, como el descuento de 20 céntimos por litro de carburante hasta junio.
El PP había reclamado en los últimos días que el decreto debía contar con la bajada imprescindible del IRPF o otras medidas para rebajar la inflación como limitar el IVA de los suministros. Finalmente, el partido liderado por Alberto Núñez Feijóo ha decidido votar en contra del decreto al considerar que el Gobierno les ha dado la espalda. Los 'populares' insistían en reclamar mayores bajadas de impuestos y la deflactación del IRPF, y para ello pedían que el decreto se tramitase como proyecto de ley para poder introducir modificaciones. El Gobierno acabó accediendo a tramitar el texto como proyecto, pero no acepta las medidas que proponía el PP. Una vez aprobado, estos son algunos de sus puntos claves:
Prohibición de despido si hay ayudas
El decreto determina que aquellas empresas que se beneficien de las ayudas directas del proyecto de ley no podrán justificar la subida de los suministros como causa de un despido. Y al menos no podrán hacerlo hasta el 30 de junio. Si incumplen esta condición deberán devolver todas las ayudas públicas recibidas. Tampoco podrán justificar los despidos por el motivo de la guerra de Ucrania, por lo que se evita la destrucción de puestos de trabajo. En segundo lugar, la limitación de despido objetivo establece que las compañías en ERTE por la guerra también tienen restringidos los despidos.
Tope en el precio del gas
El Gobierno topará el precio del gas. Es una de las medidas fundamentales del decreto y que ya ha sido luchada en Bruselas. Afecta directamente a la rebaja del precio de electricidad por la referencia de este suministro dentro del mercado energético. La crisis energética es el mayor golpe que el Gobierno está padeciendo en los últimos meses y de ahí el intento constante del Ejecutivo para negociar el desglose de su precio con el del gas en Bruselas.
Finalmente, el precio del gas se ha fijado con la aprobación de la 'excepción ibérica' esta semana con el 'tope' de 50 euros. Se trata de una rebaja del 20% lograda con Portugal y que fija el tope progresivo en dicha cifra una vez que finalice el año. Se espera restar así hasta 70 euros al megavatio hora de la factura de la luz. Además, con la aprobación del decreto se favorece el control de los beneficios extraordinarios de las eléctricas y se suspende el impuesto de las renovables.
Límite a la subida del alquiler
Destensionar el precio del alquiler es uno de los puntos que han marcado este año la agenda del Gobierno de coalición. Tras el hito de la Ley de la Vivienda, ahora el Gobierno ha trabajado en medidas que alivien los gastos fijos del alquiler de los ciudadanos. El decreto prevé limitar al 2% la subida de los alquileres, pero aún faltan por detallar otros matices de esta medida como que la normativa solo beneficiará a los contratos que tengan que renovarse mientras esta medida siga aprobada. En conclusión, la medida prevé la desvinculación del IPC de la renovación anual de los contratos del alquiler.
Ayuda al sector empresarial
El decreto incluye una nueva línea de avales ICO con un paquete de hasta 10.000 millones de euros para dar oxígeno a los gastos que están afrontado las empresas con la subida del precio de la energía y los combustibles. También han prometido 362 millones para la agricultura y la ganadería (especialmente el sector lácteo) y 68 a la pesca. El sector de los transportes también sale beneficiado de este paquete de medidas con ayudas directas anunciadas esta semana por el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños. Se trata de un desembolso de 450 millones que se reparten en 1.250 euros por camión, 950 por autobús, 500 por furgoneta y 300 por VTC y taxis. Apaciguar al sector del transporte ha sido otro desafío para el Gobierno tras la huelga de transportes de mercancías en marzo, que amenazó con paralizar el país.
Además de estas medidas, el decreto también prevé destinar 1.000 millones para el Plan Nacional de Ciberseguridad y proteger a la población más vulnerable aumentando un 15% el Ingreso Mínimo Vital (IMV). Además, el texto blinda los contratos de ERTE y extiende el bono social eléctrico a 600.000 familias.
