La Ley de Vivienda tiene la luz verde del Congreso de los Diputados. ERC y EH Bildu anunciaron hace unos días que habían llegado a un acuerdo con el Gobierno de coalición para cerrar la nueva Ley de Vivienda. Los diputados de ERC, Pilar Vallugera y de EH Bildu, Oskar Matute ofrecieron una rueda de prensa para conocer más detalles sobre esto después de más de un año de negociaciones en el hemiciclo. Matute señaló que "por fin se reconoce el derecho a la vivienda" y que va regular "el mercado del alquiler topándolo".
La Ley de Vivienda ha sido uno de las normas estrella del Ejecutivo. La líder de Podemos y ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, ha insistido en varias ocasiones en aprobar esta ley "aunque sea por electoralismo", y les ha acusó de falta de "compromiso" con los derechos sociales por llevar tres años para sacar adelante dicha norma.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en un acto del PSOE de Cáceres se mostró convencido de que en esta legislatura se iba a aprobar la ley de vivienda: "Cada minuto que pasa en estos últimos días estoy más convencido de que esta legislatura también va alumbrar la primera ley de vivienda de la democracia", aseguró.
Sánchez afirmó que aún hay muchas dificultades para que los jóvenes puedan acceder a una vivienda con una edad razonable y no con las edades que estamos viendo.
Claves de la Ley de Vivienda
Regulación efectiva de los alquileres
Se van a regular todos los alquileres de áreas tensionadas en todos los casos. Los alquileres que estén en zonas de mercado tensionado "serán regulados y topados", sean propiedad de grandes tenedores o pequeños propietarios. El tope se establecerá dependiendo de la modalidad de contrato y de la propiedad.
Para los pequeños propietarios se hará mediante la indexación de la renta anterior en vigor y para los grandes tenedores será mediante la aplicación del índice de contención de precios. Estas medidas quieren contener y reducir los precios de forma efectiva.
Ampliación de la declaración de zonas tensionadas en el mercado de alquiler
Se van a mejorar y facilitar las condiciones para poder declarar las zonas tensionadas. La declaración de área tensionada se va a declarar cuando se cumpla una de las dos condiciones que se estable en la Ley: que la carga media del coste de la hipoteca o del alquiler más los gastos y suministros básicos supere el 30% de la renta media de los hogares o que el precio de compra o alquiler haya aumentado al menos 3 puntos por encima del IPC en los cinco años anteriores a la declaración de zona tensionada.
Nueva definición para los grandes tenedores
Se va a rebajar la definición de 'gran tenedor' de 10 a 5 inmuebles. Serán las comunidades autónomas, en función de sus competencias y dependiendo de sus realidades, las que podrán rebajar la condición de los 10 inmuebles que se establecía en el proyecto del Gobierno a los 5 que finalmente va a incluir la Ley de Vivienda.
De esta manera, los propietarios que tengan 5 o más inmuebles en zonas tensionadas serán considerados como grandes tenedores y se les aplicarán las medidas concretas para estos propietarios.
Nuevas medidas de protección frente a los desahucios
La Ley de Vivienda prohibirá los desahucios sin fecha y hora predeterminada. También va a incluir nuevas prórrogas en los procedimientos de lanzamiento. Aplazará los procesos más de 2 años y se estipula el acceso obligatoria a procedimientos "de solución extrajudiciales para las personas vulnerables".
Las comunidades autónomas podrán articular "mecanismos propios de mediación y alternativa habitacional que consideran oportunos". Se va a reconocer por primera vez la capacidad de poder utilizar los fondos de los planes estatales de vivienda a ofrecer alternativas habitacionales "para personas en riesgo de desahucio mediante alquileres sociales bonificados, realojamientos de personas en situación de vulnerabilidad o cualquier otro política que tenga como objetivo ofrece alternativas" a estas personas y familias.
Protección a los inquilinos
Los gastos inmobiliarios y honorarios producidos por el alquiler de una vivienda tendrán que correr a cargo siempre por parte del propietario. Esto termina con el impedimento que muchas personas o jóvenes tienen para acceder a algunas viviendas por el gran desembolso inicial.
La nueva ley va a prohibir aumentar las rentas de alquiler "por la vía de nuevos gastos, que obligarían a los inquilinos a abonar gastos de comunidad, tasas de basura o cualquier otro gasto no atribuible al inquilino que no estuvieran acordadas previamente".
Se van a eliminar las cláusulas que "permitían la no aplicación de las medidas que contiene la Ley de existir un acuerdo entre las partes" puesto que "desde una posición preponderante del propietario sobre el inquilino que suele darse de manera habitual, el inquilino podría verse forzado a renunciar por contrato a las medidas y derechos que contiene la Ley".
Se elimina el IPC como índice de referencia para la actualización de los contratos
Para evitar aumentos descontrolados en la renovación de los contratos, durante 2023 se va a aplicar el límite del 2% en vigor, pero a partir de 2024 será del 3%. De ahí en adelante se va a crear un nuevo índice en estos términos que será más estable e inferior a la evolución del IPC.
Blindaje competencial
La nueva Ley de Viviendas quiere respetar las competencias autonómicas y locales "ofreciendo un marco jurídico habilitante y seguro para que las instituciones competentes en materia de vivienda puedan despegar, desarrollar y ampliar las políticas de vivienda necesarias mediante sus capacidades y herramientas propias".
De esta manera, se van a suprimir siete artículos relacionados con políticas de consumo en la que el Estado "no tiene competencia" y se modificarán otros para superar "la vulneración competencial en materia de vivienda de las comunidad autónomas".
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