En noviembre de 2017, agentes de la policía judicial acudieron a los diferentes domicilios y oficinas del comisario jubilado José Manuel Villarejo y su socio Rafael Redondo. Aquellos registros derivaron en los "dispositivos masivos de información" que nutren las hasta ahora 13 piezas de caso Tándem; pendrives, discos duros, CD y cientos de folios que mantienen al ex alto mando en prisión preventiva y a varios empresarios, banqueros y políticos en vilo. Ahora, un grupo de presuntos clientes del excomisario ha pedido al juez a cargo de la investigación que anule las grabaciones por una supuesta vulneración de sus derechos.
Los socios mayoritarios del despacho Herrero y Asociados, quienes habrían contratado a Villarejo para espiar a un bufete de la competencia, han solicitado que se eliminen los audios contenidos en uno de los materiales incautados en el domicilio de Boadilla del Monte (Madrid). En concreto, han hecho referencia a las grabaciones recogidas en el "pendrive Pfizer, indicio BC 08", que sirve de prueba en la pieza Iron -la número tres del caso Tándem- en la que se investiga un supuesto encargo contra el despacho de abogados BalderIP Law.
El archivo en cuestión registra, entre otras cosas, una reunión de septiembre de 2013 entre los socios mayoritarios de Herrero y Asociados y Rafael Redondo. En ella, "se hace referencia explícita a la utilización de técnicas ilegales de las que, en consecuencia, habrían tenido conocimiento los que participaron en esa reunión".
La petición tiene lugar meses después de que la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ordenara reabrir la pieza. Aquel auto rectificó la decisión del juez Diego de Egea, que hasta el pasado diciembre estaba a cargo de la instrucción del llamado caso Villarejo. Los jueces aseguraron que se mantenía el "indicio de la participación de los investigados" en hechos inicialmente delictivos.
"Derecho a la intimidad"
Andrés Medina, Francisco Carpintero y Álvaro Martínez, actualmente imputados, han insistido en que con los audios se vulneró "el derecho a la intimidad", ya que se grabaron "sin su consentimiento ni conocimiento las conversaciones en las que participaban", según consta en un escrito al que ha tenido acceso Vozpópuli.
En España, sin embargo, las grabaciones entre particulares son una prueba útil y válida y no suponen una ilegalidad siempre y cuando quien las aporte sea uno de los participantes en la conversación, según la Ley de Protección de Datos y la doctrina sobre derechos fundamentales y de estimación de prueba que mantienen el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional.
En España, las grabaciones entre particulares son una prueba útil y válida siempre y cuando quien las aporte sea uno de los participantes en la conversación
En el caso Villarejo los audios han tenido un gran protagonismo en cada una de las piezas. Desde el pasado octubre, cuando Vozpópuli desveló las grabaciones del presunto espionaje al exministro socialista Miguel Sebastián, se han dado a conocer cintas que aluden a políticos y a empresarios. En la lista destacan la exsecretaria general del PP Dolores de Cospedal y la ministra en funciones de Justicia Dolores Delgado, aunque ninguna de las dos ha sido imputada en la causa; y el ex jefe de seguridad del BBVA Julio Corrochano y los hermanos navieros Pérez-Maura, ambos investigados en la Audiencia Nacional.
Herrero, Carpintero y Martínez también han denunciado una vulneración del "derecho a la confidencialidad" al considerar que las conversaciones registradas se enmarcan en la "relación profesional entre letrado y cliente". Villarejo, que es abogado colegiado, se valió del mismo argumento para no contestar a las preguntas de la Fiscalía sobre su relación profesional con el exjuez Baltasar Garzón.
"Cadena de custodia"
En el mismo escrito, los tres socios de Herrero y Asociados han denunciado ante el juez Manuel García-Castellón una "ruptura de la cadena de custodia por lo que los audios carecen de la identificación protocolaria para garantizar su integridad". De ahí que insistan en la eliminación de las grabaciones.
Podemos, que ejerce la acusación popular en la causa, ha asegurado en el escrito en el que rechaza que se anulen los audios que la alegación de los tres acusados es una "mera suposición o conjetura". "Ha quedado cristalinamente acreditado que el recorrido realizado por el Indicio BC-08 desde su incautamiento el 2 de noviembre de 2017 hasta hoy ha cumplido con todas las disposiciones protocolarias", han insistido desde el partido.
El argumento de los investigados se expone después de que el pasado marzo el juez ordenara a la Unidad de Asuntos Internos de la Policía identificar a todos los técnicos del Instituto Nacional de Ciberseguridad de España (Incibe) que tengan acceso a los audios del excomisario para evitar las filtraciones de las grabaciones. Y de que un mes antes, en febrero, encargara a la misma unidad elaborar un informe identificando todas las grabaciones y documentos interceptados que pueda comprometer la seguridad del Estado. Esta semana, El País ha publicado que el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) ha logrado desencriptar cerca de la mitad de los 32 terabytes de documentos informáticos intervenidos a Villarejo y Redondo.
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