El acercamiento entre En Comú Podem y ERC, reforzado tras la marcha de Manuel Valls del Ayuntamiento de Barcelona, tiene costes evidentes para la formación de Ada Colau. Según explican fuentes de la formación a Vozpópuli, algunos sectores del partido han advertido a la alcaldesa de Barcelona del peligro de sumarse a todas las “reivindicaciones” del nacionalismo. En concreto, en las que abandera ERC.
El Gobierno de la Generalitat quiere seducir a los de Colau para que aprueben su decreto ley sobre la creación de un fondo de 10 millones de euros que dé cobertura a las fianzas de los 34 encausados por el Tribunal de Cuentas. Tanto ERC como JxCat son conscientes de que una “mayoría transversal” en el Parlament a favor de este fondo daría mayor credibilidad a su propuesta, tal y como ha adelantado este diario, y, al mismo tiempo, forzaría al PSC y a Moncloa a tener una posición más matizada si sus socios en el Ejecutivo la avalan.
Nuevo escenario
No obstante, algunas voces alertan de que si el Tribunal de Cuentas confirma la malversación puede ser contraproducente que una formación que, desde su alumbramiento, se ha mantenido muy crítica con Junts y con la corrupción (la portavoz Jéssica Albiach centró su última campaña electoral en el ataque a Laura Borràs y Puigdemont), pase a dar su apoyo a un fondo que se ha dotado con dinero de otras partidas públicas y en el que, durante su anuncio, el conseller de Economía, Jaume Giró, mantuvo en todo momento en secreto la procedencia del dinero.
En Comú Podem, además, se define como soberanista, pero no independentista, y sus calculados equilibrios pueden saltar por los aires si cierra filas con ERC en todo lo que hace referencia al procés independentista. En especial, desde que su propuesta estrella, la concesión de los indultos, se hayan resuelto. Esto significa que, entre las filas de Colau, algunos apuestan por subrayar una posición más alejada de los independentistas tras la concesión de los indultos que, al fin y al cabo, siempre fue una exigencia de los morados.
Pacto Nacional por el Referéndum
Este mismo miércoles el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, volvía a pedir desde el Parlament una “gran alianza” en favor del derecho de autodeterminación y de la ley de amnistía. Apelaba, principalmente, a los partidos que pese a no ser independentistas, están a favor del ejercicio de estos derechos. Es decir, incluía a los morados pero no al PSC.
La alcaldesa de Barcelona, tras su primera reunión con Aragonès ya investido presidente, aseguró que “siempre iban a estar” junto al Govern en todo lo que tiene que ver con la libertad de los condenados por sedición y sobre un eventual referéndum de secesión. En ese momento, sin embargo, los presos todavía no habían sido indultados.
Desde el partido matizan ahora esas palabras de Colau y sostienen que “todavía no está decidido” si se sumarán a este Pacto Nacional por el Referéndum y la Amnistía que promueve Aragonès. Son conscientes de que corrientes internas piden distanciarse de las reivindicaciones de ERC, que les aprieta para que se sumen.
Es definitiva, hasta que los presos del 1-O estaban en la cárcel, para Colau y los suyos era rentable en el contexto catalán luchar al lado de los nacionalistas para exigir la liberación de los encarcelados. Ahora, sin embargo, encima de la mesa está el debate sobre qué hacer en la nueva etapa política que se abre, máxime porque Ada Colau parece haber recuperado su viejo impulso de mirar con mucho interés a la política nacional. Hace algo más de un año, la regidora perfiló una estrategia para dar el asalto a Podemos. En las aguas revueltas de hoy no se puede excluir que el proyecto vuelva a tener cierto atractivo.
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