Las autoridades de Colombia detuvieron el pasado sábado al exgerente de expansión internacional de Inassa (la filial colombiana de la empresa del agua de la Comunidad de Madrid, el Canal de Isabel II), Diego García Arias, considerado el hombre clave en Latinoamérica de la trama de corrupción presuntamente dirigida por el expresidente madrileño Ignacio González.
Los investigadores consideran que García Arias, que fue arrestado en Colombia en un aeropuerto al regresar de México, es un personaje fundamental en la organización delictiva destapada con la Operación Lezo en Colombia, Panamá, Ecuador y la República Dominicana, y a quienes se les imputa los delitos de pertenencia a organización criminal, blanqueo, falsificación de documentos públicos, prevaricación, fraude y malversación.
En concreto, en las conversaciones grabadas por los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) por orden del anterior instructor del procedimiento en la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, dos imputados aseguran que Diego García Arias había sido la persona encargada de sufragar las mordidas a los políticos: "Ha pagado campañas de presidente, campañas de alcaldes...", reconoció Edmundo Rodríguez Sobrino, expresidente de la filial del Canal de Isabel II en Latinoamérica y exconsejero de La Razón, considerado uno de los cabecillas de la trama, que junto a Ignacio González permanece en prisión preventiva.
En un escrito de 5 de agosto que el abogado del propio expresidente madrileño envió al nuevo instructor de la causa en la Audiencia Nacional, el magistrado Manuel García-Castellón, Ignacio González aseguraba que la investigación secreta de la UCO incluía las operaciones económicas realizadas por la trama en Brasil, Colombia y República Dominicana, así como, "con toda seguridad, en otros países".
Orden de extradición
El juez García-Castellón ha reiterado la petición de extradición que ya había reclamado su antecesor Eloy Velasco sobre García Arias, que está imputado en el caso Lezo, con la intención de que declare sobre su implicación en los hechos investigados. El 25 de abril, tras las detenciones ordenadas por el magistrado, el Canal de Isabel II expulsó a los implicados, entre los que se encontraba el arrestado el pasado sábado en Colombia.
Precisamente, el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón alegó en el auto en el que rechazaba liberar a González que todavía existía riesgo de fuga del cabecilla, ya que la red corrupta que presuntamente dirigía "ha operado en diferentes países, habiendo reconocido el propio Ignacio González en conversaciones telefónicas su intención de comenzar una nueva vida de negocios en Sudamérica, donde precisamente existen varias operaciones investigadas en el marco de la presente instrucción".
Diego García Arias se encargaba de "la intermediación con alcaldes, concejales, periodistas, líderes cívicos y comunales, y autoridades civiles, religiosas y militares"
La prensa colombiana aclara que el arrestado también había sido hasta el 17 de abril exgerente financiero de Metroagua S.A, empresa responsable de prestar el servicio de acueducto y alcantarillado en la localidad colombiana de Santa Marta. Como gerente de esta empresa, según el diario La Libertad, Diego García Arias se encargaba de "la intermediación con alcaldes, concejales, periodistas, líderes cívicos y comunales, y autoridades civiles, religiosas y militares".
La prensa colombiana también había asegurado de forma errónea en abril que Diego García Arias, que reside en Barranquilla (Colombia), había sido detenido, pues formaba parte de la junta Directiva de la Triple A junto con Edmundo Rodríguez Sobrino. Sin embargo, no fue hasta el pasado sábado cuando la Policía de Colombia logró arrestarle, según han confirmado a Vozpópuli fuentes del caso.
"Origen delictivo"
La semana pasada, la Sección Cuarta de Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional confirmó la decisión del magistrado García-Castellón de mantener en la cárcel a Ignacio González. Los magistrados consideran que hay indicios claros de que el expresidente madrileño del PP "maneja una cantidad ingente de dinero de origen delictivo".
De esta forma, la Sala de lo Penal rechazaba el recurso presentado por el abogado de González en el que pedía que su cliente saliera de prisión, donde se encuentra desde el pasado 21 de abril por su presunta implicación el Operación Lezo, al entender que las pesquisas desarrolladas apuntan hacia "una progresiva cristalización de los diferentes indicios de criminalidad".
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