La Comisión Europea (CE) ha estimado la entrada del catalán, gallego y vasco en la Unión Europea (UE) en un mínimo de 132 millones de euros al año para España. Los servicios técnicos de la CE se han basado en lo que costó introducir el gaélico cuando lo pidió Irlanda. No obstante, las instituciones, que hicieron el cálculo a petición de nuestro país y con más de una cuestión en el aire, han avisado que para obtener una cifra más exacta haría falta un trabajo de seis meses.
La introducción del gaélico a petición de Irlanda tuvo lugar en 2015. Así que los cálculos se han hecho con los precios de ese año añadiéndole una indexación del 2% anual. "Para llegar a una estimación más precisa de los costes de añadir el euskera, el catalán y el gallego al Reglamento nº 1/1958, sería necesario tener en cuenta una serie de factores", explica la Comisión.
Así se ha podido ver en el documento de 14 páginas firmado a 6 de diciembre y adelantado por El País hoy 8 de diciembre. Todo comenzó a petición de Marcos Alonso, embajador representante permanente de España ante la UE, mediante un correo al que los servicios de la Comisión Europea le responden el 24 de octubre.
"Una vez que el Consejo tenga una posición formal sobre esta cuestión y las autoridades españolas hayan indicado su enfoque respecto de una serie de cuestiones como, por ejemplo, el régimen transitorio, podríamos proporcionar un estado financiero completo en un proceso interinstitucional formal. Estimamos que este proceso tomaría hasta seis meses", respondía la Comisión Europea.
El documento dicta que "una estimación preliminar para un régimen completo" de la introducción de una nueva lengua es de 44 millones, siendo tres, asciende a 132 millones al año. Aunque ha especificado que hay varias cuestiones que alterarían esta cifra. Debido a las imprecisiones en la cifra, España planea replantear la cuestión en el Consejo de Asuntos Generales de la semana que viene.
Cuestiones de la Comisión Europea en la entrada del catalán, gallego y vasco a la UE
El primer problema que plantea la CE es que cada idioma es diferente. Es necesario tener en cuenta la "facilidad de contratación de personal para traducción, interpretación, revisión jurídica y publicaciones para las instituciones y órganos de la UE, incluidos los órganos y agencias descentralizadas de la UE legalmente obligados a presentar solicitudes", refleja el documento.
Dependiendo de las necesidades que se creen frente a esta cuestión, "será necesario identificar y organizar una formación específica con las autoridades españolas".
El segundo aspecto que plantean es la disponibilidad de bases de datos terminológicas y de los conjuntos de datos necesarios para alimentar la traducción automática. "Cuando no existan, y nuevamente basándose en el trabajo con las autoridades españolas, será necesaria inversión para crear memorias de traducción y en el equipo técnico y de TI para desarrollarlas", explica el documento.
La introducción de las lenguas cooficiales en la Unión Europea viene de la mano del pacto firmado entre PSOE y Junts de cara a la pasada investidura de Pedro Sánchez. El PSOE intentó llevar está cuestión a la UE en varias ocasiones, causando discrepancia de opiniones y etiquetando la situación de precipitada. Muchos países no ven la introducción de estas lenguas como una materia importante y urgente ahora mismo para la Unión Europea.
Cabe señalar que el documento enviado por parte de los servicios técnicos de la Comisión Europea es provisional y que, como ya han avisado, no cubre todos los gastos. "Hay otros organismos de la UE que no están cubiertos por la ficha financiera sobre la excepción irlandesa, incluido el BEI o 24 de las 34 agencias descentralizadas que están legalmente obligadas a aplicar el Reglamento 1/1958 y cuyos costes de traducción también se debe tener en cuenta".
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