Mariano Rajoy telefoneó este domingo al presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, en un último intento para evitar la imposición de una multa a España por incumplir el compromiso de reducción del déficit, tal y como explican en fuentes diplomáticas de Bruselas. En vísperas de la nueva comparecencia a las urnas, la sanción habría supuesto un varapalo político de importantes dimensiones para el Gobierno de Rajoy, de consecuencias imprevisibles. El ministro español de Economía, Luis de Guindos, evitó por relativizar la cuestión al asegurar que el asunto de la multa "no es un tema relevante".
El jefe del Ejecutivo español en funciones había enviado hace diez días una misiva al presidente de la CE para presentar el listado de atenuantes a esta situación de incumplimiento así como para frenar la multa, la clave de todo este asunto.
Juncker, quien mantiene una relación afectuosa con el jefe del Gobierno español, reaccionó tras la llamada en forma inmediata. La Comisión decidió aplazar sus medidas sobre la puesta en marcha del procedimiento sancionador contra España. El jefe del Gobierno comunitario impuso su criterio sobre otros altos responsables de la Comisión, como el vicepresidente Dombrovskis o el comisario de Asuntos Económicos, Pierre Moscovici, muy poco sensible para con los problemas españoles.
El momento político
"No es el momento desde el punto de vista económico ni político para dar ciertos pasos", explicó el comisario al detallar la decisión adoptada. No habrá medidas hasta que se celebren las generales en España y el referéndum británico sobre su permanencia en la UE. Moscovici se encargó de puntualizar que "el aplazamiento de la decisión no prejuzga cuál será el sentido de ésta". Es decir, que hay un guiño temporal y poco más, si se atiende a lo literal de las palabras. Estrictamente lo imprescindible para que el presidente español en funciones pudiera salir del paso y esquivar este trance. El severo castigo de la UE, algo más de 2.000 millones de euros, habría supuesto un puñetazo político en un momento delicado. En algunos círculos europeos se especula ahora en que quizás ni siquiera se concrete la sanción a España este mes de julio, aunque se trata de unas elucubraciones basadas en la tradicional actitud comunitaria, poco dada a este tipo de gestos para con los países que han mostrado un comportamiento razonable.
La multa desbarataría la estrategia, la imagen y los pilares de lo que ha sido la etapa de Rajoy
En vísperas de la celebración de unas lecciones decisivas, el Gobierno de Rajoy se prepara para repetir, durante toda la campaña, la ya trillada fórmula del éxito económico de su gestión, tanto en lo que hace a la creación de empleo como al crecimiento y la recuperación en general. El mazazo de la multa comunitaria desbarataría no sólo la estrategia, sino la imagen y los pilares de lo que ha sido la etapa de Rajoy en el poder.
Este es el motivo de lo perentorio de la llamada de última hora, pues había dudas en Madrid sobre la actitud que adoptaría finalmente la Comisión. Junto al aplazamiento de la sanción, Bruselas también hacía público la concesión de un año de prórroga para para cumplir con el déficit, previo recorte de 8.000 millones. Dos reuniones del Colegio de Comisarios y un dictamen del servicio jurídico del ejecutivo comunitario han hecho falta para llegar a esta decisión, que supone un alivio para el PP y un fardo enorme para el Gobierno que resulte del 26-J.
Fuentes diplomáticas españolas destacaban en estas horas que el anuncio por sorpresa de la decisión comunitaria es debido, sobre todo, a las excelentes relaciones que mantiene Rajoy con Juncker y, sobre todo, al horizonte inestable que se adivina en España una vez celebradas las elecciones generales. Los populismos y la izquierda radical se contemplan con escasa simpatía en los organismos comunitarios. A Bruselas llegan inquietantes versiones sobre la posibilidad de que la coalición Podemos e IU consigas un avance notable en la próxima cita electoral. De ahí el gesto, de ahí la ayuda, comentan las mencionadas fuentes.
