El presidente catalán, Pere Aragonès, ha sorprendido este martes con una nueva propuesta para realizar un referéndum de autodeterminación. El mandatario ha explicado que ahora quiere apostar por la llamada vía canadiense. Pero, ¿qué es la vía canadiense que el presidente de la Generalitat y coordinador nacional de ERC ha puesto sobre la mesa como posible solución para desbloquear el conflicto catalán?
En 1980 y 1995 la provincia francófona del Quebec (Canadá) celebró dos referéndums independentistas: el primero evidenció una brecha de 20 puntos a favor de mantener la unidad de Canadá, pero en 1995 los partidarios de la permanencia se impusieron por pocas décimas, 50,58% frente a 49,42%.
Ante la persistencia en las demandas secesionistas, el Gobierno canadiense aprobó la "Ley de la Claridad" tras solicitar la opinión del Tribunal Supremo sobre la legalidad de la separación de una de las dos provincias que forman parte del núcleo original del país.
En el año 2000, el gobierno canadiense aprobó esa Ley de Claridad: en primer lugar la norma establecía que el Parlamento de Ottawa debatirá, 30 días antes del referéndum, si la pregunta que el gobierno de Quebec formula a sus ciudadanos establece claramente que el objetivo de la consulta es la separación de Canadá.
Un aspecto que quería evitar los enunciados confusos de 1980 y 1995. "¿Acepta usted que Quebec sea soberano después de haber ofrecido formalmente una nueva asociación económica y política en el marco del proyecto de ley sobre el futuro de Quebec y el acuerdo firmado el pasado 12 de junio?", se preguntó en esa última consulta.
La Ley también otorgaba al Parlamento canadiense la facultad de decidir si los votos obtenidos por los independentistas bastaban para imponerse y se estipuló que la mayoría simple no era suficiente; y especificaba farragosos asuntos que entrarían en una supuesta negociación, como fronteras, reparto de propiedad pública, deuda nacional o derechos de minorías lingüísticas y naciones indígenas.
Una ley que levantó ampollas en Quebec y batallas jurídicas
Pero al mismo tiempo la norma no señalaba qué porcentaje de votos sería "mayoría suficiente" para iniciar negociaciones; como también fue conflictivo el punto de que Ottawa consideraba que, como la separación de Quebec requeriría enmendar la Constitución, la mesa de negociación incluiría a todos los gobiernos provinciales del país.
El Ejecutivo de Quebec dejó claro que no reconocía esa ley y aprobó ese mismo año la llamada Ley 99 que estipulaba que los quebequeses tenían el derecho a decidir si se quieren separar de Canadá y que solo era necesario el 50% más uno de los votos emitidos. En 2013 el Gobierno federal recurrió varios artículos de la Ley 99; y enmendó en 2018 la postura del Tribunal Superior de Quebec que determinó que la constitucionalidad total de esa ley quebequesa.
En 2013, el líder del PSC, Pere Navarro, se vio con el exministro canadiense Stéphane Dion, impulsor de la Ley de Claridad; y aunque los socialistas catalanes abandonaron su defensa de una consulta soberanista, en 2016 el entonces líder del PSC y ahora ministro de Cultura, Miquel Iceta, recuperó la vía canadiense como opción B si los catalanes rechazaban antes en referéndum una reforma federal.
Esa propuesta llegó incluso a formar parte del borrador de la ponencia del congreso del PSC, pero las presiones de sectores del partido y casi una ruptura con el PSOE provocó que esa alusión desapareciera del texto final.
En 2018, el presidente del Gobierno y líder del PSOE, Pedro Sánchez, admitió tras reunirse en Montreal con el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, que de "la experiencia de Canadá" con Quebec se podían extraer lecciones para Cataluña.
Y en 2019, el entonces presidente del Parlamento catalán, Roger Torrent (ERC), propuso también un "pacto de claridad", idea que se mostraron abiertos a estudiar el partido de los comunes. En todo caso, no hay que olvidar que ERC optó en 2017 junto a JxCat por la vía unilateral en el referéndum ilegal del 1-O, y ahora apuesta por el pacto.
