España

Los otros protagonistas de la Complutense que están en el punto de mira por la cátedra de Begoña Gómez

La causa dirigida por el juez Peinado se centra en la concesión de la Cátedra Extraordinaria para la Transformación Social Competitiva a la esposa de Pedro Sánchez

Nuevas piezas del puzle van viendo la luz en el 'caso Begoña Gómez'. Después de que la Fiscalía Europea se hiciera cargo de las pesquisas relacionadas con gran parte de los contratos concedidos por la Administración al empresario Carlos Barrabés, la causa dirigida por el juez Peinado se centra en la concesión de la cátedra por parte de la Universidad Complutense de Madrid a la mujer del presidente de Gobierno.

Por el Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid ya han desfilado el rector de la UCM, Joaquín Goyache, el vicerrector José María Coello y su predecesor en el puesto, Juan Carlos Doadrio. Ahora el titular del caso podría ampliar la investigación y citar como testigos a más cargos de la Universidad a fin ahondar en la creación de la Cátedra Extraordinaria para la Transformación Social Competitiva codirigida por la esposa de Pedro Sánchez.

Tal y como informó Vozpópuli, las declaraciones de los vicerrectores de la Complutense dirigidas por Peinado, el pasado 19 de julio, se centraron dirimir los términos bajo los que se concedió el título universitario a Begoña y al procedimiento que pilotó la Comisión Mixta de Seguimiento. Como responsables de dicha comisión, Coello y Doadrio fueron citados por el juez, lo que permite tantar la posibilidad de que la lista de testigos de la causa pueda crecer.

La Complutense reclama información a la dirección del máster

Entre los candidatos destaca José Manuel Ruano de la Fuente, codirector, junto a Begoña Gómez de la Cátedra Extraordinaria para la Transformación Social Competitiva. La presencia del doctorando durante la última reunión de la comisión de seguimiento, celebrada el pasado 2 de julio, en la que la esposa del secretario general del PSOE quiso presentar la memoria de las actividades del máster durante 2023, una vez la causa abierta contra ella ya rastreaba dichos documentos, puede ser clave para la continuación de la investigación.

Durante el encuentro, Ruano, al igual que la propia Begoña Gómez, abogó porque se aprobara el acta y dicha memoria, al entender que "no existe conexidad entre las diligencias dirigidas por el jugado madrileño y la actuación de la comisión de la Complutense. Un criterio contrario al defendido por el vicerrector José María Coello de Portugal, quien rechazó aceptar la documentación remitida por la dirección del máster alegando el "principio de prudencia" ante la existencia de un procedimiento judicial abierto.

El papel de Ruano como codirector de la cátedra concedida a Begoña Gómez puede ser clave para la investigación. Por el momento, según el informe remitido por la Universidad al propio juzgado en el que solicitaba al juez investigar un posible tráfico de influencias, el docente manifestó a través de un correo electrónico la responsabilidad de dar explicaciones sobre las presuntas irregularidades ya había sido trasladada por él mismo a la imputada.

Los gastos del máster de Begoña Gómez superan los 100.000 euros

Entre la documentación requerida por el ente público es la relacionada con la licitación de contratos y gastos celebrados en torno a la Cátedra Extraordinaria para la Transformación Social Competitiva, sobre los que la empresaria no ha aportado información y que ascienden a un total de 102.848 euros. Entre los gastos derivados del máster destaca un procedimiento abierto simplificado cuyo objeto fue la "asistencia y asesoría técnica y tecnológica para la creación de una plataforma de gestión y medición de impacto en la Pequeña y Mediana Empresa".

El software financiado en un inicio gracias a Google, Indra y Telefónica sufrió un pequeño bache en septiembre de 2023. Las tres compañías acabaron retirándose en la fase final del proyecto lo que acabó desencadenando que el rectorado de la Universidad sacara a concurso el contrato para subsanar la parte final de la plataforma, por un valor máximo de 72.600 euros.

La Complutense sacó a concurso dicha licitación el 26 de julio de 2023. Dicho documento, donde la UCM especificaba la cantidad máxima del concurso, despeja varios nombres; en primer lugar, entran como responsables académicos o administrativo Margarita B. y Rosario D., acompañadas por la interventora Elvira G. La intervención de los mencionados funcionarios podría ser objeto de atención para la investigación abierta contra la mujer de Pedro Sánchez.

Mesa de contratación de Deloitte

Finalmente, Deloitte Consulting SLU se hizo con el concurso superando a Futura Vive Technologies, SL con la oferta más barata. La consultora acabó llevándose el encargo de acabar con la fase final de software por 60.500 euros. Ahora, la Complutense requiere información a la dirección del máster sobre dicho concurso, después de que la propia Begoña Gómez firmara el pliego de prescripciones técnicas de la licitación, hecho denunciado ahora por Manos Limpias en su última aplicación de querella al considerar que la investigada "carece" de la formación necesaria para tales fines.

A fin de esclarecer algunas de las incógnitas que rodean a este proceso de contratación, el juez Peinado podría requerir del testimonio de los funcionarios de la Complutense que formaron parte de la mesa de contratación. En calidad de presidenta, compareció María del Rosario Delgado Fernández, acompañada por dos vocales y una secretaria del servicio de contratación.

Por el momento, tras cambiar la condición del empresario Carlos Barrabés y el rector de la UCM, Joaquín Goyache, a imputados, el juez sólo ha acordado citar a declarar como testigo a Pedro Sáchez. Su condición de presidente del Gobierno le exime de tener que acudir a declarar al juzgado y que pone sobre la mesa la posibilidad de declarar por escrito, tal y como ha manifestado el líder socialista en un escrito remitido al juzgado.

El jefe del Ejecutivo recuerda en su escrito que, conforme a lo establecido en el artículo 412.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, por razón de su cometido como presidente del Gobierno, su declaración se deberá prestar por escrito y no en Moncloa como pretende el juez Peinado. En todo caso, el instructor tendrá la última palabra.

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