La radiotelevisión autonómica valenciana À Punt tiene garantizado su futuro después de sortear la exigencia de Vox de cerrar la empresa por ser un "desperdicio de dinero para todos y una máquina de adoctrinamiento separatista". Esta frase de los diputados autonómicos de Vox, justo antes de las elecciones del 28 de mayo pasado, ha quedado en mero argumentario de partido después de que el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, haya cogido las riendas sobre el futuro de À Punt.
La intención de Vox sigue siendo la del cierre y como socio de Gobierno se le presupondría alguna influencia en esta cuestión, pero el PPCV no quiere cometer dos veces el mismo error (como ya hizo acabando manera sonrojante con RTVV) y blinda el futuro de la radiotelevisión autonómica valenciana. Impulsará, eso sí, diferentes cambios, según han confirmado a Vozpópuli fuentes del PP autonómico y del Gobierno valenciano.
Posición de máximos
El núcleo 'duro' de Vox se ubica en las Cortes Valencianas especialmente con la presidenta de la Cámara autonómica, Llanos Massó y el portavoz, José María Llanos. Este dúo defiende el argumentario de partido hasta las últimas consecuencias y siguen apostando por el cierre de À Punt.
También lo expresaron con claridad sus compañeros de bancada Ana Vega y Miguel Pascual, al igual que pretenden que la Academia Valenciana de la Lengua no sea la guía del idioma autóctono en un futuro.
En el caso de los consellers de Vox, no van tan lejos públicamente, y la presión a Mazón para que proceda al cierre de la cadena ha sido mucho menor y es una idea que prácticamente abandonaron al mes siguiente de pactar su coalición de gobierno con el PP valenciano.
Numerosos cambios
Eludida esta cuestión, no menor, Mazón se ha centrado en los últimos dos meses en impulsar con su equipo de Presidencia los cambios que pretenden abordar para À Punt. La colaboración de este bloque del Gobierno valenciano con el secretario general del PPCV, Juanfran Pérez Llorca y el diputado autonómico José Juan Zaplana ha sido total en esta materia.
De hecho, está prácticamente decidido que la nueva ley de À Punt sea impulsada desde el grupo parlamentario popular y que entre en el actual periodo de sesiones para que pueda ser aprobada justo antes del verano. El reto es que los 'efectos' de crítica que pueda tener sean absorbidos en esta primera parte de la legislatura.
El que más se ha adentrado en el conocimiento de la situación actual de À Punt es José Juan Zaplana, quien ha mantenido reuniones con el Consejo Rector, el director general del ente, Alfred Costa, los trabajadores, los sindicatos y los productores.
Disfunciones del actual texto
El mapa general ha detectado muchas disfunciones que se quieren subsanar en la futura ley y en el posterior desarrollo reglamentario. La ley pretende ser una guía mucho menos exhaustiva que la actual y que ha provocado, a juicio de los representantes del PP valenciano, numerosos conflictos e inseguridad.
En ocho años de gobierno de Ximo Puig, en compañía de Compromís y Podemos, muchas cuestiones quedaron en el aire. La actual ley, de hecho, se elaboró con el tamiz de Podemos en las Cortes Valencianas y reflejó bastante desconfianza hacia los que entonces eran sus socios de Gobierno con blindaje de figuras, estructuras y asesorías 'afines'.
Mayoría absoluta
La nueva ley que quiere impulsar el PP valenciano aspira a variar las mayorías necesarias para la elección del Consejo Rector o Consejo de Dirección como se podría denominar cuando se apruebe el texto que ahora se está ultimando. En el caso del Consejo Rector, su cabeza visible ha de ser elegida actualmente por mayoría de dos tercios en una primera votación, de tres quintas partes en una segunda y, si se necesitara una tercera, se aplicaría la mayoría absoluta.
Lo más probable es que tanto la elección del presidente del Consejo Rector como del director general pasen a necesitar mayoría absoluta en las votaciones, según la propuesta que estudia el equipo de Carlos Mazón.
Algo que se podría hacer extensible al mandato marco que se revisa cada seis años y que necesita en su aprobación en la Cámara autonómica de una mayoría de tres quintos y cuyos objetivos generales y de programación de contenidos se desarrolla luego en un contrato programa.
Seguridad jurídica
La nueva ley pretende ofrecer mayor "seguridad jurídica", explicaban las fuentes consultadas por este medio, y para ello se va a simplificar la estructura unificando la Sociedad Anónima de Medios de Comunicación y la Corporación Valenciana de Medios de Comunicación en un solo ente público.
Entre los beneficios que puede suponer se encuentra la presentación de un presupuesto consolidado que ahora es dividido en dos sociedades (cada una con sus números). Con el mismo presupuesto, al ser un solo ente público, se puede conseguir un "mejor funcionamiento y rendimiento", aseguran las mismas fuentes.
Trabajadores, subrogados
Los trabajadores se subrogarían a ese nuevo ente, aunque la falta de actuación del anterior Consell los había dejado en una situación que, en el caso de reforma legal, (como va a suceder) les podría dejar fuera de la ecuación.
La decisión, sin embargo, es que todos los actuales trabajadores encuentren hueco en la nueva estructura de la radiotelevisión valenciana y su condición será de personal laboral como sucede con el resto de trabajadores de las empresas y entidades públicas. También se quiere aprobar un convenio colectivo que sitúe las especificidades de funcionamiento de la casa.
Paralizar las oposiciones
Ahora bien, las oposiciones convocadas tendrían que sufrir un paréntesis porque no se pueden provisionar plazas que quizás no tendrán correspondencia en la estructura que manejan los legisladores.
Cuestiones que también se tienen que dilucidar es el grado de externalización de programas de À Punt, ya que la producción propia se puede ver reducida a los informativos, los deportes y programas de tradición y cultura.
El objetivo de mejorar las audiencias (que ya sufrieron un repunte durante el trágico incendio de Campanar o la celebración actual de las Fallas), es otro de los grandes retos, ya que las mismas fuentes entienden que la actual provisión económica no se corresponde con los resultados.
La "agilidad administrativa" a la hora de realizar contrataciones, es otra de las materias que se quiere mejorar a través de la nueva ley. Es una de las quejas del actual director general, Alfred Costa, pero también del Consejo Rector.
Costa entiende que la contratación de imágenes y programas y la inmediatez que requiere la comunicación choca con la actual legislación que está llena de barreras. En el Consejo Rector, por su parte, no quieren que el director general tenga manga ancha y quieren situar una cantidad de dinero por encima de la cual se les tenga que consultar. Ha ido oscilando entre los 100.000 y los 300.000 euros.
La 'tele' de todos
Mientras, el aumento de la producción en castellano se da por descontado. Hay que conseguir que À Punt sea percibida como "la radiotelevisión de todos los valencianos", aseguran a Vozpópuli las citadas fuentes, y para ello "debe haber programas en las dos lenguas" para que cada ciudadano "pueda escoger qué ver en cada momento".
Por último, otra de las cuestiones que se incluirá en la ley o en el posterior desarrollo reglamentario es que los productores del sector audiovisual estén representados como parte fundamental de la comunicación (lo están otros colectivos que poco tienen que ver con ese ámbito), mientras que el retraso en el pago a las productoras por parte de À Punt también debe ser resuelto.
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