La empresa Acuamed será la encargada de gestionar el envío de agua a Cataluña, mientras sobrevive a las pérdidas acumuladas en los últimos años y a los procesos judiciales en los que se analiza si se benefició de contratos presuntamente amañados.
Acuamed fue creada en 2004 por el expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y lleva la explotación de la desaladora de Sagunto (y otras cinco plantas en la Comunidad Valenciana) que ha sido designada por la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, para cargar dos barcos de agua diarios con 40.000 metros cúbicos para paliar la sequía en Cataluña.
Pérdidas millonarias
Las pérdidas están asediando a esta firma que pertenece al Grupo Patrimonio del Ministerio de Hacienda y si en 2022 fueron 247 millones de euros los que se perdieron, en 2023 se elevaron hasta 250 millones, según ha podido comprobar Vozpópuli.
Ese balance negativo fue como consecuencia fundamentalmente del mayor coste de la factura energética en la cadena de producción de las desaladoras y también porque el precio del agua que se vende a los regantes es baja y debe ser subvencionada por el Gobierno.
Está dedicada a la construcción, explotación y adquisición de toda clase de obras hidráulicas que determine el Consejo de Ministros del Gobierno. Acuamed, en el caso de la desaladora de Sagunto, la diseñó para cubrir parte del déficit hídrico del crecimiento de población y la expansión industrial de Sagunto y el resto de la comarca del Camp de Morvedre.
La inversión para su construcción fue de 38 millones de euros de los que 16 fueron financiados con cargo a los Presupuestos Europeos y actualmente está a un tercio de su capacidad de producción y Teresa Ribera la señala como la infraestructura idónea para enviar agua al Puerto de Barcelona para que se distribuya desde allí entre los municipios más afectados por la sequía.
Azud y caso Acuamed
Esta empresa lleva, sin embargo, un largo historial de procesos judiciales a sus espaldas y que todavía están por resolverse.
El primero de ellos es el denominado caso Azud. En una de sus piezas separadas los investigadores rastrean presuntas irregularidades en la financiación del PSOE valenciano y, entre otras licitaciones, la que Acuamed logró tras firmar un convenio con el Ayuntamiento de Jijona.
El objeto del mismo era el abastecimiento de recursos hidráulicos pero la Guardia Civil, como adelantó este medio, desveló que su verdadera finalidad era evitar que se paralizara el PAI gestionado por el Grupo Axis.
La financiación del PSPV
El PSOE valenciano se habría financiado de manera ilegal a través de cuatro mega licitaciones de la firma Acuamed entre los años 2006 y 2008. La UCO puso la lupa en todos estos contratos que dependían en última instancia del Ministerio de Medio Ambiente que dirigía Cristina Narbona ya que de todos ellos se desviaron mordidas destinadas a sufragar las campañas electorales de esos años. La cifra total de esas adjudicaciones asciende a 118 millones de euros.
Se trata de cuatro grandes obras que la empresas Aguas del Júcar (absorbida posteriormente por Acuamed) otorgó a empresarios vinculados a esta presunta trama de corrupción que se investiga bajo la batuta del Juzgado de Instrucción número 13 de Valencia por los delitos de cohecho, tráfico de influencias, prevaricación, fraude y falsedad.
El segundo de los procesos judiciales se analiza en la Audiencia Nacional que ha marcado el camino al banquillo de los 42 procesados por el caso Acuamed. La Sala de lo Penal está tumbando los recursos de todos los implicados en esta macrocausa de corrupción y malversación agravada al considerar que pesan indicios "sólidos" contra ellos para ser juzgados por amaños de contratos públicos entre 2012 y 2015.
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