La Administración ha llevado a juicio a un agricultor para no abonarle 1.073 euros por un terreno suyo que formará parte de la implantación de Volkswagen en Sagunto. El proceso de negociación que la Administración ha abierto con los agricultores afectados por las expropiaciones en Parc Sagunt II ha llegado acompañado de una ofensiva judicial que deja casos tan llamativos como éste que han denunciado la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA) y La Unió Llauradora i Ramadera.
La diferencia entre la cantidad ofrecida por la Administración y el justiprecio propuesto por el jurado provincial de expropiación ha sido de apenas mil euros y a pesar de ello la empresa pública Espacios Económicos Empresariales –participada por la Generalitat Valenciana y el Gobierno–, ha enviado una demanda por la vía contencioso-administrativa del Tribunal Superior de Justicia a un pequeño propietario.
Los denunciantes de esta situación explican que, además de retrasar el pago al menos tres años, "va a costar más el procedimiento judicial que la cuantía por la que se litiga". En total, de acuerdo con los cálculos de ambas organizaciones agrarias, la Administración ha decidido agotar la vía administrativa y llevar a los tribunales a aproximadamente 800 agricultores para no pagar 25 millones de euros más.
El TSJ suele atribuir veracidad al jurado de expropiación
Además, destacan que con los gastos en abogados y procuradores que un proceso de estas dimensiones supone y pese a que, por experiencias anteriores, este tipo de procedimientos tienen muy bajas probabilidades de prosperar –dado que el TSJ suele otorgar al jurado la presunción de veracidad y acierto en sus valoraciones–, la Administración ha decidido judicializar centenares de negociaciones.
Esta situación contrasta con los recursos económicos que la Generalitat va a emplear, ya que ha anunciado que más de 260 millones de euros se destinarán a labores de desbroce, acondicionado o accesos, así como la compra a 153 euros por metro cuadrado para construir un centro de formación de trabajadores para Volkswagen. "Todo ello, sin contar con las millonarias subvenciones prometidas a la gigafactoría", explicaba desde las asociaciones agrarias.
Desangran y quitan al débil para dárselo al poderosoCristóbal Aguado (presidente AVA)
El presidente de AVA-ASAJA, Cristóbal Aguado, y el secretario general de La Unió, Carles Peris, consideran “demencial el trato de la Generalitat Valenciana y el Gobierno central hacia los agricultores para beneficiar a Volkswagen. Desangran y quitan al débil para dárselo al poderoso".
"Para nuestros gobernantes hay dinero a espuertas para Volkswagen, que no deja de ser una empresa privada, regalado a costa de pagar migajas a los agricultores, quienes se van a ver despojados de forma forzosa de su patrimonio y de su medio de vida y, además, se van a ver inmersos en un interminable juicio donde todos pierden”, han explicado.
Las dos principales organizaciones profesionales agrarias de la Comunidad Valenciana solicitan a la Generalitat y al Gobierno que “rectifiquen, acaten el precio marcado por el jurado de expropiación, no alteren artificialmente el mercado del suelo y dejen de insultar a los agricultores y también a las empresas que anteriormente adquirieron sus espacios a precios mucho mayores porque eran los fijados por el jurado y el mercado".
"No nos merecemos este robo, expolio o como quieran llamarlo. En un Estado democrático este comportamiento manipulador de la Administración no cabe. O retiran la vía judicial o nos tendrán en la calle”, han advertido.