La fiscalía Anticorrupción ha decidido solicitar la incoación de procedimiento abreviado (previo al juicio oral) para Francisco Puig Ferrer -hermano del expresidente de la Generalitat Ximo Puig– y para su socio Juan Enrique Adell Bover por una posible estafa agravada y falsedad en documento mercantil continuada que sumaría 110.691 euros y no supondría un delito de fraude de subvenciones al no superar los 120.000 euros.
En el escrito del Ministerio Público dirigido al juzgado e Instrucción número 4 de Valencia, al que ha tenido acceso Vozpópuli, se analiza que parte de las subvenciones obtenidas por las empresas Comunicacions del Ports SA, Mas Mut Produccions SL, Canal Maestrat SL, Nova CB y Kriol Produccions SL lo fueron de manera ilegítima, bien porque las cantidades obtenidas no eran subvencionables o por duplicidades o irregularidades en las facturas emitidas.
El Ministerio Público entiende que tanto el hermano de Puig como su socio son administradores de las diferentes empresas implicadas y solicitantes de las ayudas para la promoción del valenciano que obtuvieron de la Administración autonómica valenciana y catalana.
Perjuicio económico
A la vista de las facturas cruzadas analizadas considera a los dos como posibles autores de un delito de falsedad documental mercantil como cooperantes necesarios de uno en los delitos cometidos por el otro.
Anticorrupción constata que ha habido un perjuicio económico por lo que solicita ofrecer acciones legales tanto a la Abogacía de la Generalitat Valenciana como a la Generalitat de Cataluña.
El chalé de otro hermano y una boda
Hay que recordar que en el informe de a Guardia Civil La Guardia Civil recogía que ha enviado al juzgado que el hermano de Ximo Puig, Francis, utilizó el alquiler de una vivienda de otro hermano (Jorge) para justificar ayudas de la Generalitat a la promoción del valenciano.
Del análisis de la Guardia Civil se desprendía igualmente que algunas de las ayudas obtenidas para la promoción del valenciano se correspondía en realidad a producciones audiovisuales con contenido en castellano y en ámbitos de actuación fuera de la Comunidad Valenciana como la empresa Terres del Ebre.
Los agentes no pueden concluir, en ese caso, si se trata de facturas de los proveedores de ayudas recibidas de la Generalitat Valenciana o la catalana, ya que el Gobierno catalán también aprobó ayudas públicas para Francis Puig por el mismo objeto.
Uno de los archivos escudriñados por el Instituto Armado refería a un video de la boda de Enrique Adell Bover y que pudo ser sufragado con ayudas públicas.
Repostaje de vehículos
Esta es solo alguna de las casuísticas analizadas. El Ministerio Público añade alguna más en su informe donde también desvela que hay "reparaciones y repostaje de gasóleo de vehículos" que no eran de las empresas que recibían las subvenciones.
También detalla la Fiscalía facturas que no han sido pagadas, otras que se dirigen a "direcciones ficticias" y algunas que se utilizan para pagar el alquiler de una vivienda propiedad del padre de Francis Puig en un diseminado.
Hay facturas de telefonía que no son subvencionables porque no se corresponden con el domicilio social de alguna de las empresas que obtuvieron subvenciones.
La defensa de los acusados había pedido recientemente al titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Valencia el archivo de la denuncia, algo que contrasta con la petición que hoy ha remitido la Fiscalía Anticorrupción al juez.
El criterio del Ministerio Público sí coincide con lo solicitado por el PP que fue quien impulsó esta denuncia, aunque la pretensión es que se había cometido una estafa documental que en el análisis de la Fiscalía no ha tenido lugar por no llegar el importe presuntamente defraudado al límite marcado por el tipo penal.
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