La decisión unilateral de Pere Aragonés de ampliar la 'frontera' marítima catalana no se corresponde con la oficialidad de las cartas náuticas que utilizan tanto la Capitanía Marítima de Castellón como la propia Armada española.
La Generalitat de Cataluña publicó el 25 de julio de 2023 la Orden ACC/196/2023 por la que se aprobaba el Plan de gestión del pulpo común de 'Les Terres de l’Ebre', que amplía en 10 grados hacia el sur las fronteras marítimas catalanas en lo que respecta a sus aguas interiores –las que abarcan desde la costa hasta 12 millas mar adentro desde la línea base–. Tendrá una vigencia de 5 años.
133 grados
La orden unilateral del Gobierno, que ya presidía en esos momentos Pere Aragonés, hace que se pase de los establecidos 123 grados a una demora de 133,3 grados hacia el sur partiendo desde el río Sénia que es en esa parte del territorio la frontera administrativa entre Cataluña y la Comunidad Valenciana.
Esta decisión unilateral supone un grave perjuicio para los pescadores castellonenses de Vinaroz, Benicarló y Peñíscola que ven como se les ha expulsado de caladeros donde tradicionalmente faenaban en la extracción del pulpo común.
Especialmente dañina es su exclusión del área de la fallida plataforma Castor que actúa hoy en día como un arrecife natural facilitando un hábitat rico en diferentes especies marinas.
Demarcaciones marítimas
Esta demora hacia el sur dictaminada por el Gobierno catalán no es la usada oficialmente por la Capitanía Marítima de Castellón y la Armada española que en su cartas náuticas contemplan los 123 grados que tradicionalmente se han acordado.
Las fuentes consultadas por Vozpópuli en la Conselleria de Agricultura, Ganadería y Pesca que lidera José Luis Aguirre aseguran que esta modificación vulnera el histórico acuerdo entre comunidades autónomas para el trabajo de los pescadores.
La Capitanía Marítima de Castellón depende del Ministerio de Transportes de Óscar Puente y es responsable de la ordenación general de la navegación marítima y de la flota civil donde la carta náutica para esta demarcación marítima no contempla la modificación realizada por Pere Aragonés.
Capitanía, sin embargo, no tiene competencias sobre la actividad pesquera que corresponden al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación que lidera Luis Planas. El ministro, hasta la fecha, se ha puesto de perfil y ha dado largas al Gobierno valenciano en la convocatoria de una reunión a tres bandas donde el Gobierno de España debe ejercer de mediador.
Tampoco la Armada utiliza esta cartografía marítima en sus operaciones de vigilancia de las aguas territoriales.
Multas injustificadas
Esta circunstancia hace todavía más evidente la injusticia cometida sobre los pescadores castellonenses que han sido multados por faenar donde lo han hecho toda la vida y que ahora Cataluña considera 'sus' aguas.
La concesión de las licencias de pesca de arte menor son de ámbito autonómico por lo que la Generalitat Valenciana tiene ante sí un problema si concede los permisos para ir a faenar a aguas que Pere Aragonés ha decretado que son de la comunidad vecina.
Vuelta a la actividad
El paro biológico respetado por los pescadores castellonenses en lo que respecta al pulpo y a otras especies ya ha expirado y su actividad en la zona de la plataforma Castor se extenderá desde este mes de julio hasta el próximo mes de febrero.
Si Luis Planas no pone una fecha temprana a la reunión con los dos gobiernos autonómicos, el presidente de la Generaltat Valenciana, Carlos Mazón, ya ha dado la orden de apoyar a los pescadores castellonenses en dos líneas de actuación.
La primera es prestarles apoyo jurídico ante las multas que puedan recibir y presentar un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña contra el decreto del Gobierno de Pere Aragonés que ayer confirmaron fuentes del Consell que está "cerca de su presentación".
Y la segunda será decretar unilateralmente la vuelta a a demora de 123 grados desde el río Sénia para solventar la "injerencia" que Mazón ve en la decisión de su homólogo catalán. El presidente valenciano expresa abiertamente que defenderá la integridad de la autonomía valenciana “por tierra, mar y aire”.
