La Comunidad Valenciana vivirá, de nuevo, una campaña electoral marcada por procesos judiciales que determinan responsabilidades de referentes de los principales partidos del arco parlamentario autonómico como PP, PSPV y Compromís. Una decena de juicios e investigaciones se están desarrollando o van a tener lugar en los meses previos a la celebración de las elecciones autonómicas y municipales de mayo de 2023.
La 'suerte' que tienen los políticos es que actualmente –según el último barómetro del CIS– la corrupción y el fraude es el decimotercer problema para el 4,7% de los ciudadanos que están ahora más preocupados por la grave crisis económica que sufre España. Esa mirada desviada hacia otras problemáticas, no va a evitar, por contra, que el foco se ilumine en bastantes ocasiones sobre referentes de los citados partidos que están ya a apenas medio año de pedir el voto a sus vecinos.
Uno de los juicios que más impacto está teniendo es el que se desarrolla en el Juzgado de Instrucción 15 de Valencia donde la exvicepresidenta del Consell y exlíder de Compromís, Mónica Oltra, trata de explicar la gestión del departamento de que encabezaba en el Gobierno valenciano al respecto de la presunta ocultación y obstrucción a la investigación de los abusos a una menor tutelada por parte de su exmarido y que acabó con la condena de éste a cinco años de prisión.
La declaración de Oltra del pasado 19 de septiembre no arrojó luces sobre los hechos y acabó provocando nuevas citaciones (aún sin fecha) por parte del juez como la de su exjefe de gabinete Miquel Real, para tratar de esclarecer la actuación de Oltra en este asunto. El daño en Compromís ha sido grande con una crisis de liderazgo que trata de tapar el diputado nacional Joan Baldoví quien se ha presentado a la candidatura autonómica de la coalición nacionalista. Queda por ver si la actual vicepresidenta de la Generalitat, Aitana Mas, también se presentará y habrá primarias por liderar la lista autonómica.
Ex presidente de la Diputación de Valencia
Otro proceso que está ahora mismo celebrándose, en este caso en la Audiencia Provincial, es el denominado caso Alquería, en el que sustancia si PSPV y Compromís 'enchufaron' a siete personas afines a ambos partidos como altos directivos en la empresa pública Divalterra –dependiente de la Diputación de Valencia y que actualmente ha sido liquidada y sus trabajadores absorbidos por la corporación provincial–. La persona que está en el ojo del huracán es el expresidente socialista de la Diputación Jorge Rodríguez, quien hoy es alcalde de Ontinyent por el partido La Vall ens Uneix.
Junto a Rodríguez está acusada toda la cúpula que trabajó con él en la Diputación y los siete empleados. La Fiscalía le pide 8 años de prisión por ordenar la contratación –pese a numerosos informes en contra– de los siete trabajadores (4 afines a Compromís y 3 al PSPV) con categoría de alta dirección y que supuso un quebranto para las arcas públicas de 1,1 millones de euros. Estos empleados formaron, según la acusación, un consejo de dirección al margen del Consejo de Administración de Divalterra para controlar la empresa pública.
Es el primer gran juicio a los dos partidos que alumbraron el pacto del Botànic que, junto a Podemos, ha permitido en los últimos siete años que gobiernen en diferentes administraciones de ámbito local, provincial y autonómico. La resolución se espera para el 25 de noviembre.
Presuntas 'mordidas' de Zaplana
La juez titular de Instrucción 8 de Valencia también ha decidido esta semana abrir juicio oral contra el expresidente de la Generalitat Eduardo Zaplana y otras 14 personas –entre las que también está el expresidente autonómico valenciano José Luis Olivas– por el presunto amaño de adjudicaciones públicas a empresas a cambio de comisiones.
Las adjudicaciones se realizaron presuntamente al amparo del Plan Eólico de la Comunidad Valenciana y de las concesiones de Inspecciones Técnicas de Vehículos (ITV). Anticorrupción pide para Zaplana 19 años de prisión por la evasión de algo más de 20 millones de euros a empresas de Luxemburgo, Panamá y Andorra que, presuntamente, blanqueaban el dinero antes de retornarlo a España.
Junto a Zaplana está acusado su exjefe de gabinete, su secretaria y empresarios como los hermanos de quien fuera director general de la Policía y presidente de las Cortes Valencianas, entre otros cargos públicos de relevancia, Juan Cotino, fallecido en 2020.
El último juicio a Camps
El que también fuera presidente de la Generalitat, Francisco Camps, deberá sentarse en el banquillo por novena ocasión a partir de enero y hasta mayo de 2023, en plena campaña electoral. Este es el último de los juicios que le quedan pendiente de las acusaciones que se le han hecho de favorecer a la trama Gürtel. Los ocho anteriores se solventaron de manera favorable para el expresidente y en esta ocasión Anticorrupción le pide dos años de cárcel por las presuntas irregularidades en la adjudicación a una de las empresas de la trama Gürtel, Orange Market, para que montara el expositor de la Comunidad Valenciana de la edición de Fitur en el año 2009.
Estas dos últimas son las causas que más preocupan a la dirección actual del PP en la Comunidad Valenciana, aunque intuyen que el castigo por lo acaecido en aquella época ya se ejercitó a través de las urnas en las dos últimas legislaturas.
El hermano de Puig bajo sospecha
Por contra, sí está de actualidad el análisis sobre qué sucedió con las ayudas públicas que la Generalitat que preside Ximo Puig concedió a las empresas del hermano del presidente por la promoción del valenciano. La Fiscalía Anticorrupción está todavía estudiando la mecánica de captación de dinero público por parte de Francis Puig por si pudieran suponer una grave irregularidad.
Las declaraciones no fueron convincentes, ni la del hermano del presidente, Francis, ni la de su socio, Adell Bover, y se están practicando nuevas diligencias para ver la suma que podían haber cobrado de manera irregular porque según ese listón puede tener mayor o menor relevancia penal o quedar incluso archivado el caso.
Este es uno de los casos de mayor fricción entre el PP que preside Carlos Mazón y el PSPV de Ximo Puig sabedores de que si este proceso judicial sigue adelante tendría una grave repercusión para el candidato socialista a repetir su triunfo electoral en las autonómicas.
Acusaciones compartidas
Donde no podrán tirarse los trastos a la cabeza ni populares ni socialistas es en el denominado caso Azud. En la investigación primigenia el PP aparecía como el principal infractor en campañas electorales y también en 'mordidas' de Alfonso Grau, quien fuera número 2 de Rita Barberá, a cambio de adjudicaciones. El giro de guión llegó cuando esos cobros de comisiones salpicaron también al PSPV . El juzgado de Instrucción 13 de Valencia analiza si hubo financiación irregular de los socialistas entre 2006 y 2008.
También se está investigando si recibieron comisiones destacados referentes del socialismo valenciano como Rafael Rubio que fue concejal en el Ayuntamiento de Valencia y exsubdelegado del Gobierno en la Comunidad Valenciana. José Luis Vera, un abogado muy influyente en el PSPV, también está en el punto de mira por haber facilitado el cobro de comisiones a cambio de licitaciones y adjudicaciones de terrenos en diferentes ayuntamientos valencianos.
Los juzgados valencianos, inundados de casos de presunta corrupción política del pasado y otros de vigencia temporal, también deben dirimir en el primer semestre del próximo año si el expresidente de la Diputación de Valencia Alfonso Rus (PP) participó en la contratación de los denominados 'zombies' que era personal contratado por la corporación provincial pero que en realidad habría desempeñado otras funciones. Es el primero de los juicios que Rus debe afrontar en los próximos meses.
La influencia de todos estos juicios e investigaciones está por demostrar en las urnas pero sí que es seguro que se van a convertir en uno de las recurrentes armas arrojadizas contra el adversario político. No obstante, tanto Ximo Puig como Carlos Mazón han intentado mantener cierta prudencia en sus últimas declaraciones escudándose ambos en el "respeto a los procesos judiciales". Son sabedores de que los próximos meses pueden deparar resoluciones de los jueces que, de una u otra forma, afectarán a sus formaciones políticas en un momento muy delicado del ciclo electoral.
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