El portavoz de Compromís en las Cortes Valencianas, Joan Baldoví, ha presentado ante la Agencia Antifraude una denuncia contra el vicepresidente primero del Gobierno valenciano, Vicente Barrera, por mantenerse como administrador en siete empresas diferentes, cuestión que sería incompatible con su actual cargo en la Generalitat.
Baldoví considera que desde que se nombró a Vicente Barrera el pasado 19 de julio debería haber renunciado a sus actividades empresariales y al no hacerlo "debería devolver el dinero que haya cobrado y quedaría inhabilitado por un período de cinco a diez años".
Las siete empresas en las que Barrera aún estaría inscrito, según Compromís –tal y como adelantó El Confidencial–, son Unión Vitivinícola Viñedos en Cenicero S.A; Edificaciones Formabil S.L; Naves Industriales Viator S.L; Vicente Barrera Simó S.L.; Clarifor S.L; Import Pesca VLC; y Borja Barrera Simó S.L.
Dos leyes
La ley a la que hace alusión para pedir la investigación de Antifraude es la 5/1983 del Consell que en su artículo 30 establece el régimen de incompatibilidades y, en el caso de Barrera, su cargo como vicepresidente del Ejecutivo autonómico no sería compatible con ninguna actividad profesional o mercantil.
Compromís también cita en su denuncia la Ley 8/2016, de 28 de octubre de la Generalitat que establece que un alto cargo deberá desarrollar su actividad con el régimen de dedicación absoluta y exclusiva, siendo incompatible con cualquier otro cargo, profesión, actividad, pública o privada, por cuenta propia o de otro.
Joan Baldoví ha acusado también al presidente valenciano, Carlos Mazón, de "dejación de funciones" y de "encubrimiento" a la presunta doble actividad de su vicepresidente primero que está en el Gobierno valenciano como cuota representativa de Vox (junto a otros dos consellers).
Aún no ha finalizado el plazo
El Gobierno valenciano, por su parte, mantiene que las incompatibilidades "las determina una ley y no las determinan los titulares de los medios de comunicación".
Las fuentes consultadas insisten, como ya expresó Mazón y la portavoz del Consell, Ruth Merino, que los consellers y los altos cargos de la Generalitat "tienen un plazo de dos meses para hacer una declaración pública de bienes y de actividades".
Ese plazo se cumplirá el próximo día 19 y por lo tanto entienden que no se ha producido ninguna incompatibilidad porque ese periodo no ha finalizado.
Además, desde la Generalitat advierten que "hay una Oficina de Conflictos e Intereses que valora, una vez hecha la declaración de bienes y actividades, si se da alguna incompatibilidad entre las actividades que viniera realizando un conseller".
Será, en su caso, –según las mismas fuentes– esa oficina la encargada de emitir un informe o decir si existe incompatibilidad o no entre el cargo de vicepresidente primero del Gobierno valenciano y su situación actual en las diferentes empresas en las que se mantendría como consejero o administrador.
