Comunidad Valenciana

Compromís claudica y dará sus votos a Pedro Sánchez mejore o no la financiación para los valencianos

Los dos diputados de la coalición nacionalista exponen una hoja de ruta y aunque reclaman la mejora del modelo de Zapatero afirman que "no depende únicamente de Compromís"

El periodo negociador de Compromís con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para darle su apoyo en la investidura –si el Rey lo nombra candidato– incluye una hoja de ruta con doce puntos pero ninguno de ellos es imprescindible. La coalición nacionalista ha decidido claudicar y darle sus dos votos en el Congreso a Sánchez aunque no garantice la mejora de la financiación autonómica para los valencianos.

Águeda Micó (Més Compromís) y Alberto Ibáñez (Iniciativa), los dos representantes de la coalición en la Cámara Baja, presentaron ayer sus reivindicaciones para que el hipotético Gobierno de Pedro Sánchez mejore la vida de los valencianos.

No es vinculante

La mejora de la financiación autonómica está en el primer lugar de esas peticiones. Compromís, a diferencia de ERC o Junts, no vincula el apoyo a Pedro Sánchez a la cuestión de la mejora en la asistencia económica.

Este apoyo se da por seguro y lo que intentarán en la negociación es incorporar peticiones para la Comunidad Valenciana, muchas de ellas ya desatendidas en la pasada legislatura bajo el Gobierno de Pedro Sánchez.

En el asunto de la infrafinanciación tanto Micó como Ibáñez reconocen que "no depende únicamente de Compromís" y se limitan a asegurar que el grupo Sumar en el Congreso apoyará su petición. No habrá pues garantía previa y la coalición nacionalista no se presentará como un 'lobby' político valenciano en Madrid.

Un deseo

Esta situación de 'deseo a futuro' ha quedado patente después de que Micó haya reconocido que mientras se pueda implementar un nuevo modelo de financiación autonómica, pedirán un "fondo de nivelación" y también la condonación de la deuda histórica "ilegítima" del Estado con la Comunidad Valenciana que han cifrado en unos 46.000 millones de euros.

Atender las reclamaciones de Compromís no es prioritario para Sánchez, ya que centra toda su atención en las que le llegan desde PNV, Bildu, ERC y Junts que tienen los votos necesarios para mantenerse al frente del Gobierno de España.

Águeda Micó y Alberto Ibáñez son esquivos a la hora de valorar si entrarían o no en un Ejecutivo con Pedro Sánchez al frente aunque recuerdan que Compromís "era y es un partido de gobierno".

La coalición sigue rota

La colaboración de ambos diputados, pertenecientes a formaciones diferentes dentro de Compromís y que actualmente han roto relaciones, va a seguir siendo 'leal', ya que el acuerdo es que las disputas partidistas en el seno de la coalición no afecten a los representantes que tienen en las instituciones, tal y como sucede en las Cortes Valencianas.

Esa ruptura llegó por la designación como senador territorial del expresidente de las Cortes Enric Morera (Més Compromís, antiguo Bloc) en lugar de Carles Mulet (Iniciativa) en una decisión que dinamitó los puentes entre ambas formaciones y que no tiene visos de recomponerse hasta el congreso de Compromís previsto para el próximo mes de abril.

Transferir Cercanías

Entre las materias en las que Micó e Ibáñez han pedido mejoras al posible Ejecutivo de Sánchez destaca también la ejecución de los 1.435 millones de euros del plan estatal de trenes de Cercanías (competencia que reclaman para la Autonomía en 2025).

La limitación de los precios del alquiler; reducir la jornada laboral a 32 horas; acelerar la transición ecológica justa apostando por la repotenciación de las plantas existentes, priorizar el autoconsumo y las comunidades energéticas locales, así como nuevas plantas solares en suelos degradados, son otras de sus peticiones.

Compromís también pide en esa negociación con Sánchez (a través de Sumar) que se desarrolle una nueva política turística con limitación de cruceros y apartamentos turísticos; se reconozca el Derecho Civil Valenciano; así como un plan para fortalecer la atención primaria sanitaria garantizando un 25% del presupuesto total y el pago de la deuda sanitaria que el Estado mantiene con la Generalitat Valenciana por los desplazados sanitarios.

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