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El coste de los pacientes derivados en 2023 a la sanidad privada valenciana subirá un 46%

El aumento de las listas de espera en la sanidad pública valenciana ha provocado que las previsiones presupuestarias del Gobierno autonómico para 2023 ya consignen una subida del 46% en el coste de los pacientes derivados a la privada. Esta decisión se produce después de la reversión de dos conciertos sanitarios hospitalarios

tacs hospital
Uno de los tacs del hospital IMED en Valencia. Europa Press

El flujo continuo de pacientes de la sanidad pública hacia la privada va a seguir creciendo exponencialmente en los próximos meses y el coste para las arcas de la Generalitat va a crecer un 46% en 2023 respecto al actual ejercicio. Los Presupuestos de la Generalitat para el próximo año pasarán a aumentar de 15 a 22 millones de euros el coste del denominado Plan de Choque para reducir las listas de espera en operaciones quirúrgicas trasvasando pacientes desde la sanidad pública a los centros privados en la Comunidad Valenciana.

Este anuncio –que adelantó Ximo Puig durante el debate sobre el estado de la región– no deja de sorprender por entrar en franca contradicción con la política de reversión de las concesiones sanitarias del sector privado en centros hospitalarios como los de Alzira (en 2018), Torrevieja (en octubre pasado) y en 2024, previsiblemente, el de Denia. Precisamente los últimos informes muestran un incremento del coste de personal y de gasto farmacéutico, así como de las listas de espera en estos centros después de volver a ser gestionados por el sistema público sanitario.

Un 600% más respecto a la época del PP

La cifra destinada a las operaciones en centros privados, si se compara con el último año (2105) en el que el PP gobernaba en la Comunidad Valenciana, es muy superior. En aquel momento, la Generalitat destinaba 3,6 millones de euros, o sea, que en siete años se ha incrementado un 600%.

Las intervenciones quirúrgicas que se incluyen en esta derivación de pacientes a la privada no son grandes operaciones –como es el caso de oncología, trasplantes o cardiopatías delicadas–, sino que vienen marcados por el Ministerio de Sanidad en todas las Autonomías para intentar ver cuál es la evolución de la gestión de la sanidad pública. Es por ello, que la mayor parte son intervenciones de oftalmología, traumatología y algunas de cardiología más comunes.

¿Motivos? Cada uno ve los suyos. El PP considera que la 'mala gestión' ha provocado un aumento de las listas de espera y una deficiencia en la calidad de los servicios sanitarios públicos que finalmente ha redundado en la necesidad de derivar más pacientes a la privada.

El presidente valenciano, Ximo Puig, defiende que la curva en este parámetro empezó a ascender con la pandemia de coronavirus y que, pese a todo, las listas de espera son 5 puntos inferiores a la media nacional y los retrasos quirúrgicos son 3 semanas inferior.

Sea como sea, hay otro dato irrefutable que muestra la tendencia de 'contar' cada vez más con la privada, ya que en el caso de las acciones concertadas y no concertadas con los hospitales privados el presupuesto también ha crecido de manera exponencial, ya que en 2023 serán 328 millones de euros los destinados a tal fin, mientras que en 2015 eran 159 millones de euros (un incremento del 106% en conciertos con la privada).

Un precio de mercado

En estos conciertos (que no tienen pliego de condiciones como en el caso de las concesiones) se acuerda un precio de mercado cuando la sanidad pública no puede cubrir la demanda. Afecta sobre todo a centros hospitalarios que reciben pacientes que han sufrido un ictus, o que necesitan un 'screaming' de colon o que sufren diversas patologías reumatológicas, dermatológicas o de otras especialidades que la saturación de la sanidad pública impide atender en un tiempo razonable.

El portavoz de Sanidad del Grupo Popular en las Cortes Valencianas, José Juan Zaplana, ha advertido en las últimas horas que "ningún ciudadano puede entender que Puig haya estado demonizando a la privada durante tantos años, para ahora, terminar delegándoles la salud de todos”. Para Zaplana “el problema no es apoyarse en una alianza de colaboración público-privada poniendo a las personas por delante, con la que estamos de acuerdo, sino destinar cada vez más recursos, sin organizar, y con el único objetivo de intentar maquillar las estadísticas de las listas de espera de cara a las próximas elecciones".

En cuanto a otra de las partidas más suculentas para 2023 como son las inversiones en infraestructura,s José Juan Zaplana ha señalado que “los presupuestos para el 2023 todavía contemplan la construcción de 13 centros de salud, la construcción de 2 hospitales y 10 reformas en otros tantos que vienen de las promesas electorales del 2019. El 63% del presupuesto de inversiones de 2023 (180 millones), sigue sin ejecutar y se arrastran toda esta legislatura, desde las elecciones del 2019”.

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