El aumento de los delitos en la Comunidad Valenciana ha abierto el debate político sobre la necesidad de reforzar las plantillas de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado en la región. A día de hoy en Alicante, Valencia y Castellón hay un total de 13 cuarteles de la Guardia Civil en riesgo de desaparición o reagrupamiento.
El conjunto de 2023 ya reflejó un aumento preocupante del número de delitos que repuntaron al alza un 8,1% respecto a 2022, lo que supone dos puntos por encima del registrado en la media nacional.
Los datos del portal estadístico del Ministerio de Interior no dejan lugar a dudas y ese aumento se está consolidando desgraciadamente durante el primer trimestre de 2024 que es el último sobre el que hay datos oficiales.
Medio punto en 2024
Entre enero y marzo de este año, la Comunidad Valenciana ha tenido un repunte de las infracciones penales de un 3,7% frente al mismo periodo de 2023, cinco décimas por encima de la media nacional. Esa tendencia alcista de la inseguridad en las tres provincias de la Comunidad Autónoma obliga a pensar en un aumento de los efectivos para hacer frente a esa lacra social.
Un ejemplo de ese aumento de la violencia es el número de homicidios dolosos o asesinatos consumados en los tres primeros meses de esta año y que se eleva hasta los 21. También se registraron 121 violaciones, 921 delitos contra la libertad sexual y 1.508 robos con violencia e intimidación.
Castellón y Alicante, preocupan
La provincia de Alicante ha experimentado una subida del número de delitos del 5,9% y la de Castellón también crecen un 6,6%, lo que supone un aumento muy elevado en el primer trimestre del año.
En la provincia de Valencia se incrementa un 1,7% en ese mismo periodo, aunque es la provincia que acumula la inmensa mayoría de delitos más graves como un total de 17 asesinatos.
En ese contexto, una de las últimas iniciativas presentadas por el PP en las Cortes autonómicas es la de solicitar al Gobierno de España que “no se cierre ningún cuartel ni instalación de la Guardia Civil en la Comunidad Valenciana y que se aumenten los agentes de Policía y Guardia Civil para luchar contra la delincuencia”.
Menos recursos
La diputada popular Andrea Gigante lamentaba en la Cámara autonómicaque se haya puesto "en riesgo el cierre de trece cuarteles en las tres provincias. No tiene sentido cerrar cuarteles sino aumentar recursos y medios para mejorar la seguridad”.
“A día de hoy la unidad adscrita de la Policía Nacional en la Comunidad Valenciana (la policía autonómica) cuenta con 120 efectivos menos que hace una década. Necesitamos aumentar de forma urgente el número de agentes de la Policía Nacional y Guardia Civil para devolver la sensación de seguridad a los ciudadanos de la Comunidad Valenciana", explicaba.
Los cuarteles que están en riesgo, según los anuncios del Gobierno y los datos que ha ido recabando el grupo parlamentario popular, son un total de trece.
Cinco se encuentran en la provincia de Castellón en las localidades de Artana, Alcossebre, Betxí, Benasal y Lucena, que tienen previsto pasar a ser sustituidos por oficinas de información ciudadana.
El Gobierno habla de reagrupamiento
La subdelegación del Gobierno en Castellón insiste en que estos cierres forman parte de una "propuesta de reagrupamiento" que permitirá salir más a la calle a patrullar a los agentes, además se reagrupan los integrantes del Seprona en la Comandancia.
La realidad es que hay otros municipios con población creciente y subida de los hurtos en domicilios y vehículos que también reclaman la construcción de cuarteles de la Guardia Civil, como son los de Almazora, Nules, Benicasim y Onda que, por el momento, no han sido atendidas.
La provincia de Alicante ya registró el cierre de un cuartel del instituto armado en 2023, como fue el de Benissa, mientras que otros, como el de Jacarilla está pendientes de traslado a otras dependencias municipales, puesto que se encuentra en ruinas.
Tranquilidad ciudadana
La provincia de Valencia tiene ocho cuarteles en riesgo, según la propia planificación del Gobierno de España: los situados en Jarafuel, Vallada, Simat de la Valldigna, Alginet, Sollana, Polinyà del Xuquer y Corbera.
Para el PP en las Cortes Valencianas la pérdida de estos cuarteles implicaría "dejar a estos municipios sin medios para combatir los delitos y mantener la tranquilidad de los ciudadanos", manifestaba Andrea Gigante.
Aumentar las plantillas de la Guardia Civil en la Comunidad Valenciana no está sobre la mesa del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, quien asegura que ya están cubiertas. La realidad, sin embargo, no parece apoyar este argumento.
Falta de reemplazo
Solo en la provincia de Castellón el catálogo de guardias civiles es de 1.384 agentes, pero sólo hay cubiertas 1.240 plazas, a lo que se une un cierto envejecimiento porque las principales remesas de guardias civiles se produjeron hace treinta años con motivo de los Juegos Olímpicos de Barcelona y los reemplazos no han sido a posteriori los suficientes.
Una estadística en la provincia de Castellón que demuestra la gravedad del problema es que de media hay 1 agente por turno de trabajo para cada 744 víctimas de delitos.
La moción de mejora de la seguridad que el PP presentó recientemente en las Cortes de la mano de Vox también pide, además de evitar el cierre de cuarteles o instalaciones de la Guardia Civil, aumentar de forma urgente el número de agentes de Guardia Civil y Policía Nacional para luchar contra la delincuencia y el aumento de la criminalidad en la Comunidad Valenciana, "actualizando los desfasados catálogos a la población actual y a los nuevos fenómenos delincuenciales".
Otro de los apartados del texto recoge la petición para "dotar de los medios adecuados para el desempeño de sus funciones a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado".
Robos agrícolas
También contempla la exigencia de informar transparentemente desde el Gobierno a los Ejecutivos regionales y a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado de los "repartos interregionales de inmigrantes ilegales para poder prevenir y planificar una actuación eficiente y eficaz".
El endurecimiento del Código Penal para combatir la oleada de robos en explotaciones agrícolas de la huerta valenciana; y la prestación de la colaboración y cooperación necesaria a la Generalitat Valenciana para la coordinación de policías locales de la Comunidad Valenciana, son las otras cuestiones que se aprobaron en el documento planteado.
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