La relación entre el Gobierno de España que lidera Pedro Sánchez y la Generalitat que encabeza Carlos Mazón se puede dar prácticamente por rota. El diálogo entre ambas Administraciones no fluye en prácticamente ninguno de los departamentos que integran ambos Ejecutivos.
La única excepción de los últimos meses es la del ministro de Transportes, Óscar Puente, quien ha contribuido a que se apruebe la ampliación del Puerto de Valencia y se avance en infraestructuras atascadas como la del soterramiento de las vías de Serrería en la capital del Turia.
Ese oasis de colaboración entre Administraciones no se ha producido, sin embargo, con carácter general. La oferta de Pedro Sánchez de reunirse de manera bilateral con los presidentes autonómicos del PP contrasta con la realidad, en el caso valenciano, donde apenas hay consenso.
La última: Amnistía
La Ley de Amnistía, recurrida ayer por el Gobierno que encabeza Carlos Mazón, es el último ejemplo de que el diálogo es inexistente y acaba dando paso, en la mayoría de los casos, a los recursos y denuncias ante los tribunales de justicia.
Esa normativa la recurre el Ejecutivo autonómico valenciano por considerar que atenta contra la unidad de los españoles y la igualdad ante la ley.
Previamente, el Consell ya recurrió ante la justicia los recortes en los trasvases de agua del Tajo al Segura, ante la imposibilidad de llegar a acuerdos con Teresa Ribera.
También la llegada de agua al parque natural de la Albufera ha acabado con conflicto entre ambas Administraciones y sin posibilidad alguna de llegar a acuerdos de manera dialogada. El Consell ha optado por defender su planteamiento ante la justicia.
Concordia: otro recurso
Son sólo tres ejemplos de imposibilidad para hacer política y negociar en beneficio de los ciudadanos. Pero habrá más. En breve el Gobierno de España formalizará su recurso contra la Ley de Concordia de la Comunidad Valenciana que deroga la de Memoria Histórica.
El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, es el encargado de explicar ante la ciudadanía que esa ley, a su juicio, contribuye a "blanquear el franquismo".
Esas palabras gruesas y cruce de declaraciones se repiten con otros departamentos como sucede con Hacienda, donde la ministra María Jesús Montero, defiende el cupo catalán frente a las quejas del Gobierno valenciano. También finalizará en los tribunales.
Sanidad, con Mónica García, tampoco escapa al conflicto con los refuerzos de médicos en verano como telón de fondo y sin ningún acuerdo de calado.
Enconada relación con Morant
Mazón se ha mostrado dispuesto a reunirse con Sánchez para tratar todos estos temas, entre otros, pero no ha habido oportunidad. Las dos cartas escritas por el presidente valenciano al presidente del Gobierno para solicitar ese encuentro no han tenido eco desde la Moncloa en los últimos diez meses.
La delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, aseguró en su día tras reunirse con Mazón que sí se producirá ese encuentro con Pedro Sánchez pero no ha habido novedades.
Las relaciones, de este modo, son gélidas y tampoco el 'feeling' entre Mazón y su rival de mayor calado, la ministra de Ciencia y secretaria general del PSOE valenciano, Diana Morant, es el adecuado.
Es el 'Milei alicantino' ha llegado a decir Morant hace unos días sobre el presidente de la Generalitat. Los puntos de partida parecen muy alejados para llegar a un entendimiento. Y a los recursos judiciales hay que sumar las comisiones bilaterales por discrepancias sobre leyes impulsadas por el Ejecutivo autonómico valenciano.
La última se desarrolló por el artículo 37 de los Presupuestos de la Generalitat de este año referido a la contratación de personal temporal con cargo a los créditos para inversiones. Un acuerdo 'in extremis' evitó que el Gobierno de España presentara un recurso al Tribunal Constitucional. Otro oasis entre tanta discrepancia sin puntos de acuerdo.
