El Juzgado de Instrucción 3 de Gandía (Valencia) ha dictado hoy un auto de incoación de diligencias previas contra Diana Morant, actual ministra en funciones de Ciencia y candidata del PSOE por Valencia en las pasadas elecciones generales del 23 de julio.
El citado juzgado de la ciudad ducal abre así la investigación judicial, documento al que ha tenido acceso Vozpópuli, contra la ministra; el actual alcalde de Gandía, José Manuel Prieto; y la responsable de los servicios jurídicos del Ayuntamiento, María Isabel Santapau.
Esta decisión del juzgado llega como consecuencia de la denuncia interpuesta el pasado 7 de julio por el exalcalde de la localidad, Arturo Torró.
Aforada
La investigación –que en caso de considerar el juez que hay comisión de delito debería pasar al Tribunal Supremo por la condición de aforada de Morant– analizará la actuación de la ministra en funciones, cuando era alcaldesa de Gandía en 2015, e intervino (en calidad también de jefa de la Policía Local) en una protesta contra un desahucio en un edificio municipal.
A la denuncia de Torró también se ha adherido la empresa Inmobles Reunits de Catarroja SL que es la afectada por la posterior okupación de ese inmueble que tenía en régimen de concesión administrativa para el alquiler de inmuebles.
Impago de alquileres
La denuncia relata como a raíz de esa paralización del desalojo por impago del alquiler se sucedieron diversas ocupaciones ilegales de las viviendas, hasta que los inquilinos que sí pagaban tuvieron que irse, por convertirse el edificio en un foco de conflictividad por tráfico de drogas, prostitución y donde llegó a producirse una muerte violenta.
Los denunciantes consideran que Morant fue "irresponsable" en su actuación y dio pie a un verdadero "desastre de consecuencias nefastas para la empresa concesionaria, los inquilinos y para la ciudad de Gandia".
Dos condenas
Los desperfectos fueron cuantiosos en un primer periodo, valorados en 770.000 euros y que provocó una condena judicial por la vía contenciosa-administrativa que tuvo que pagar el Ayuntamiento después de un acuerdo interno, aunque en la sentencia se pedía que se le trasladara la responsabilidad patrimonial a Diana Morant.
En una segunda sentencia condenatoria el Ayuntamiento de Gandía también tuvo que abonar 2.300.000 euros en otros conceptos a la empresa concesionaria por parte del lucro cesante (que la empresa sitúa hoy en día en los 16 millones de euros) y las pérdidas sufridas en el eficidio que está prácticamente en ruinas.
La empresa, ante la negativa del Ayuntamiento a satisfacer las cantidades económicas que demanda, ha proseguido su batalla judicial de la mano de Torró, y el pasado 7 de julio formalizaron la denuncia en la que también incluyen a Prieto y a Santapau por no haber "revertido la situación" y "hacer caso omiso a la sentencia del juez y hacer pagar del bolsillo de todos los gandienses lo que por sentencia tenía que pagar Diana Morant".
Escondida detrás de las instituciones
En el momento de presentar la denuncia Torró catalogó a Diana Morant de "cobarde" y de "esconderse detrás de las instituciones para no hacer frente a sus responsabilidades".
Mientras, David Pedrajas, administrador de la empresa denunciante, declara que la actuación de la ministra y la pasividad del alcalde Prieto y los servicios jurídicos del Ayuntamiento de Gandía le han causado "unos daños económicos irreparables y que todavía no han sido resarcidos".
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