La Audiencia Nacional ha celebrado hoy el juicio sobre del denominado 'cártel del fuego' donde la Fiscalía ha confirmado el pacto con Serafín Castellano para que no entre en prisión después de confesar los hechos de los que se le acusa.
El Ministerio Público ha desvelado que la defensa de Castellano ha comunicado que el acusado se declara culpable de todos los delitos y hechos que se le imputaban en esta causa, algo que ha hecho "con el juicio encima", ha explicado el fiscal.
Serafín Castellano ha confirmado a preguntas del fiscal –desde el estrado donde permanecía como abogado a diferencia del resto de acusados–que corroboraba la veracidad de las acusaciones que se le imputaban y ha afirmado que "me ratifico en el escrito presentado por mi letrado el pasado 22 de septiembre", en el que se confesaban los hechos.
2 años y 7 meses
Esta confesión tardía le ha permitido que la Fiscalía en sus conclusiones pida 1 año y 9 meses de prisión por la relación ideal medial de los delitos de falsedad documental, cohecho, prevaricación y malversación relación idéal.
Además, suma otros 10 meses de prisión por el delito de asociación ilícita, lo que suma una pena global de 2 años y 7 meses. Pese a ello la Fiscalía ha anunciado que no pedirá su ingreso en prisión porque ninguno de los delitos individualmente superan la pena de 2 años, aunque la última palabra la tiene el Tribunal.
Castellano, que fue número dos del PP valenciano, ha contribuido con 7.500 euros a depositar en la cuenta del juzgado un total de 904.407 euros junto al resto de acusados y donde el empresario Vicente Huerta, también acusado, ha sido el principal depositante. Es lo que reclamaba la Generalitat Valenciana por las irregularidades en los contratos de extinción de incendios entre la Conselleria de Gobernación y la empresa Avialsa.
Siempre negó los hechos
Castellano, que se encontraba desde ayer en la capital de España, ha sido el último en firmar su conformidad con el Ministerio Público, ya que en todo momento habia negado los hechos desde su detención en 2015.
Ahora, reconoce se corrompió a cambio de regalos y acepta el relato de la Fiscalía que asegura que Castellano era premiado "en forma de cacerías, monterías, hospedajes, viajes, dinero en metálico y hasta baúles con jamones".
El Ministerio Público le pedía inicialmente 21 años de prisión y la reducción de las pretensiones de la Fiscalía tras la confesión de Castellano es muy reveladora de que quizás el caso estuviera 'hinchado' en un inicio, aunque atendiendo lógicamente a lo establecido por cada delito en el Código Penal.
Castellano fue diputado en las Cortes Valencianas durante seis legislaturas y llegó a ser el portavoz del grupo parlamentario entre 2003 y 2007. A nivel orgánico fue el secretario general del PP de la Comunidad Valenciana entre 2012 y 2014, mientras que fue conseller de Gobernación y delegado del Gobierno entre 2014 y 2015, que fue su último cargo público porque en ese año se produjo su detención.
El juez que investigó el caso procesó a Castellano junto a otros acusados ante los indicios de la existencia de una presunta organización criminal que se habría concertado para alterar la adjudicación de contratos de extinción de incendios con la Administración autonómica valenciana.
La Comunidad Valenciana fue el territorio donde se detectaron más irregularidades pero la instrucción del caso también destapó irregularidades en otras comunidades como Cataluña e incluso a otros países. Según los cálculos del juez, se pudieron concertar contratos por un total de 151,5 millones de euros.
