El frente común de las fuerzas políticas que tienen representación en las Cortes Valencianas se ha diluido en lo que respecta a la infrafinanciación. PP, Vox, Compromís y PSPV se han dividido y las fórmulas que proponen para mejorar la situación ya parece seguro que, una legislatura más, no conducirán a que haya unidad acción para que se reforme el sistema de financiación.
El último ejemplo fue el pasado jueves cuando Compromís presentó una iniciativa legislativa para pedir al Gobierno un fondo de nivelación y la condonación de la deuda mientras no se afronte una reforma del sistema de financiación.
PP y PSPV lo apoyaron pero con matices. Los populares ven deficiencias técnicas en el texto y los socialistas creen que se tumbará en el Congreso –cuestión que no carece de fundamento, ya que en la Cámara Baja ni PP ni PSOE pueden garantizar que apoyarían esa iniciativa–. Vox se opuso directamente y votó en contra.
Es un ejemplo de la posición de los diferentes grupos políticos que coinciden en el fondo pero no en la forma y más cuando se hacen cálculos partidistas o electoralistas.
El deseado 'lobby' valenciano de presión –a imagen de vascos y catalanes– para la consecución de objetivos que beneficien a los 5 millones de habitantes de la Comunidad Valenciana deberá esperar.
Escasez de recursos
Los grupos políticos ni siquiera se han unido ante la evidente escasez de recursos económicos procedentes del modelo de financiación autonómica, caducado hace diez años, y que es una losa que pesa en la capacidad de la Generalitat Valenciana para implementar políticas novedosas en materia de empleo y reactivación económica.
El PP que lidera Carlos Mazón apoya la reforma del sistema de financiación autonómica "sin beneficiar a Cataluña de manera bilateral" y hasta que eso llegue reclama un fondo de nivelación con 1.782 millones de euros anuales para el período 2024-27. Compromís apoya esa reforma pero atendiendo a "peculiaridades de cada territorio" y sin descartar la bilateralidad para Cataluña como explica su portavoz, Joan Baldoví y hasta entonces ve bien que se aplique un fondo de nivelación y que se condone la deuda histórica.
El PSPV cierra filas con la gestión de Pedro Sánchez (y de su líder, la ministra Diana Morant) que da un trato preferente a Cataluña y promete "más fondos para el resto de Autonomías", en palabras de su portavoz en las Cortes, José Muñoz.
Vox, por su parte, se niega a cualquier fórmula de financiación autonómica porque defiende una gestión centralizada de los recursos económicos para velar por la "igualdad de todos los españoles", según explicita su portavoz en las Cortes, José María Llanos.
Tampoco avala la condonación de la deuda porque si se hace "ésta pasa al Estado que finalmente elevará los impuestos para hacer frente a ese nuevo volumen de deuda", en palabras del vicepresidente primero del Gobierno valenciano, Vicente Barrera.
Acuerdos en el 'exterior'
La persistencia en la infrafinanciación supone que los recursos que llegan, muy por debajo de la media nacional, se destinen casi en su totalidad a intentar garantizar la calidad en la prestación de los servicios públicos básicos.
A duras penas se consigue ese objetivo y el déficit, inevitable cada año, va engordando la deuda pública valenciana por mucho que se contenga el gasto.
El propio Carlos Mazón está más cerca de llegar a acuerdos en esta materia con presidentes de otras Comunidades Autónomas como el murciano, Fernando López Miras, o el andaluz, Juanma Moreno –incluso el castellano-manchego, Emiliano García-Page–, que con los dirigentes valencianos de PSPV, Compromís y Vox.
Ese frente común valenciano ha sido así pasto de las llamas de la polarización política que asola a España. El presidente valenciano quiere tomar alguna medida para reencontrar el consenso y ya piensa en 'activar' la plataforma 'Per un finançament just' donde todos los partidos reclaman medidas contra la infrafinanciación y que lleva demasiado tiempo paralizada.
Fondos retenidos
Tampoco hay acuerdo en torno a los fondos del Estado procedentes de la actualización de las entregas a cuenta que se ha realizado ahora tras la prórroga de los Presupuestos Generales de 2023. Esa actualización supondrá la llegada de 520 millones de euros que será retenida hasta septiembre por el Gobierno de España, según avanzó la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.
La portavoz del Consell, Ruth Merino, lo considera una "desvergüenza porque esos fondos que los valencianos deberían estar recibiendo desde el 1 de enero, ahora nos enteramos por el BOE de que Montero aún va a seguir reteniéndolos algunos meses más".
El argumentario del PSPV que lidera Diana Morant es que esta llegada de fondos del Estado, aunque sea tardía es como una "mejora de la financiación" y que con Sánchez llega más dinero que nunca a la Comunidad Valenciana. Polos opuestos.
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