Los inspectores de Trabajo consultados por Vozpópuli consideran que la dimisión de Mónica Oltra como vicepresidenta del Consell no le habría dado derecho a percibir la prestación por desempleo que ella misma asegura estar ingresando. Las citadas fuentes indican que "como en el caso de un trabajador por cuenta ajena, no es lo mismo un cese que una dimisión" y, en el segundo de los supuestos –salvo en las excepciones que contempla ley y que a Oltra no le afectan– "no tienen derecho a paro".
Los inspectores consultados forman parte de los Cuerpos Superiores de la Administración Civil del Estado y coinciden en que la situación de Oltra –que presentó su dimisión en una rueda de prensa pública y que confirmó que había dimitido en la entrevista concedida a La Sexta el pasado fin de semana– se asimilaría a una baja voluntaria que no lleva aparejada la percepción de prestación por desempleo.
Abandonar el puesto de trabajo
La Ley General de la Seguridad Social establece claramente la diferencia entre un despido objetivo, improcedente, y una voluntariedad en el acto de abandono de un puesto de trabajo que sería el aplicable a Oltra (según el relato público que ha hecho ésta de su salida del Gobierno valenciano).
La valoración también es coincidente en cuanto a que lo que Mónica Oltra dijera en público tiene un valor 'político' pero lo que realmente se tiene en cuenta, a efectos de percepción del paro, es lo que manifestara documentalmente a la hora de formalizar su salida.
Es ahí donde entra la figura del presidente autonómico valenciano, Ximo Puig, que es quien tiene la potestad de firmar los nombramientos y los ceses de altos cargos. En el caso de Mónica Oltra, Puig reflejó que se trataba de un "cese", sin apostillar que era a petición propia, como sí figura, por ejemplo, en el caso del que fuera vicepresidente segundo, Rubén Martínez Dalmau. Esa coletilla es la que determinaría que no tiene el derecho a percibir el paro.
Equiparable a Mireia Mollà
Según el documento firmado por Puig, la salida de Mónica Oltra sería igual que la de Mireia Mollà, pese a existir una clara diferencia. La exvicepresidenta dejó claro que se iba ella. Y en el caso de la que fuera consellera de Agricultura su salida fue un cese ordenado por la actual vicepresidenta, Aitana Mas, asumido por Puig, y que llevó después aparejada la salida de más altos cargos y abrió una crisis en el seno de Compromís.
El documento que Mónica Oltra remitió al departamento de Recursos Humanos será clave para la investigación si finalmente el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) decide admitir a trámite la demanda y posteriormente remitir el asunto a la fiscalía antes de valorar si abren un proceso judicial.
Posible inspección laboral
Los inspectores de Trabajo también reconocen que si esta situación no se resuelve de manera satisfactoria y con claridad podría dar origen a una inspección laboral para averiguar qué sucedió realmente. Este es el objetivo de la demanda que el pasado lunes interpuso ante el TSJCV Vicente Fernández, el diputado no adscrito que anteriormente perteneció al grupo parlamentario de Ciudadanos.
La carta de dimisión de Oltra, la indemnización que puede haber percibido de tres mensualidades íntegras de su sueldo como vicepresidenta, y la documentación referente a este asunto que figure en la conselleria de Presidencia, en la de Políticas Inclusivas (que dirigía Oltra) y en la de Hacienda, formarán parte de las pruebas que se incorporarán a la demanda formulada ante el TSJCV.
Un 'arreglo'
Las opciones sobre este asunto en el que la propia Oltra ha puesto el foco de la actualidad con su entrevista televisiva se reducen a dos. Una, la más gravosa para Ximo Puig, sería que se hubiera realizado un 'arreglo' con Oltra para que ésta pudiera cobrar del paro y disfrazar así una dimisión anunciada a los cuatro vientos como un cese por decisión presidencial. Es la que podría tener consencuencias judiciales y suponen la base de la denuncia de Fernández.
Y la segunda, tendría consecuencias políticas pero no judiciales. Es la que supondría que tanto Oltra como Puig faltaron a la verdad en sus diferentes comparecencias públicas. En el caso de Mónica Oltra ha sido reiterado el argumento de la dimisión y hasta en su propio partido, Compromís, esgrimieron su adiós voluntario como un acto "loable" para que no perjudicara el futuro del acuerdo del Botànic con PSPV y Podemos en el Gobierno valenciano.
Agradecimiento de Puig
En lo que se refiere a Puig debería explicar el motivo por el cual el pasado 22 de junio en el Palau de la Generalitat explicó que agradecía la dimisión de Oltra "para proteger al Consell y beneficiar el interés general" e igualmente valoraba "la generosidad responsable que ha demostrado. No todos los políticos son iguales", dijo. El presidente autonómico hablaba de la dimisión de Oltra y, en ningún momento, presentaba su salida del Gobierno valenciano como una decisión suya.
Este mismo hilo argumental lo presentó durante la sesión de control en las Cortes Valencianas el pasado 30 de junio cuando volvió a agradecer a Oltra su dimisión y demostrar que el Gobierno valenciano que preside "cuando hay que poner por encima el interés general, lo pone". Es más, en el intercambio de críticas parlamentarias con la portavoz del Grupo Popular, María José Catalá, Puig puso la dimisión de Oltra como ejemplo de "dignidad que los 135 condenados que ustedes tienen –en referencia al PP– nunca tuvieron".
El cese de Oltra como una decisión del presidente valenciano y no como una baja voluntaria de la exlíder de Compromís sólo asoma, de esta forma, en el documento firmado por Puig tras la reunión del pleno del Consell en el que se dio cuenta de su salida.
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