El juicio del caso Alquería está enfilando su recta final. La declaración hoy de una perito de la Intervención General de la Administración del Estado que considera ilegales los contratos de alta dirección en la empresa pública Divalterra (ya extinguida) para personas afines a PSPV y Compromís ha consolidado la posición de los denunciantes y se suma, por ser coincidente, a la expresada en la anterior sesión del juicio por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF).
La interventora del Estado se ha ratificado de esta forma en el informe que realizó en la instrucción de este juicio. Ha asegurado que los contratos de los altos cargos que tuvieron lugar bajo la presidencia de Jorge Rodríguez en la Diputación de Valencia no se ajustaron al cumplimiento del principio de igualdad, puesto que ninguna otra persona que no fueran los altos directivos escogidos podían optar a presentarse al puesto de trabajo.
Hay que recordar que la elección de estas personas se realizó en virtud de unos 'padrinos' políticos cuyo organigrama fue encontrado en el despacho de Jorge Rodríguez durante un registró de la UDEF. Entre las personas que habrían recomendado a los 'enchufados' se encuentra el alcalde de Valencia, Joan Ribó, –en concreto sería la persona que aconsejó la contratación de Soledad Torija para el área de Medio Ambiente–.
Se quiso coger a unos señores predeterminados y darles un puesto de trabajo
La interventora de la Administración del Estado también ha afirmado que en la contratación de los altos directivos cuya contratación se cuestiona en este juicio tampoco se ajustó a los principios de mérito y capacidad que deben regir este tipo de contrataciones. Durante su intervención ha considerado que 'en realidad se quiso coger a unos señores predeterminados y darles un puesto de trabajo de alta dirección. Se intentó dar una apariencia de legalidad" a los contratados.
Además, ha señalado que el hecho de utilizar la figura de alta dirección en la contratación fue para 'darles directamente el puesto de trabajo', aunque –ha insistido– «no existe evidencia de que hayan realizado funciones rectoras en Divalterra».
En cuanto al Consejo de Dirección de Divalterra, la interventora ha recordado que "la ley dice que es el Consejo de Dirección el que fija los órganos. Sirve para dar mayor agilidad a las sociedades. Me sorprendió la creación de un Consejo de Dirección que decía lo que iba al Consejo de Administración y que no estuviera regulada en los estatutos".
La perito de la IGAE ha fortalecido así la línea de la acusación que se suma a la de la UDEF que aseguró que Jorge Rodríguez tenía "absoluto conocimiento" de las contrataciones arbitrarias en el seno de Divalterra a través de diversos informes contrarios a su aplicación y también mediante correos electrónicos de sus colaboradores en la corporación provincial.
Informes que pueden ser decisivos
Los informes de la IGAE, como sucede en el caso de la Agencia Tributaria, suelen captar la atención del tribunal que juzga al ser los expertos que la ley pone a su disposición para valorar cuestiones concernientes a una Administración Pública o con temas económico-fiscales, según el caso.
Las fuentes judiciales consultadas por Vozpópuli afirman que después de la sesión de hoy la situación tanto de Jorge Rodríguez –quien actualmente es alcalde de Ontinyent– como la de los otros trece acusados en esta causa puede haber "empeorado sensiblemente" de cara al tribunal que los juzga.
Los otros dos peritos que comparecían en la sesión de hoy han defendido el informe realizado por el Colegio de Secretarios, Interventores y Tesoreros (Cosital), y han coincidido con la interventora de la Administración del Estado en que no se aplicaron los criterios de igualdad, mérito capacidad.
Han diferido, eso sí, en el hecho de que no se aplicaran criterios de publicidad, transparencia o imparcialidad y también en la creación del Consejo de Dirección al que atribuyen la preparación de las reuniones del Consejo de Administración "como sucede en otras Administraciones".
Hay que recordar, no obstante que este informe fue encargado por Jorge Cuerda letrado-asesor de Divalterra (que también es miembro de Cosital), por lo que según las mismas fuentes consultadas, puede considerarse un documento con "mucho menor peso" que el de la IGAE y la UDEF a ojos del tribunal. Cuerda se enfrenta a seis años de prisión por falsedad, malversación y prevaricación.
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