El titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Valencia ha procesado al hermano del expresidente de la Generalitat, Ximo Puig, por haber incurrido presuntamente en los delitos de estafa y falsedad. El magistrado atribuye estos delitos a Francisco Puig Ferrer, hermano del exlíder socialista valenciano, y su socio Juan Enrique Adell Bover.
A partir de este momento se abre un plazo de diez días durante los cuales las partes podrán pedir el sobreseimiento o la apertura del juicio oral y, en este caso, fijar las penas que solicitan.
El juez Jorge Martínez Ribera ha descartado el fraude en las subvenciones públicas al no superar el importe de 120.000 euros que tipifica el Código Penal para considerarse como delito. El auto recoge que en la empresa Comunicaciones dels Ports S.A., de la que es administrador el hermano de Puig, existen "indicios" de haberse obtenido "indebidamente" subvenciones de la Generalitat Valenciana en el periodo que va de 2015 a 2018, cuando Ximo Puig presidía el Ejecutivo autonómico valenciano apoyado por Compromís.
Empresa ficticia
El auto del juez, al que ha tenido acceso Vozpópuli, indica que la otra empresa involucrada, Mas Mut Produccions era "ficticia" e "instrumental" y no cumplía con los requisitos para ser beneficiaria de las subvenciones proporcionadas por la Generalitat Valenciana.
Durante la investigación, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) constató que había facturas duplicadas y cruzadas, en un extenso informe que evidenciaba las irregularidades que ahora el juez comparte en su auto.
También se abonaron, según la investigación de la Guardia Civil que ahora ha validado el juez en su auto, alquileres de locales que no correspondían a las empresas investigadas, repostaje de coches que tampoco pertenecían a las empresas e incluso el video de la boda del cómplice del hermano de Puig en el fraude.
Fiscalía pidió la apertura de juicio
La Fiscalía Anticorrupción también pidió el pasado mes de junio el procesamiento de los dos acusados y a la vista de las facturas cruzadas analizadas los consideraba como posibles autores de un delito de falsedad documental mercantil como "cooperantes necesarios de uno en los delitos cometidos por el otro".
Anticorrupción constataba así que se había producido un perjuicio económico y solicitó ofrecer acciones legales tanto a la Abogacía de la Generalitat Valenciana como a la Generalitat de Cataluña (que también concedió subvenciones a la empresa del hermano del expresidente autonómico valenciano).
