El juicio del denominado caso Alquería –que afecta al expresidente socialista de la Diputación de Valencia Jorge Rodríguez y a otros 14 acusados– por contrataciones presuntamente irregulares de personas vinculadas al PSPV y a Compromís en la empresa pública Divalterra ha arrancado este lunes en la sección primera de la Audiencia Provincial de Valencia. En este juicio se va a determinar si hubo irregularidades en la contratación de altos cargos en Divalterra con el objetivo de favorecer a personas afines a estas dos formaciones políticas pese a que se emitieron numerosos informes en contra de las mismas.
A su llegada a la Ciudad de la Justicia Jorge Rodríguez ha explicado que "los salarios se pagaron a gente que iba a trabajar todos los días", aunque ha reconocido que quizás la figura de "alto cargo" con la que fueron contratados los trabajadores vinculados a las dos formaciones políticas pudiera ser o no la que correspondiera. Rodríguez ha asegurado que ésta no es una causa compleja sino ceñida, en su opinión, a "siete contratos que pueden o no ser irregulares". "Siempre hemos pensado que este asunto era más propio de un juzgado de lo contencioso", ha señalado el también alcalde de Ontinyent a su llegada a la Ciudad de la Justicia de Valencia
8 años de prisión
Rodríguez se enfrenta a una pena, tal y como reclama la Fiscalía Anticorrupción, de 8 años de prisión y 20 de inhabilitación (el PP que ejerce la acusación popular reclama 18 años). La misma petición de cárcel encara el que fuera su jefe de gabinete en la corporación provincial, Ricard Gallego; el asesor Manuel Reguart (ambos por cooperación necesaria); y los dos exgerentes de la empresa pública, Agustina Brines (por Compromís) y José Ramón Tiller (por el PSPV). A todos ellos el fiscal Anticorrupción les atribuye los delitos de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos y falsedad en documento oficial.
El expresidente de la Diputación es actualmente el alcalde de Ontinyent por el partido político La Vall ens Uneix, al que se incorporó después de abandonar el PSPV diez meses después de su detención el 27 de junio de 2018. En las elecciones municipales de 2019 arrasó en su localidad natal –dejó sin diputado provincial al PSPV– y desde entonces sigue al frente de la Alcaldía.
Para las siete personas contratadas como cargos de alta dirección en Divalterra, y que estaban vinculadas al PSPV y Compromís, el fiscal pide penas de 6 años de prisión por falsedad documental y malversación de caudales públicos; también 6 años de prisión para asesor jurídico de Divalterra, Jorge Cuerda, y otro gerente de la empresa, Xavier Simón, por falsedad, prevaricación y malversación. De igual modo, solicitaba el sobreseimiento provisional para uno de los acusados, Pau Pérez, que finalmente ha sido atendida por el tribunal.
Estructura de Gobierno paralela a la auténtica voluntad del ConsejoFiscal Anticorrupción
El coste para las arcas públicas de lo que el fiscal califica como "una estructura de Gobierno paralela a la auténtica voluntad del Consejo de Administración" fue de 1,1 millón de euros. El nombramiento de personas afines tenía por objeto, según este relato del escrito de calificación del fiscal, "controlar la empresa pública a su antojo, dado que los técnicos se negaban a obedecer órdenes de marcada ilegalidad".
Las contrataciones de alta dirección de las siete personas vinculadas a estas dos formaciones políticas se hicieron "sin sujetarse a los principios de mérito, capacidad y transparencia" –cuestión preceptiva en la función pública- y además se les encargaron áreas sin un contenido efectivo y "sabedores" los contratantes de que suponían un perjuicio por el coste salarial para la empresa pública.
Indemnizaciones y devolución de salarios
Por ello, el fiscal pide como responsabilidad civil a Rodríguez, Gallego, Reguart y Brines que indemnicen conjunta y solidariamente a Divalterra con 1.009.000 euros, y a Tiller con 1.001.000; con 8.200 euros a Cuerda y Simón; mientras que los contratados tendrán que indemnizar según los salarios e indemnización recibidos en su día.
La sección primera de la Audiencia Provincial de Valencia ha señalado un total de 29 sesiones. La vista que ha arrancado hoy con las cuestiones previas tendrá su última jornada el 25 de noviembre y a lo largo de estos tres meses, además de los acusados, prestarán declaración 46 testigos y 13 peritos.
Este juicio supone la primera enmienda a la gestión conjunta de PSPV y Compromís desde su llegada a las principales instituciones valencianas en 2015 y rompe el discurso de la corrupción que blandieron contra el PP en la campaña electoral de ese año.
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