La Ley de Concordia que impulsan PP y Vox se debate hoy en las Cortes Valencianas y mañana saldrá adelante poniendo punto y final a la Ley de Memoria Democrática y para la Convivencia que el Gobierno de Ximo Puig impulsó y que fue promulgada, tras su paso por la Cámara autonómica, en noviembre de 2017.
La votación está programada tras la sesión de control de mañana al presidente de la Generalitat, Carlos Mazón. Es la norma que dinamita las relaciones en la legislatura con los grupos de la oposición, PSPV y Compromís, que van a emprender una cruzada contra este texto.
Víctimas de la violencia
Algunos de los capítulos más oscuros de la historia española se ven reflejados en ambas normas y pese a que el espíritu es el de amparar a las víctimas de la violencia de Estado o política, o las que sufrieron persecución ideológica y religiosa (analiza los crímenes cometidos en la II República, la dictadura de Franco, los atentados de ETA, los GAL...), la traducción práctica ha llevado a que los grupos parlamentarios acaben resucitando en el argumentario político las 'dos Españas'.
El debate llega con las posiciones fijadas de antemano y sin posibilidad alguna de alcanzar puntos de encuentro entre PP-Vox, por un lado, y PSPV-Compromís, por el otro.
Los impulsores de la Ley de Concordia defienden que "se amplían los derechos de las víctimas de todo tipo de violencia" y la oposición ve un "blanqueamiento al franquismo".
La gran diferenciación ideológica entre estos cuatro partidos se ha antepuesto a cualquier otra interpretación, por lo que el debate es de trazo grueso y va a ser la piedra angular del discurso de Diana Morant –como líder del PSPV e integrante del Gobierno de Pedro Sánchez– contra el presidente valenciano, Carlos Mazón.
Adiós a los consensos
Los socialistas valencianos defienden, como sucede con Compromís, que el texto que se aprobará mañana "destruye consensos" y, sobre todo, "equipara a víctimas con verdugos", ya que recuerdan que la norma presenta de igual modo "un gobierno legítimo que una dictadura". Así lo expresará hoy el portavoz socialista en las Cortes Valencianas, José Muñoz.
Esta aprobación 'exprés' (por el método de urgencia) de la Ley de Concordia se suma a las otras cuatro leyes de la reforma normativa de mayor calado prevista por PP y Vox para el actual mandato.
4 leyes más
La nueva ley de la radiotelevisión púbica valenciana (À Punt); la reforma que afecta a la Agencia Antifraude (que tendrá en la persona de Eduardo Beut a su nuevo director); y la nueva ley educativa (con claras implicaciones lingüísticas de defensa del castellano frente a lo que PP y Vox consideran "imposición" del valenciano) ya salieron adelante hace dos semanas.
Mañana, junto a la de Concordia se aprobará la reforma que afecta a la Transparencia y Buen Gobierno de la Comunidad Valenciana, con un ojo puesto también en lo referente a la incompatibilidad y conflictos de intereses de personas con cargos públicos no electos.
Mazón defiende este conjunto de iniciativas legislativas que entroncan con su programa electoral (como sucede en mayor o menor medida con el de Vox).
Al Constitucional
Diana Morant, por su parte, ya ha anunciado que el Gobierno de España registrará un recurso en el Tribunal Constitucional (TC) que considera que saldrá adelante.
La actual composición del TC arroja una mayoría progresista de 7 a 4 de sus integrantes, lo que está facilitando que prosperen recursos del Gobierno de Pedro Sánchez. El último ejemplo es el presentado contra la Ley Trans y LGTBI de la Comunidad de Madrid, aprobada en 2023.
Las resoluciones del TC en la revisión de los ERE de Andalucía, enmendando la plana al Tribunal Supremo, o paralizando la derogación de la ley de Memoria Democrática en Aragón anticipa que el recurso contra la Ley de Concordia valenciana seguirá el mismo camino.
El Gobierno argumenta para la presentación de este recurso que la Ley de Concordia "invisibiliza a las víctimas del bando republicano y dificulta el trabajo de las organizaciones memorialistas que trabajan por la verdad para que nadie reescriba la historia blanqueando el franquismo", tal y como expresó el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres.
Invocará, igualmente, los informes de tres relatores de la ONU instando al Estado a adoptar "todas las medidas necesarias para garantizar el estricto respeto de los estándares internacionales de los Derechos Humanos en materia de preservación de la memoria histórica de las graves violaciones de los Derechos Humanos".
Período glaciar
La reforma educativa también podría acabar en los tribunales al considerar el PSPV que supone un "ataque contra la lengua valenciana". Es una cuestión que se decidirá en próximas fechas.
Más allá de este choque institucional se abre una época gélida, de gran dificultad (o imposibilidad) para llegar a acuerdos en las Cortes Valencianas. La renovación de órganos estatutarios que está bloqueada desde hace años como es el caso de la Sindicatura de Cuentas, el Consejo Jurídico Consultivo, el Consejo de Transparencia y el Consell Valencià de Cultura, seguirá así mientras no se produzca un deshielo que no se atisba.
El pleno de mañana será el último del actual periodo parlamentario, aunque el lunes día 15 habrá un 'pleno escoba'. En él se aprobarán diversos decretos del Gobierno que quedaban pendientes antes de que esté operativa la Diputación Permanente como órgano de 'guardia' de la Cámara autonómica valenciana entre periodos parlamentarios.
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