Carlos Mazón ha dado la orden de revisar "con lupa" los contratos que el Gobierno de Ximo Puig realizó en plena pandemia del COVID-19. El presidente valenciano ya había anunciado una auditoría del sector público y va a reforzar la "vigilancia" ante informaciones como la adelantada por Vozpópuli sobre que el anterior Ejecutivo contrató con 46 de las 75 empresas que figuran en el sumario del caso Koldo.
"Todo se va a revisar con lupa", explican desde el Gobierno valenciano a preguntas de este medio. La intención es que no quede contrato sin fiscalizar porque entienden que "los valencianos merecen saber dónde fue a parar hasta el último céntimo del dinero público".
Adjudicaciones a dedo
El presidente de la Generalitat –que hoy estará en Barcelona para animar a las empresas catalanas a que se asienten en la Comunidad Valenciana– ya anunció el pasado mes de enero que se iba a hacer una auditoría del sector público porque el Gobierno de Ximo Puig "adjudicó a dedo 253.122 contratos por un importe de 713 millones de euros”, mientras que en el año 2021 se registraron más de “4.000 contrataciones de personal que no estaban autorizadas por la Dirección General de Presupuestos”.
Mazón lamentó entonces que se había encontrado una Administración autonómica en una situación "crítica" y por ello dio el paso de auditar todas las cuentas de la Generalitat.
Preparando la licitación
El proceso de preparación de la licitación para que una empresa externa realice la labor de campo "está ya en marcha", según han asegurado fuentes oficiales de la Generalitat a este medio que insisten en que antes de que finalice el año quieren empezar a recabar información de ese chequeo.
El actual Gobierno autonómico –sustentado por PP y Vox– está decidido a investigar la actividad del Gobierno valenciano en la época de la pandemia donde la discrecionalidad en la adjudicación de contratos y la premura con la que se hicieron muchos de ellos abrió la puerta a "empresas que eran poco de fiar", tal y como afirma la consellera portavoz, Ruth Merino.
Empresas bajo sospecha
El análisis de las empresas pertenecientes a la trama Koldo y aquellas que figuran en el sumario del caso que se instruye en la Audiencia Nacional se han convertido en una "prioridad", al igual que aquellas firmas que aparecieron con la pandemia para captar contrataciones para el suministro de mascarillas y luego 'desaparecieron' –como adelantó Las Provincias– y también las que pudieron suministrar material defectuoso.
La portavoz del Consell y titular de Hacienda, Ruth Merino, explicaba ayer que el Gobierno valenciano llegará “hasta el final” para investigar posibles irregularidades en la adquisición de material sanitario de protección contra la COVID-19 durante la etapa del Gobierno del PSPV, Compromís y Podemos que encabezaba Ximo Puig.
Preguntas en las Cortes
Esta tarea de análisis también se va a impulsar desde el grupo parlamentario popular donde el portavoz, Miguel Barrachina, aseguraba ayer que “desde el PP estamos comprometidos con la verdad en la contratación de mascarillas y por eso queremos saber qué ocurrió con las empresas fantasmas y los pelotazos sanitarios del Gobierno de Ximo Puig”.
"No puede ser una casualidad tantas coincidencias juntas: que aparecieran en el piso de Koldo en Polop dinero, armas y móviles; que testificasen detenidos en una comisaría en Patraix; que apareciera involucrado el despacho de abogados del anterior secretario general del PSPV Francesc Romeu; que estuviera la entonces senadora Cristina Moreno en la marisquería con miembros de la trama; y que tras reunirse Koldo con un empresario valenciano se le adjudicasen a la semana obras desde Ferrocarrils de la Generalitat”, reflexionaba.
Contrataciones verbales
El PP en las Cortes reclamará toda esa información al Gobierno valenciano, al igual que demanda documentación para conocer si es cierto, tal y como indicó la Sindicatura de Cuentas, que 82 millones de euros fueron contratados por el Gobierno de Puig verbalmente, sin que mediase documento", denuncia Barrachina.
En el PSPV, mientras, afirman estar "tranquilos" con toda esta investigación que el PP quiere poner en marcha. Las fuentes consultadas por Vozpópuli tanto en el partido como en el grupo parlamentario socialista aseguran que "todo se hizo correctamente".
Como prueba de ese "buen hacer" citan que la persona que centralizó esas compras en el Gobierno de Ximo Puig, la exsecretaria autonómica de Economía Mako Mira, ha estado trabajando durante varios meses con el Gobierno de Carlos Mazón hasta su cese en el cargo recientemente para pasar a desempeñar la dirección de proyectos estratégicos del Grupo Dominguis Energy Services.
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