El Gobierno valenciano de Carlos Mazón va a aplicar nuevas rebajas fiscales e ignora así la advertencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que le pedía no hacerlo para poder luego percibir más recursos del Estado.
El 'consejo' del presidente del Gobierno le ha llegado al presidente valenciano por dos vías. La primera por parte de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que pedía a Autonomías como la valenciana que exprimiera las posibilidades de recaudación de impuestos que tiene a su alcance para luego pedir menos fondos del sistema de financiación autonómica.
La segunda le llegaba mediante la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, quien ha insistido en sus últimas comparecencias públicas en que Mazón debe dejar de "hacer favores a los que más tienen" porque a su juicio no se puede "con una mano rebajar los impuestos a los ricos y con la otra pedir más dinero al Estado".
Política fiscal propia
El presidente de la Generalitat ya explicó a la salida de su reunión en la Moncloa con Pedro Sánchez que seguiría "defendiendo nuestro autogobierno" y la capacidad de aplicar políticas fiscales que "son las que han votado la mayoría de los valencianos".
Las críticas de dirigentes del PSOE y miembros del Gobierno a las rebajas de impuestos de Mazón fueron definidas por el jefe del Consell como un "chantaje" que no se da en otras Autonomías como la catalana a la que entiende que Sánchez le da "manga ancha".
Las posiciones se han mantenido desde entonces inalteradas y Carlos Mazón ha dado un paso más al incluir en el anteproyecto de la Ley de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera y de Organización de la Generalitat de 2025 (la conocida como Ley de Acompañamiento a los Presupuestos) una serie de rebajas fiscales que ya esbozó durante su discurso en las Cortes en el debate de Política General de la Comunidad Valenciana.
Rentas medias y bajas
Las nuevas medidas fiscales están destinadas a favorecer a rentas medias y bajas y beneficiará a unas 41.900 personas. El ahorro global cuantificado será de 10 millones de euros y la rebaja será para límites de renta de 30.000 euros anuales en las declaraciones individuales y de 47.000 euros en las conjuntas.
Los actuales importes de la deducción por nacimiento o adopción también pasarán de los 300 euros actuales a los 600 euros, si se trata del primer hijo o hija; 750 euros, en el caso del segundo o segunda, y 900 euros, en el supuesto del tercero o tercera y sucesivos.
La ampliación de los importes supondrá un ahorro de 9,73 millones de euros y se estima que pueda beneficiar a 40.000 personas.
Acogimiento familiar
Estas mismas mejoras se trasladarán a la deducción por acogimiento familiar, cualquiera que sea su régimen, de manera que se incluirá también la guarda con fines de adopción, lo que permitirá aumentar el número de personas beneficiarias. En este caso, se estima que se beneficien de la medida casi 1.300 contribuyentes con un ahorro de unos 216.300 euros.
Las familias acogedoras también disfrutarán de otras deducciones del tramo autonómico del IRPF que hasta ahora estaban limitadas a otras modalidades de familia.
En concreto, se podrán beneficiar de la deducción por nacimiento o adopción de una persona con discapacidad; la deducción por custodia no ocasional en guarderías y centros de primer ciclo de educación infantil de menores de 3 años; la deducción por conciliación del trabajo con la vida familiar y la deducción por adquisición de material escolar. En este caso, el impacto estimado es de 48.423 euros para alrededor 600 contribuyentes.
La deducción autonómica por nacimiento o adopción es la tercera deducción autonómica más aplicada (41.295), por detrás de la de arrendamiento de la vivienda habitual (89.099) y la de contribuyentes con dos o más descendientes (42.782), según los datos que se disponen sobre la declaración del IRPF de 2022.
Pesca y Agricultura
Hay también recogidas en la citada ley medidas de apoyor al sector pesquero, que ha sufrido de forma especial el alza de precios mientras el volumen de capturas ha caído. Por ello, se han eliminado dos tasas que gravan al sector en la Ley 1/1999, de 31 de marzo, de Tarifas Portuarias. En este sentido se contempla en el texto legislativo la bonificación de la totalidad de la tarifa ‘G-4: Servicios a la pesca fresca y acuicultura marina’, así como la exención del pago de la tarifa ‘G-2 buques’ para estancias en los puertos autonómicos.
Con estas medidas se benefician 15 cofradías con un total de 377 buques de pesca con base en los puertos de la Generalitat y con un impacto económico de casi 824.000 euros.
Igualmente la ley incorpora como novedad una rebaja fiscal del 60% para las adquisiciones de parcelas con vocación agraria efectuadas por titulares de una explotación agrícola registrada que no cumplan los requisitos para ser consideradas personas agricultoras profesionales.
Para ello, se reduce del 10% al 4% el tipo que grava estas operaciones en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, todo ello con el fin de fomentar el relevo generacional, la incorporación de nuevas personas a la agricultura y la competitividad. Esta medida tendrá un impacto económico de 2,6 millones de euros.
Además, los proyectos de interés autonómico (PIA) definidos por el nuevo Decreto Ley de Simplificación Administrativa tendrán una bonificación específica del 50% del impuesto correspondiente a los actos jurídicos documentados, entre otras medidas de estímulo.
El objetivo es reforzar la atracción de grandes inversiones en atención al indudable potencial que tienen estas iniciativas para el desarrollo y modernización del tejido productivo de la Comunidad Valenciana.
