Las fugas de los menores tutelados de los centros es un tema tabú. La Asociación SOS Desaparecidos ha recibido múltiples amenazas por difundir estas ausencias pero la última es realmente sorprendente. La directora territorial de Igualdad de Valencia, Carmen Fenollosa, investigada por su actuación en un caso de abusos sexuales en el que fue condenado el exmarido de Mónica Oltra, recriminó a esta entidad que publicaran una alerta que fue subida a la red por el Centro Nacional de Desaparecidos del Ministerio del Interior.
Se da la circunstancia de que esta mujer es la cabeza de la Consejería a la que se investiga por la supuesta omisión del deber de custodia y protección de la menor acosada en el proceso de abusos contra el exmarido de Oltra. Desde SOS Desaparecidos advierten en declaraciones a Vozpópuli que más del 80% de las denuncias de menores que se fugan se producen en este tipo de centros tutelados.
El caso de Valencia
Según los datos de esta entidad existe en la actualidad la friolera de 104 menores desaparecidos y la mayoría de ellos están fugados de los centros. Toda esta polémica ha surgido por la denuncia en torno a un menor de 12 años en Torrent (Valencia) el pasado 8 de marzo de 2021. A día de hoy este niño sigue desaparecido, según las bases de datos del Ministerio del Interior.
Con motivo de la publicación de su imagen, Carmen Fenollosa emitió un burofax a SOS Desaparecidos en el que pedía que se pusiera "fin de inmediato a esta situación y a la vulneración de sus derechos a la intimidad y a la propia imagen que se ha producido dicha difusión". "Reservándose la entidad pública, en caso de no ser así, las acciones legales que procedan para salvaguardarlos", amenazó.
La asociación retiró la imagen del menor pero respondió a la responsable política que gracias a su difusión consiguieron la información de que el menor se encontraba con su madre y sus hermanos en Italia. Unos datos que comunicaron a la Policía Nacional.
Una situación compleja ya que a fecha de hoy, dos años después de la denuncia, la imagen del menor sigue colgada activa en el Centro Nacional de Desaparecidos que es dependiente del Ministerio del Interior. Eso sí. Se ha actualizado la edad del niño que en la actualidad tiene 14 años.
Amenazas constantes
En declaraciones a Vozpópuli, el presidente de SOS Desaparecidos, Joaquín Amills defiende la actuación de su plataforma y asegura que los casos de menores que difunden es porque tienen la autorización de los padres. "Hay fugas de centros de menores tutelados que se repiten cada diez días", remarca.
En el caso por el que le han amenazado desde Valencia recibieron la llamada de que se lo había llevado un familiar del centro a Italia. "No es la primera vez que nos amenazan. Es ridículo, para mí es un insulto a la inteligencia que digan que es una vulneración de los derechos a la intimidad del menor. Es vergonzoso", subraya.
Esta amenaza ha supuesto que las denuncias de desapariciones de los menores tutelados en Valencia no sean publicadas por la asociación. Una circunstancia que afecta sobre manera a este tipo de casos por la 'herramienta' que supone esta asociación para colaborar en las búsquedas.
Los centros de menores
Amills destaca que las fugas de los centros de menores son muy "comunes". Las familias de estos jóvenes sufren un drama porque al no tener la tutela desconocen totalmente si la administración ha denunciado o los avances de las investigaciones. "Muchos centros se niegan a comunicar la situación a las familias", lamenta el presidente de SOS Desaparecidos.
Este es un asunto "muy grave" y reciben constantemente amenazas por difundir este tipo de situaciones. "No sé si es por miedo a la mala reputación o porque se les fastidia el negocio", denuncia Amills. SOS Desaparecidos ha conocido casos de menores de los que se ha denunciado la desaparición pero se encuentran en casa de familiares. "Como le quedan cinco meses de tutela pues dicen que les tienen controlados", aseguran.
A pesar de encontrar piedras en el camino SOS Desaparecidos sigue denunciando este tipo de situaciones. "No vamos a parar", avisa Amills. Porque... "qué nos queda si los que protegen a los menores no lo hacen".
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