La baja ejecución de las inversiones previstas para la Comunidad Valenciana en los Presupuestos de la Generalitat y en los Presupuestos Generales del Estado en 2021 es una constante en los últimos años. Prácticamente la mitad de las inversiones no han llegado a buen puerto lo que provoca que, año tras año, se vuelvan a consignar partidas presupuestarias que se arrastran sin ejecutar de ejercicios anteriores.
La falta de agilidad de las Administraciones públicas es una de las cuentas pendientes del sistema político español. El último de los ejemplos lo encontramos en la captación y gestión de fondos europeos. El embudo administrativo, los requisitos farragosos y la falta de personal especializado ha provocado que los fondos de ayuda aprobados por Bruselas no tengan después una correspondencia con la agilidad en la gestión de los mismo en nuestro país.
Muchas carencias
En la Comunidad Valenciana la lentitud –y la escasez en la distribución de fondos– con la que avanza el Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica del Vehículo Eléctrico y Conectado ya ha puesto en riesgo la anunciada inversión de 3.000 millones de euros de Volkswagen en Sagunto para construir una fábrica de baterías para los vehículos del grupo de automoción alemán. Pese a todo, hoy se espera que haya luz verde por parte del grupo de automoción alemán a seguir con el proyecto.
Es sólo un ejemplo. El Gobierno de España que preside Pedro Sánchez no ha tratado bien a la Comunidad Valenciana en lo que se refiere a esa agilidad a la hora de ejecutar las inversiones previstas en esta Autonomía. Y es que de los 1.107 millones de euros que se consignaron en los Presupuestos Generales del Estado sólo se ejecutaron inversiones por valor de 469 millones de euros, lo que representa el 42% del total. Ese desfase provoca año tras año un retraso en las infraestructuras nuevas, mejoras o acondicionamiento de las existentes.
Si la lupa se pone sobre los Presupuestos de la Generalitat, con Ximo Puig al frente, se puede concluir que la ejecución tampoco ha sido alta. Es cierto que en las cuentas autonómicas de 2021 el grado de ejecución ha sido algo mayor que las consignadas a nivel estatal pero se ha quedado en un 61,21% (916 millones de euros sobre los 1.500 previstos en los Presupuestos), según las cifras confirmadas por el propio Gobierno valenciano, lo que supone cuatro puntos menos que lo ejecutado en 2020.
Promesas incumplidas
Esto es, que si se realiza la suma de las inversiones previstas entre el Estado y la Comunidad Autónoma casi uno de cada dos euros previstos se ha quedado sin ejecutar con el consiguiente perjuicio para los ciudadanos de Alicante, Valencia y Castellón.
Las mejoras medioambientales en la Albufera de Valencia; la ampliación del by-pass a la capital del Turia; los trenes de Cercanías; el desdoblamiento de la CV-95 entre Torrevieja y Orihuela; el Tren de la Costa entre Gandía y Denia; el Corredor Mediterráneo; el canal de acceso subterráneo ferroviario a la ciudad de Valencia o la ejecución de nuevos centros educativos y mejoras de hospitales y centros de salud están entre las obras que continuamente se ven afectadas por esa falta de ejecución de inversiones que, en muchos casos son plurianuales, y que se dilatan lustros hasta poder convertirse en realidad.
Es por ello que los Presupuestos, siendo como son la ley más importante de cada ejercicio, se convierten en papel mojado en un porcentaje elevado cuando se trata de trasladarlas de lo proyectado al terreno. Esta práctica es aún más extrema cuando se analiza alguno de los consistorios más importantes de la región como es el de Valencia. Y es que a fecha del pasado 31 de octubre el Ejecutivo local que preside Joan Ribó sólo había ejecutado el 22% de las inversiones previstas (63 de los 286 millones de euros consignados en las cuentas de la ciudad). Es un mal extendido.
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